La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha vuelto a reclamar a los Gobiernos de los 27 y a la Eurocámara que aceleren los trámites con el fin de aprobar el pasaporte Covid a tiempo para el verano. Un certificado común que acreditará si una persona ha sido vacunada, tiene inmunidad por haber pasado la enfermedad o se ha hecho una prueba reciente y cuyo objetivo es recuperar la movilidad de forma segura en la UE.
"Estamos trabajando deprisa, con un calendario apremiante y con la esperanza puesta en ser de utilidad", explica en una entrevista con EL ESPAÑOL Juan Fernando López Aguilar (Las Palmas, 59 años), que es el ponente del Parlamento Europeo para el pasaporte Covid y también presidente de su comité de Libertades, Justicia e Interior. Este instrumento ha sido impulsado por los países del sur, en particular España y Grecia, pero todavía choca con las reservas de Francia, Bélgica o Países Bajos. La Eurocámara quiere aprobarlo definitivamente en el pleno que empieza el 7 de junio.
¿Cómo de importante es el pasaporte Covid para la recuperación económica en España?
Es parte de la respuesta que anhelamos, pero en ningún caso una panacea. Es parte de la respuesta porque venimos de una situación de fragmentación, heterogenidad, disparidad y discriminación entre europeos, que contradice los principios fundacionales de la construcción europea y el derecho en vigor. Los Estados miembros de la UE se han lanzado a un rebato de medidas restrictivas de la libre circulación, que han llegado a impactar incluso sobre la libre circulación y elección de residencia en el propio territorio de los Estados miembros, donde también es un derecho fundamental.
Es una situación que debemos superar cuanto antes. El objetivo es que con este certificado unitario vacunal e inmunológico se reestimule la confianza necesaria para volver a viajar. Y consiguientemente alentar la libre circulación y la recuperación social y económica. Porque sin libre circulación no habrá recuperación social ni económica.
Pero este instrumento es más importante para España que para otros Estados miembros por el peso del turismo en la economía
Así es. España es uno de los países altamente dependientes del sector turístico. Pero no es el único. En el conjunto de la UE, la estimación es que el turismo y los viajes -no sólo de ocio y vacacionales sino también de negocios- suponen el 10% del PIB. Pero en España representan más del 12%. En Canarias el 36% y en Baleares el 35%: en ambas regiones, casi la mitad del empleo -directa o indirectamente- depende del turismo. Lo que quiere decir que necesitamos con urgencia el restablecimiento de una cierta normalidad. Y ésta sólo llegará cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declare la superación de la pandemia. Pero mientras eso ocurre, este certificado puede ayudar.
Debemos superar cuanto antes la actual situación de fragmentación, disparidad y discriminación entre europeos en las medidas restrictivas a la libre circulación
La Eurocámara ha decidido tramitarlo por procedimiento de urgencia con el fin de que esté aprobado en junio, ¿no es eso demasiado tarde para salvar el verano?
El objetivo no es salvar el verano, es intentar que el verano de 2021 no sea tan catastrófico como el 2020. Porque restricciones, continuará habiéndolas. No es fácil animarse a viajar mientras la pandemia siga siendo global. Y no es fácil aspirar a una recuperación económica y social en Europa si el resto del mundo continúa afectado.
Se trata de que el verano del 2021 no sea el verano de colapso que conocimos en 2020, cuyas consecuencias están todavía por cuantificar, pero que sin duda ninguna son pavorosas. Particularmente en las comunidades autónomas que han perdido los ingresos de esos millones de visitantes que hemos recibido durante décadas y que se han reducido prácticamenta a cero durante los últimos 12 meses, como es el caso de Canarias. Una comunidad que ha recibido 18 millones de turistas al año durante 30 años continuados, y donde ahora los hoteles han estado al 15% de su capacidad en el mejor de los casos, cuando no completamente cerrados, con una enormidad de empleo colgada de la brocha del ERTE. Es una situación que ojalá consigamos superar cuanto antes. Si el 2021 es mejor que el 2020, eso que habremos ganado. Y con las esperanzas puestas en un 2022 en el que esto sea una experiencia dura de la que aprender.
A la espera de este certificado único, ¿tiene sentido que los turistas europeos puedan viajar a España mientras los españoles no pueden moverse de comunidad autónoma?
Esta contradicción resuena en todas las lenguas de la UE. Resuena en el Parlamento Europeo, pero también en los parlamentos nacionales. No hay parlamento de un Estado miembro de la UE en el que no se haya escuchado que esa contradicción es insoportable. Por ejemplo, en el parlamento italiano se preguntan cómo es posible que no se pueda ir de Roma a Florencia y sin embargo se pueda ir a Canarias cogiendo un avión en Roma. ¿Cómo es posible que no se pueda ir de Madrid a Toledo y sin embargo se pueda ir de Berlín o de Roma a Canarias? ¿Cómo es posible que los italianos puedan venir a Canarias sin cuarentena pero los españoles no puedan ir a Roma sin cuarentena? Tenemos que poner sobre la mesa cuantas herramientas estén a nuestro alcance para superar esta situación de disparidad discriminatoria y de inseguridad jurídica, que es contraria a una UE regida por el derecho.
Debemos garantizar que el pasaporte Covid no discrimine. Que sea un incentivo para poder viajar, pero que en ningún caso se prohíba o dificulte viajar a quien no lo tenga
El principal argumento de los detractores del pasaporte Covid es el de la discriminación, puesto que aún hay poca población vacunada y la vacuna no es obligatoria, ¿ve usted ese riesgo?
Tenemos que evitarlo y es una preocupación principal del Parlamento Europeo y mía como ponente. Hay que garantizar que el instrumento no tenga carácter discriminatorio. Que sea un incentivo para que quienes están en posesión de un certificado se animen a viajar, pero que en ningún caso se prohíba o dificulte viajar a quien no lo tenga.
Sin embargo, uno de los obstáculos para poner en marcha este instrumento es precisamente la lentitud en la campaña de vacunación, ¿qué ha hecho mal la UE para ir tan por detrás de Reino Unido o Estados Unidos?
En el Parlamento Europeo apoyamos la estrategia diseñada por la Comisión Von der Leyen. Entedimos que una estrategia unitaria europea era mejor que que los Estados miembros se lanzasen a un zafarrancho de guerra por su cuenta, que conduciría inexorablemente a la guerra de unos contra otros. Como lamentablemente ya es el caso con el Reino Unido, que ha dejado de ser UE y que no solamente está haciendo la batalla contra la Covid por su cuenta sino que la está haciendo contra la UE. Apoyamos esa estrategia y dijimos que era imprescindible que la UE emplease a fondo su músculo diplomático y su capacidad política para embridar a las grandes compañías farmacéuticas. No en vano, la UE ha invertido 3.000 millones de euros en la investigación vacunológica. Debe capitalizar esa inversión y no puede consentir que las empresas farmacéuticas que han recibido ayudas europeas para investigar busquen el máximo beneficio sin ninguna consideración de salud pública, ni mucho menos aún engañen o defrauden a la UE.
Pero finalmente hemos descubierto que en particular AstraZeneca ha incumplido flagrantemente sus términos contractuales con la UE. Hemos descubierto que 30 millones de dosis se escondían en alguna planta en Italia y su destino no era la UE. Y por tanto, exigimos que la UE adopte todas las medidas a su alcance, legales y políticas, para impedir el fraude a esos contratos costosos. Algunos, entre los que me cuento, hemos exigido incluso que la UE haga valer las cláusulas extraordinarias de la legislación de propiedad industrial e intelectual que pueden obligar a compartir las licencias. Se trata de que aquellas compañías que no sean capaces de producir a ritmo suficiente compartan sus licencias obligatoriamente con quienes se manifiesten en condiciones técnicas de producir y distribuir, para aumentar el ritmo.
La estrategia de vacunación de la Comisión Von der Leyen era acertada pero está flaqueando en el ritmo de cumplimiento. AstraZeneca ha incumplido flagrantemente su contrato con la UE
En el Parlamento Europeo hemos incrementado por tanto el tono de exigencia y de crítica a una estrategia de la Comisión que en el momento de su formulación inicial consideramos acertada, pero que está flaqueando claramente en el ritmo de cumplimiento.
¿Cómo asegurar la privacidad y la protección de datos en el pasaporte Covid?
Tenemos que garantizar que los datos que contiene el certificado respondan al principio de minimalización, que así se le llama en la jerga europea: tienen que ser estrictamente los necesarios para producir su efecto de certificación unitaria y homogénea. Y en ningún caso deben ser almacenados por el país receptor, sino exclusivamente por la administración sanitaria del país emisor de la certificación. Además, estarán sujetos al reglamento europeo de protección de datos: en ningún caso podrán desviarse para ningún otro fin que no sea el estrictamente reglado.
Este certificado será válido en la UE pero no en Reino Unido, que es uno de los principales mercados emisores de turismo para España, ¿es factible algún acuerdo con los británicos antes del verano?
Cualquier acuerdo de movilidad con Reino Unido exige reciprocidad. Para que los certificados vacunales o inmunológicos expedidos por los británicos sean reconocidos por la UE, ellos tienen que aceptar los certificados unitarios expedidos en los Estados miembros. Pero es improbable que se pueda cerrar un pacto así antes de verano. Tenemos que concentrar todas nuestras energías en un instrumento válido para el espacio Schengen y los países asociados.
A la espera de un acuerdo en la UE sobre el pasaporte Covid, ¿debería el Gobierno español negociar pactos bilaterales como han hecho Grecia y Chipre con Israel?
La idea es una estrategia coordinada europea. Es la que han endosado tanto la Comisión como el Parlamento Europeo. Y es lo esperable de los Estados miembros y sus Gobiernos. Movimientos en otra dirección serían claramente disruptivos o disfuncionales con respecto del objetivo proclamado: que la UE tenga una estrategia coordinada de restauración de la libre circulación de personas, que es el activo más precioso de la construcción europea.
Y además es determinante para la recuperación social y económica que anhelamos. Esa normalidad que echamos de menos, que soñamos, exige la restauración de la libre circulación de personas. No es pensable que pueda haber una recuperación del emprendimiento, del tráfico económico, del volumen de negocios que hemos conocido, si las personas de carne y hueso no pueden desplazarse entre capitales europeas sin restricciones arbitrarias, discriminatorias, desproporcionadas o de duración indefinida. Porque eso genera una inseguridad jurídica que afecta al tráfico económico, no sólo de personas.