Portugal vive este mes de enero su ola más dura de toda la pandemia. El aumento brutal de los contagios y las muertes, así como la expansión de la variante británica del virus, obligó al Gobierno a tomar medidas drásticas y a decretar un confinamiento muy parecido al de marzo del año pasado y a cerrar los colegios.
En un primer momento, el Ejecutivo de António Costa intentó mantener los establecimientos de enseñanza abiertos. "No podemos olvidar el coste social y en el proceso de aprendizaje de los niños del cierre de los colegios el pasado marzo", dijo el primer ministro en ese momento. Pero con el aumento de contagios, el Gobierno se vio obligado a dar un paso atrás y a decretar el cierre total.
Esta vez, el Gobierno se decantó por un parón de 15 días en las clases, en vez de las clases online. Es decir, durante estas dos semanas, los alumnos estarían de vacaciones, días que se recuperarían en verano o en Semana Santa, con la esperanza de volver a retomar las clases presenciales después de ese periodo. Para apoyar a los padres que no puedan teletrabajar y tengan que quedarse en casa cuidando a sus hijos, el Gobierno volvió a accionar un plan de ayudas del 66% del sueldo.
La polémica estalló cuando varios colegios privados decidieron impartir clases online a sus alumnos, pese al parón decretado por el Gobierno. Uno de ellos, el británico Saint Dominics International School, en Cascais, decidió incluso mantener un examen presencial que tuvo que interrumpir la policía.
Las denuncias de los vecinos, dando cuenta de la presencia de los profesores y de más de 20 alumnos en el instituto en un momento en el que todo el país está confinado, llevaron a las fuerzas de autoridad al lugar. Una vez ahí, desalojaron la clase y hablaron con la directora del centro, advirtiéndola de que tendría que cerrar las instalaciones.
Esto obligó al ministro de Educación a reiterar públicamente que el parón decretado en las clases es para todos, destacando la necesidad de no agravar las desigualdades entre los alumnos. El decreto del Gobierno señalaba de forma clara la suspensión por un periodo de 15 días de "las actividades educativas y lectivas de los establecimientos de enseñanza públicos, privados y concertados".
"Esta es una interrupción para todos. Los intentos de acogerse a la trampa, o el intento de hacer las cosas de otra manera, provoca muchos problemas. Hay que cumplir las normas de manera estricta. Todas las actividades lectivas están interrompidas durante este tiempo", zanjó.
Estas declaraciones levantaron un polvorín de críticas de los establecimientos privados que, en un primer momento, se negaron a acatar la decisión del Gobierno. Argumentaban que tanto los colegios como los alumnos estaban preparados para las clases online y que no entendían por qué no podían seguir con las clases. El Gobierno volvía a señalar que había sido decretado un periodo de vacaciones para todos los colegios del país, insistiendo en que violar el decreto sería profundizar en las desigualdades que ya existen.
Sin embargo, unos días después, la Asociación de Establecimientos de Enseñanza Privada y Concertada (AEEP) anunció que cumpliría con el decreto del Gobierno. "No estamos de acuerdo con el texto, pero la ley es clara, así que tendremos que cumplirla", señalaron a los medios portugueses.
En la base de la decisión del Gobierno de decretar un parón en las clases está un intento de que los alumnos se queden sin clases presenciales por el menor tiempo posible. "No hay dinero en el mundo que pague los daños de una medida como esta en el proceso de desarrollo y aprendizaje de un niño. Si esto ya ha sido malo en el año anterior, dos años seguidos basados en clases online, con interrupciones sucesivas, provocarán daños mucho mayores. Hemos querido evitarlo lo más que hemos podido pero el avance del virus no nos deja otra opción", ha dicho el primer ministro cuando anunció el cierre de los colegios.
Clases online
Sin embargo, pese a que la voluntad del Ejecutivo es retomar las clases presenciales lo antes posible, lo más probable es que, pasadas estas dos semanas, los colegios permanezcan cerrados y tengan que activar las clases online a partir del 8 de febrero. Los números siguen sin ceder y la pandemia sigue creciendo a un ritmo dramático por lo que nos es de esperar que el Gobierno pueda aliviar las restricciones tan pronto.
Para facilitar el acceso a las clases online de los alumnos con menos posibilidades, el Gobierno ha comprado cerca de 350.000 ordenadores que puedan ser utilizados por los alumnos que no dispongan de estos equipos en sus casas.