La Unión Europea deja sin barcos a su operación naval para combatir a los traficantes de migrantes en el Mediterráneo. El veto del Gobierno populista de Italia ha obligado a suspender en los próximos días el despliegue de los buques de la misión Sophia, que desde 2015 han rescatado a casi 45.000 personas en aguas del Mediterráneo. Roma rechaza quedarse con todos los migrantes salvados como ocurría hasta ahora y exige que se repartan por los países de la UE, pero tras meses de negociaciones no ha habido acuerdo entre los 28 Estados miembros sobre las cuotas.
El bloqueo conducía inexorablemente a la cancelación de Sophia cuando expire su mandato el próximo 31 de marzo, en apenas cuatro días. Sin embargo, los embajadores de los Veintiocho se han inventado un apaño, una solución que pretende ser salomónica, un intento de cuadratura del círculo: en teoría la operación naval continuará otros seis meses, hasta finales de septiembre, pero únicamente con medios aéreos.
En la actualidad, en la misión Sophia -cuya base está en Roma- patrullan dos barcos (una fragata italiana y un buque español); dos helicópteros (uno italiano y otro español) y cinco aviones (de los cuales uno también es español). A partir del próximo domingo, el jefe de la misión, el almirante italiano Enrico Credentino, deberá dar orden a los buques de que vuelvan a puerto. Los aviones y los helicópteros seguirán operando.
La jefa de la diplomacia de la UE, Federica Mogherini, que durante meses ha intentado desbloquear la disputa por el desembarco de migrantes, apenas ha podido disimular su decepción con este apaño urdido por los Gobiernos. "Es verdad que Sophia es una operación naval y que sin activos navales no podrá cumplir su mandato de forma eficaz. Pero la decisión ha sido adoptada por los Estados miembros", ha explicado su portavoz, Maja Kociajancic.
Para Mogherini, la operación Sophia "es una parte esencial del trabajo de la UE para desmantelar el modelo de negocio de los traficantes de migrantes y mejorar la seguridad marítima y la estabilidad en el Mediterráneo Central". "Hasta ahora no se ha encontrado ninguna solución al problema de los desembarcos y los Estados miembros han decidido extender seis meses el mandato, con una suspensión temporal de los activos navales, mientras siguen buscando un compromiso", explica la portavoz.
Las exigencias de Roma
Desde su llegada al poder en mayo del año pasado, el Gobierno de Giuseppe Conte ha intentado cambiar las reglas de la misión, que obligan a Italia a hacerse cargo de todos los migrantes rescatados, tal y como establece el derecho internacional. El reparto que reclama Roma ha chocado con el rechazo frontal de los países del Este, que se oponen a cualquier sistema de cuotas obligatorias.
Bruselas propuso con alternativa acuerdos temporales ad hoc siguiendo el modelo del caso Aquarius, el barco rechazado por Malta e Italia que acabó desembarcando en Valencia el verano pasado. Es decir, distribución de los migrantes entre coaliciones de países voluntarios. Pero tampoco esta solución ha salido adelante porque en política de seguridad se requiere el apoyo unánime de todos los Estados miembros. El futuro de Sophia fue discutido incluso a nivel de jefes de Estado y de Gobierno el pasado otoño, pero tampoco ellos encontraron una salida.
En realidad, el mandato principal de Sophia no es el rescate de migrantes, sino desarticular el modelo de negocio de los traficantes de migrantes y tratantes de personas en el Mediterráneo Central. Desde el principio de su fase activa en octubre de 2015, la operación ha contribuido al arresto y entrega a las autoridades italianas de más de 151 presuntos traficantes y ha neutralizado 551 barcos.
La UE abandona a los migrantes
En el marco de estas operaciones, los buques de Sophia han rescatado a casi 45.000 migrantes que estaban en peligro en alta mar (alrededor del 9% de la cifra total de rescatados en su zona de patrullaje durante los últimos años).
Sophia realiza también una serie de tareas de apoyo. La más importante es formar y entrenar a la guardia costera y a la Armada de Libia para que frenen la salida de migrantes hacia Europa, una función que seguirá llevando a cabo.
Tras conocer el recorte de Sophia, Amnistía Internacional ha acusado a la UE de abandonar a migrantes y refugiados en manos de Libia, donde no se respetan los derechos humanos. "Esta es una escandalosa abdicación de responsabilidades por parte de los Gobiernos de la UE", ha dicho su portavoz, Massimo Moratti.
"Después de usar todas las excusas posibles para vetar a los barcos de las ONG de rescate en el Mediterráneo y de haber dejado de realizar operaciones de salvamento desde hace meses, la UE está ahora retirando sus propios buques, sin dejar a nadie para salvar las vidas de mujeres, hombres y niños en peligro", denuncia el portavoz.
"Los Gobiernos de la UE continuarán usando la vigilancia aérea para alertar a la guardia costera libia cuando detecten a refugiados y migrantes en alta mar, de forma que puedan ser devueltos a Libia, pese a saber que allí podrán ser detenidos arbitrariamente y estar expuestos a torturas, violaciones, asesinatos y explotación. Esta decisión vergonzosa no tiene nada que ver con las necesidades de las personas que arriesgan sus vidas en el mar, sino con la incapacidad de los Gobiernos europeos de acordar una manera de compartir la responsabilidad", lamenta Amnistía.