Pese a encadenar ya cinco años de crecimiento sólido tras la Gran Recesión, la economía española sufre todavía importantes desequilibrios económicos. El alto nivel de deuda externa e interna -tanto pública como privada- y la elevada tasa de paro hacen que España sea vulnerable a un cambio repentino de sentimiento en los mercados o a subidas de los tipos de interés. Esta es la principal advertencia del informe anual de 100 páginas de la Comisión Europea sobre el estado de la economía española publicado este miércoles, que puede leerse como un catálogo de los problemas más urgentes a los que se enfrenta el Gobierno que salga de las urnas el próximo 28 de abril.
El Ejecutivo comunitario avisa de que la inestabilidad política en España está bloqueando las reformas económicas imprescindibles para aumentar la competitividad y el potencial de crecimiento. De las 10 recomendaciones de política económica que la UE dirigió al Gobierno de Pedro Sánchez el pasado julio, apenas ha habido algún avance en dos, mientras que se ha dado marcha atrás en áreas que Bruselas ve prioritarias como las pensiones. "El cambiante contexto político el último año, con un cambio de Gobierno en junio de 2018 y nuevas elecciones en abril de 2019, se ha reflejado en un progreso lento en general en las reformas", lamenta el informe.
1.- La alta tasa de paro y la subida del salario mínimo
"El desempleo es todavía muy alto pese a su rápido descenso", avisa la Comisión en varios pasajes del texto. La tasa de paro de España (14,3%) ha caído 12 puntos desde el máximo registrado en 2013, pero sigue siendo la segunda más elevada de la UE (sólo por detrás de Grecia) y duplica la media comunitaria (6,6%). El problema es todavía mucho más grave entre los jóvenes, ya que un tercio de los menores de 25 años no tienen trabajo. En este contexto, el Ejecutivo comunitario avisa de que el aumento en un 22,3% del salario mínimo aprobado por el Gobierno de Sánchez "podría reducir la pobreza laboral, pero también podría dañar las perspectivas de empleo de los jóvenes y de los trabajadores poco cualificados". En concreto, Bruselas cree que esta subida del salario mínimo hasta 900 euros destruirá alrededor de 125.000 empleos netos.
2.- El abuso de los contratos temporales
"El uso extendido de contratos temporales frena el potencial de crecimiento de España y la cohesión social". La tasa de trabajadores con contratos temporales aumentó durante la recuperación hasta llegar al 26,8% del total en 2017 y se ha estabilizado en 2018. Los contratos temporales son a menudo de muy corta duración: el 32,6% de menos de seis meses y el 17,3% de menos de un mes. El resultado es que los trabajadores precarios tienen menos acceso a formación laboral y más dificultades a la hora de obtener derecho a paro. El 23,1% de los trabajadores temporales en España están en situación de pobreza, frente al 7,3% en el caso de los empleados fijos. Además, la tasa de transición es muy baja: en 2017 sólo el 14,6% de los trabajadores temporales logró un contrato indefinido. Jóvenes, trabajadores poco cualificados y migrantes son los principales perjudicados por el empleo temporal.
3.- La escasa eficacia de las ayudas sociales
"La recuperación económica continúa reduciendo la pobreza, que sin embargo se mantiene elevada". En los últimos años, la tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión social en España ha bajado en 2,6 puntos y se sitúa en el 26,6%, todavía muy por encima del nivel de 2008 y de la media de la UE. En 2017, la proporción de ingresos del 20% de hogares más ricos era 6,6 veces más alta que la del 20% de los más pobres. Esta ratio de desigualdad es una de las más altas de la UE y no ha mejorado respecto al año anterior. La capacidad de las ayudas sociales de reducir la pobreza en España se mantiene entre las más bajas de la UE. Eso se explica porque el gasto público en ayudas a las familias es la mitad que la media de la UE y no se concentra adecuadamente en los hogares más pobres. Tampoco los sistemas regionales de renta mínima están bien diseñados. La atención sanitaria debe adaptarse mejor al envejecimiento de la población, las discapacidades y las enfermedades crónicas, reclama Bruselas.
4.- Los problemas de sostenibilidad de las pensiones
A la Comisión no le gusta nada la marcha atrás que dio el anterior Gobierno de Mariano Rajoy en la reforma de las pensiones, con las subidas para 2018 y 2019 y el retraso de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad. Estas medidas suponen ya un aumento del gasto en pensiones equivalente al 0,2% del PIB. Los planes del Gobierno Sánchez de volver a vincular las prestaciones a los jubilados con el IPC "aumentarán significativamente el gasto a medio y largo plazo, a menos que se adopten medidas compensatorias". En concreto, Bruselas calcula que la contrarreforma de las pensiones incrementará el gasto público en cuatro puntos del PIB, hasta llegar al 18% del PIB en 2050.
5.- El alto nivel de deuda pública y privada
El resultado es que los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo son altos. La deuda pública se reducirá lentamente desde el 98,1% en 2017 al 95,4% en 2020. No obstante, el déficit estructural se mantiene "obstinadamente alto" en el 3,1% ya que el nivel de impuestos es bajo en relación con el gasto. Además, el Gobierno de Sánchez ha aprobado medidas que incrementan el gasto, como la subida de las pensiones o del salario de los funcionarios, pero no las subidas de impuestos que debían financiarlo, lo que todavía puede empeorar más la situación. Por su parte, la deuda privada asciende al 134,6% del PIB, todavía por encima del umbral que Bruselas considera de riesgo, lo que hace que tanto hogares como empresas sean vulnerables a posibles subidas de tipos de interés.
6.- La baja recaudación fiscal, en particular en IVA
España tiene una baja presión fiscal en comparación con otros Estados miembros. En 2017, los ingresos tributarios ascendieron al 33,8% del PIB, comparado con el 39% de media en la UE y el 40,2% en la eurozona. El principal problema según Bruselas es el IVA. Aunque el tipo normal del 21% está en línea con el promedio comunitario, "España recauda relativamente pocos ingresos por el impuesto al valor añadido". Eso se debe al amplio uso de los tipos reducidos (10%) y superreducidos (4%). La Comisión ve justificado que se apliquen a los alimentos, pero considera que su uso tiene un "efecto regresivo" en el caso de restaurantes y hoteles. Es decir, recomienda subir el IVA en estos sectores. España también está por debajo de la media de la UE en impuestos medioambientales y tasas recurrentes a la propiedad. Finalmente, el Ejecutivo comunitario expresa su "preocupación" por el envejecimiento de la plantilla de la Agencia Tributaria y su posible impacto recaudatorio: menos del 20% de los trabajadores tenían menos de 45 años en 2015.
7.- El abandono escolar y el desajuste educativo
El gasto en educación sigue siendo bajo (el 9,5% del PIB frente al 10,2% de media en la UE) y "los esfuerzos para pactar reformas duraderas se han estancado en un contexto de bajo rendimiento educativo", se queja en Ejecutivo comunitario. La tasa de abandono escolar ha caído seis puntos desde 2013 hasta el 18,3%, pero se mantiente entre las más altas de la UE y registra grandes oscilaciones entre regiones (del 7% al 26,5%). Aunque el porcentaje de educación universitaria en España (41,2% entre los jóvenes de 30-34 años) supera la media de la UE (39,9%), la oferta "no está suficientemente alineada con las necesidades del mercado laboral". Algunos sectores de alto valor añadido, como los de tecnologías de la información y comunicación o la industria más puntera, tienen dificultades para encontrar trabajadores con las cualificaciones necesarias. Tanto la sobrecualificación (22%) como la infracualificación (19%) están extendidas en España. Además, los esfuerzos para enseñar a los estudiantes habilidades digitales son insuficientes.
8.- La fragmentación de normas dentro de España
El carácter restrictivo y la fragmentación de las normas dentro de España impiden que las empresas se beneficien de economías de escala. Bruselas recomienda al futuro Gobierno que aplique de forma más decidida la ley de Unidad de Mercado y que elimine las restricciones para los servicios profesionales. Estas reformas mejorarían las oportunidades de crecimiento y competencia en muchos sectores. La gran presencia de pequeñas empresas en la economía explica también la brecha de productividad de España, ya que su productividad es muy inferior a la de las multinacionales y tienen más dificultades para absorber la I+D y la tecnología.
9.- El retraso en interconexiones en energía y transporte
Los cuellos de botella en las fronteras de España impiden una integración más estrecha en los mercados de gas y electricidad de la UE y ralentizan los flujos comerciales en materia de transporte. El nivel de interconexión eléctrica de España alcanzó el 6% en 2017, pero el futuro Gobierno deberá invertir mucho más si quiere llegar al objetivo del 10% en 2020. También se necesita inversión extra para aumentar el uso del tren para transporte de mercancías, incluyendo conexiones con Francia y Portugal y con puertos y centros logísticos. Finalmente, España debe redoblar esfuerzos con el fin de subir su cuota de renovables (17,5%), mejorar el ahorro energético en los edificios y acelerar la transición hacia un sistema de transporte menos contaminante.
10.- La falta de coordinación entre Gobierno central y autonómicos
"Una coordinación más fuerte y sostenida entre las autoridades nacionales y regionales podría hacer que las reformas fueran más eficaces", sostiene el Ejecutivo comunitario. El alto grado de descentralización de España hace que las comunidades autónomas sean actores clave para el éxito en la aplicación de políticas y reformas. Y en la actualidad, en aquellas áreas en las que tanto el Gobierno central como los autonómicos están implicados en la puesta en marcha de reformas, la coordinación y rendición de cuentas deja mucho que desear, según Bruselas. El informe alerta además que España sufre problemas de cohesión territorial específicos, como la despoblación y el envejecimiento en zonas rurales por un lado, y la presión democrática en algunas áreas urbanas por otro. El Mediterráneo español se encuentra entre las zonas de la UE más expuestas al cambio climático y se enfrenta a importantes retos en materia de gestión del agua.