El laberinto del brexit nunca deja de sorprender con sus giros de guión y recovecos inesperados. Cada vez que las piezas están a punto de encajar y el acuerdo de divorcio parece inminente, surgen dificultades con las que nadie contaba que amenazan con hacer estallar el rompecabezas de nuevo. La pesca es uno de esos escollos que estaba en segundo plano pero ha reaparecido con fuerza en la recta final de las negociaciones y sitúa el diálogo al borde del naufragio.
Francia, España, Holanda o Dinamarca exigen a Londres que garantice a sus flotas el derecho a seguir pescando en aguas territoriales británicas tras el brexit. Es el precio que debe pagar en el acuerdo de divorcio a cambio de quedarse temporalmente en la unión aduanera, como ha pedido el Gobierno de Theresa May para evitar una frontera dura en Irlanda del Norte. Pero Reino Unido se ha fijado como prioridad recuperar el control de sus aguas y rechaza dar acceso a la flota europea.
La pesca ha sido uno de los problemas que ha identificado el negociador de la UE para el brexit, el francés Michel Barnier, en el informe que ha presentado este lunes a los ministros de Asuntos Europeos de los 27, según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes europeas. Barnier les ha explicado que "los intensos esfuerzos de negociación continúan, pero todavía no se ha alcanzado un acuerdo". "Algunos temas clave siguen discutiéndose, en particular una solución para evitar una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte", ha dicho la UE en un comunicado.
Los dos equipos estuvieron dialogando hasta casi las 3:00 de la madrugada del domingo al lunes sin resultados. El tiempo se acaba: si no hay avances antes del miércoles, no dará tiempo a convocar una cumbre extraordinaria en noviembre para sellar el pacto. Todo se retrasaría al Consejo Europeo del 13 y 14 de diciembre. Menos tiempo de ratificación y más riesgos de brexit caótico. La fecha ya no se puede cambiar: el 29 de marzo de 2019.
El acuerdo está "muy cerca" y ya "tenemos solución para casi todos los problemas", pero falta que llegue una "señal política" de Londres, ha dicho el ministro belga de Exteriores, Didier Reynders. "La pelota está en el campo británico, es una cuestión de decisión política británica y eso sólo nos lo puede decir la señora May", coincide la ministra francesa de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau. "El margen de maniobra es muy limitado y nuestros amigos británicos saben exactamente en qué punto están las discusiones", ha subrayado su homólogo alemán, Michael Roth.
Lo cierto es que el principal problema para cerrar el divorcio, según el diagnóstico que se hace en Bruselas, es el caos de la política británica: las dificultades que tiene Theresa May para que el parlamento británico, o incluso su propio gabinete, apoye cualquier acuerdo. El viernes dimitió su secretario de Estado de Transportes, Jo Johnson, hermano del ex ministro de Exteriores Boris Johnson, por desacuerdo con la estrategia de May para el brexit. Sostiene que condena a Reino Unido a una situación de "vasallaje" respecto a la UE. En las próximas horas podría seguir un nuevo rosario de renuncias que socavarían la ya disminuida autoridad de la primera ministra británica. Le critican tanto los partidarios de una ruptura radical con Bruselas como los que quieren quedarse.
La unión aduanera y la pesca
En los últimos días parecía que Bruselas y Londres habían alcanzado ya por fin un principio de acuerdo sobre Irlanda del Norte capaz de contentar a todas las partes. Una solución con hasta tres redes de seguridad para evitar una frontera dura en cualquier escenario. Por un lado, un estatus especial para Irlanda de Norte, que se queda en el mercado único. En segundo lugar, Reino Unido en su conjunto (y no sólo Belfast como quería la UE) permanece temporalmente en la unión aduanera hasta que se encuentre una solución definitiva: así se evita una fragmentación del país. En tercer lugar, Bruselas acepta prorrogar el periodo de transición del brexit más allá de 2020: más tiempo para negociar esa solución definitiva.
Es aquí donde entra en juego la negociación sobre la pesca. Una negociación que en teoría no tocaba ahora, sino cuando se hable de las relaciones futuras entre la UE y Reino Unido. Sin embargo, el debate sobre el acceso a las aguas territoriales británicas se ha anticipado precisamente por la petición de Londres de quedarse en la unión aduanera. Es la principal contrapartida que le exigen los socios comunitarios a cambio de aceptar esta demanda.
"La pesca es un tema prioritario para nosotros, pero no solamente para nosotros: también para Dinamarca, Holanda, Bélgica, Irlanda y España. Es un tema extremadamente importante y nuestros pescadores lo saben", ha dicho Loiseau este lunes. Lo que le pide la UE a Londres es preservar tras el brexit el actual acceso de la flota europea a las aguas territoriales británicas. "La situación actual es una buena situación: los pescadores europeos pescan en las aguas británicas y el pescado británico se vende en el mercado europeo. Debemos preservar el equilibrio de esta situación", sostiene la ministra francesa.
Sin embargo, Reino Unido reclama que el sector pesquero quede excluido de cualquier unión aduanera: no dará garantías anticipadas sobre el acceso de la UE a las aguas británicas. En su lugar, los negociadores de May quieren una cláusula en el acuerdo según la cual se comprometerían a negociar "de buena fe" para ofrecer derechos de pesca a los europeos tras el brexit, según el Financial Times.
Preparativos para un brexit caótico
En la actualidad, alrededor de 3.500 buques europeos con 18.000 pescadores faenan en aguas territoriales británicas. Los países más interesados son España, Francia, Alemania, Suecia, Bélgica, Dinamarca, Irlanda y Holanda. Si Reino Unido les deniega el acceso tras el brexit, eso reduciría un 50% los beneficios para las flotas europeas afectadas, lo que se traduciría en la pérdida de 6.000 puestos de trabajo, según los datos del sector.
Además de acceso a las aguas británicas, la otra condición que la UE pide a Londres a cambio de la unión aduanera es que mantenga las reglas comunitarias en ámbitos como política medioambiental, social, fiscal o en materia de ayudas públicas. Se trata de que las empresas británicas no compitan con ventaja respecto a las europeas. En la práctica, eso significa que Reino Unido deberá seguir aplicando un gran número de normas de la UE tras el brexit, pero ya no tendrá ni voz ni voto en su elaboración. De ahí que los rivales de May sostengan que se convertirá en un Estado "vasallo" o una "colonia" de la UE.
La primera ministra británica tiene previsto un nuevo intento de convencer a sus ministros durante la reunión del gabinete de este martes. Mientras tanto, Bruselas y Londres siguen negociando para ajustar los flecos finales. Y los 27 han acordado acelerar los preparativos para todos los escenarios, incluido el de un brexit caótico sin acuerdo. Temen que incluso si se llega a un pacto, el Parlamento británico acabe tumbándolo.