Bruselas

Nuevo revés a la estrategia negociadora de la primera ministra británica, Theresa May, para el brexit. En la carta de petición de divorcio, May se marcó como prioridad firmar cuanto antes un acuerdo de libre comercio "ambicioso y audaz" con la Unión Europea para minimizar las perturbaciones provocadas por la salida de Reino Unido del mercado único. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE) ha complicado los planes de Londres al dictaminar que los pactos de este tipo no son competencia exclusiva de Bruselas, sino que deben ser aprobados por todos los países miembros.

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En la práctica, la sentencia de este martes (en pdf) otorga poder de veto a 38 parlamentos nacionales y regionales en la UE. Dado que la política comercial es ahora uno de los asuntos más polémicos en Bruselas por el auge del populismo y el proteccionismo, la ratificación del acuerdo postbrexit amenaza con demorarse indefinidamente o incluso descarrilar en cualquier momento.

Los precedentes para Reino Unido no son buenos. El acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés), calificado por sus promotores como el más progresista firmado hasta ahora, tardó siete años en negociarse. Y el año pasado estuvo a punto de naufragar en el tiempo de descuento por el veto del parlamento de la región belga de Valonia, que alegaba que no se ajusta a los estándares medioambientales y sociales de la UE. Ahora está a punto de entrar en vigor de forma provisional, pero todavía tiene que ser ratificado por los parlamentos.

Golpe a la política comercial

Lo que está claro es que en estas condiciones es imposible que el acuerdo entre Bruselas y Londres esté listo en el plazo de dos años marcado para el brexit, como quería May. La sentencia del TJUE dificulta además la capacidad de la UE de alcanzar nuevos pactos comerciales. Bruselas está negociando ahora con países como México, Japón o Mercosur, pero los problemas para ratificar cualquier posible acuerdo socavan la posición europea.

El fallo de este martes se refiere al acuerdo de libre comercio firmado por la Unión Europea y Singapur en 2013. La Comisión y la Eurocámara sostenían que Bruselas tenía la competencia exclusiva para firmarlo, ya que la política comercial está en manos de la UE. Pero las capitales reclamaban también tener voz y voto en el proceso.

"El acuerdo de libre comercio con Singapur no puede ser celebrado exclusivamente por la Unión ya que algunas de las disposiciones proyectadas son objeto de una competencia compartida" entre Bruselas y los países miembros, dice el Tribunal de Justicia. En concreto, las competencias compartidas afectan a las inversiones extranjeras no directas (inversiones de cartera realizadas sin intención de influir en la gestión y el control de la empresa) y a los tribunales de arbitraje para resolver las disputas entre inversores y Estado, según el fallo.

En otras áreas (muchas más de las que había reconocido el dictamen preliminar del abogado general), la UE sí tiene competencia exclusiva en política comercial. Entre ellas, el acceso al mercado de productos y servicios, la propiedad intelectual, la política de competencia o el desarrollo sostenible. 

Pese a su derrota, el Ejecutivo comunitario ha celebrado el dictamen con el pretexto de que ya lo había previsto. "El presidente Juncker anticipó este resultado cuando decidió el año pasado que el acuerdo comercial entre la UE y Canadá debía también ser ratificado al nivel de los Estados miembros", ha sostenido su portavoz.