Es irónico que May eligiese este martes la Lancaster House como escenario para anunciar una de las decisiones más trascendentales del país en lo que va de siglo: la salida del Reino Unido del mercado único como consecuencia del brexit. Fue allí donde, en abril de 1988, Margaret Thatcher anunció la completa adhesión del país al mercado común europeo. En un plan de 12 puntos May intentó acallar a quienes desde un lado u otro le han pedido más concreción. Sin embargo, la exministra del Interior, poco dada a dar más información de la absolutamente necesaria y amiga de la ambigüedad, ha dejado en el aire incógnitas en áreas muy importantes.

¿Y si el Parlamento vota 'no'?

El Gobierno conservador ha cedido y someterá a votación el acuerdo final del brexit con Bruselas a la aprobación de las dos cámaras del Parlamento británico. Hasta ahora, el Ejecutivo había defendido siempre la llamada “prerrogativa real” que le permite tomar decisiones en el marco internacional sin tener que consultar con los parlamentarios. De hecho, esa prerrogativa es la que hizo al Gobierno apelar ante el Supremo la decisión del Alto Tribunal que ordenó que el brexit debe ser aprobado en el parlamento.

Durante su comparecencia de este martes, la primera ministra evitó deliberadamente una pregunta directa de un periodista sobre cuál será la posición del Gobierno en caso de recibir una negativa de las dos cámaras.

En declaraciones a la BBC, el líder de los liberal demócratas, Tim Farron, ha asegurado que votarán que no si el acuerdo final recoge la salida del mercado único. En un comunicado, el líder laborista Jeremy Corbyn, aseguró que las intenciones de May de un Reino Unido “global” supondrá un “refugio fiscal” para los negocios de Europa y pone en riesgo los puestos de trabajo de los británicos, los servicios que reciben y su calidad de vida.

Theresa May bebe un trago de agua durante la presentación de su plan para el brexit. Efe

En el Senado, el comité Constitucional de los lores ya ha demandado en más de una ocasión (la última vez el pasado mes de diciembre) que las dos cámaras deben ser consultadas durante todo el proceso de negociación que llevará a Reino Unido a abandonar la Unión Europea, y no únicamente una vez se haya alcanzado el acuerdo con Bruselas.

Todas estas divisiones ya provocaron el pasado mes de diciembre que May permitiera una votación para dar al Parlamento la capacidad de activar el famoso artículo 50 del Tratado de Lisboa que pondría en marcha el engranaje para negociar el divorcio de la UE, cuyo inicio May prevé para finales de marzo.

Sin detalles sobre el control de la inmigración

A día de hoy las mercancías, capital y personas circulan libremente por todos los estados miembros, incluidos el Reino Unido. Esto significa que cualquier país miembro puede vender sus productos en otro país de la Unión, que empresas y personas físicas pueden adquirir bienes y personas individuales pueden viajar y trabajar en otro estado miembro sin que se necesiten permisos especiales.

El control de las fronteras ha sido desde siempre una línea roja, aunque sí conservará la especial relación aduanera que une al Reino Unido con la república de Irlanda. Por ella, May ha sacrificado la pertenencia al mercado único. May dijo que Reino Unido seguirá dando la bienvenida a las mejores mentes y los trabajadores más cualificados que quieran venir al país pero no aclaró qué significa eso. Ya el ministro Philip Anthony Hammond dijo en sede parlamentaria el pasado mes de octubre que los trabajadores altamente cualificados “estarán exentos” de los controles de inmigración. 

Este martes May además dejó la puerta abierta a una unidad aduanera, aunque pidió una "mente abierta" para establecer como sería, ya que lo que sí que dejó claro es que quiere controlar quién entra a su país desde el resto de Europa.

La aplicación de estas propuestas apenas esbozadas por la primera ministra sin concretar los mecanismos de control no despejan las dudas de siempre: ¿Se limitará la entrada de inmigrantes a aquellos altamente cualificados? ¿Será necesaria una carta de invitación de una universidad para poder ir a cursar estudios en suelo británico? ¿Un contrato de trabajo? ¿Se aceptarán sólo los profesionales de los que carece Reino Unido?

¿Cómo garantizará los derechos de los europeos?

Las personas que pertenecen a un estado miembro de la Unión Europea no necesitan un visado para trabajar en Reino Unido. Tiene los mismos derechos y accesos al mercado laboral que un británico.

En el discurso de May de este martes, una vez más con el mantra de querer garantizar los derechos de todos, May ha prometido protección pero no ha detallado el cómo. Una de las mayores cuestiones que surge entre los ciudadanos europeos que ya residen en suelo británico es cuál será la vara de medir.

Los detalles preocupan a 2 de cada 5 europeos que residen en suelo británico, según una encuesta del Financial Times del pasado mes de octubre. Las preguntas sin resolver a las que se hace un europeo que ya vive y trabaja aquí son recurrentes: ¿A partir de cuándo se tendrá derecho de residencia y trabajo? ¿Cuántos años de residencia harán falta? ¿Cinco, como hasta ahora? Y más aún, ¿desde cuándo se empieza a contar? ¿Tras la votación del 23 de junio de 2016? ¿Tras la activación del artículo 50? ¿O una vez el divorcio sea oficial?

Ante la falta de respuestas, plataformas que defienden los derechos de los ciudadanos europeos en el país han anunciado que llevarán a cabo una una campaña de lobby en el Parlamento para que los diputados exijan más claridad y garanticen que los ya residentes puedan mantener su statu quo.

Un acuerdo comercial a medida

A día de hoy, y desde que en 1992 el Reino Unido entrara de lleno en el mercado único, no han sido necesarias aduanas ni tarifas para poder exportar mercancías a un estado miembro. La exportación de productos a territorio europeo supera, con creces, las exportaciones de Reino Unido al resto de países con los que tiene acuerdo.

May espera conseguir un "acuerdo de libre comercio ambicioso". No quiere una unión aduanera que le obligue a pagar aranceles, pero sí quiere algún tipo de unión. Tampco quiere un acuerdo como el de Suiza o Noruega, que participa del mercado único en un régimen especial al no pertenecer a la UE. La primera ministra británica ha pedido echar mano de la “creatividad” para llegar a un acuerdo que beneficie a las dos partes pero del que no hay precedentes.

Representantes del mundo empresarial, como la Cámara del Comercio británica, ya han mostrado su descontento y su preocupación por la falta de claridad en el mensaje de May y han exigido más concreción para un asunto que afecta directamente al bienestar de sus negocios.

May, en un discurso cargado de mensaje hacia sus, por el momento, compañeros de la Unión Europea, deja ahora la pelota en el tejado de las instituciones europeas que tendrán que ver si, “el mejor acuerdo para Reino Unido” es también el mejor acuerdo para los Veintisiete, aunque los líderes europeos no han parado de repetir en los últimos meses la misma idea que recalcó la primera ministra al acceder al cargo: brexit significa brexit, sin medias tintas.

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