China ha construido 380 campos de internamiento en Xinjiang (oeste) y ultima nuevos, demuestran imágenes satelitales. Las autoridades del país aseguraron que su sistema de "reeducación" estaba en extinción, pero este nuevo hallazgo, del Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI), lo desmiente.

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Los campamentos, de los más básicos hasta prisiones fortificadas, acogen a uigures y personas de otras minorías a quienes se priva de libertad. Su ubicación, cerca de complejos industriales, los vincula con el trabajo forzoso. Además, según los investigadores, se han levantado nuevos durante 2019 y 2020.

Pese a esta nueva constatación, Beijing insiste en que no hay abuso de los Derechos Humanos dentro de sus fronteras. Eso sí, admite "programas de formación profesional" que asegura tienen como objetivo aliviar la pobreza y rebajar toda amenaza de radicalización y terrorismo.

Altos funcionarios chinos garantizan que la mayoría de los recluidos "ya han regresado a la sociedad", pero no hay opción de corroborar esto último ya que cualquier petición de periodistas o diplomáticos para acceder a los campos ha sido repetidamente denegada. Los complejos están además fuertemente protegidos.

ONG denuncian que el Gobierno realiza detenciones arbitrarias que justifica en la posesión de un Corán o en la negativa a comer carne de cerdo. A estas personas, según estos colectivos, se les tortura y se les proporciona una atención médica negligente.

Activistas claman contra lo que consideran crímenes de lesa humanidad y genocidio contra uigures en Xinjiang, donde habría más de un millón de presos.