Agentes del HSI, la unidad de investigación penal del servicio de inmigración estadounidense, registraron esta semana la casa de la congresista demócrata Ilhan Omar en Washington y se llevaron varias cajas etiquetadas como pruebas. El Departamento de Justicia explicó horas después que los agentes se habían limitado a ejecutar una orden judicial "relacionada con una investigación penal federal en curso".
Reuters y Fox News precisaron que esa investigación gira en torno a los papeles de inmigración que rellenó el padre de Omar, ya fallecido, cuando ella llegó a Estados Unidos desde Somalia en 1995, a los doce años. La congresista, ciudadana estadounidense desde el año 2000 y candidata a representar a Minneapolis por quinta legislatura consecutiva este 3 de noviembre, reaccionó en redes sociales con virulencia.
"Que nadie se engañe: estamos ante un intento de atacar a los enemigos políticos y de utilizar a las fuerzas federales del orden como arma partidista. Durante diez años, Trump me ha perseguido con mentiras sin fundamento y campañas de difamación. No ha conseguido callarme y no lo va a hacer ahora".
El líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, habló de "una maniobra corrupta del gobierno federal contra los adversarios de Donald Trump" y apuntó que no era casualidad que faltaran menos de treinta días para las elecciones y los republicanos fueran por detrás en todas las encuestas.
Por su parte, el presidente aseguró que él no había tenido "nada que ver" y que el asunto "depende del Departamento de Justicia", aunque esa misma noche, en un mitin en Ohio, aseguró que Omar "viene de uno de los peores países del planeta" mientras el público pedía su deportación a gritos.
Lo que más inquieta a los demócratas, según fuentes consultadas por el portal Axios, es lo que puede estar por llegar. En sus chats privados del lunes se repetía el temor a "más sorpresas de octubre", como se conocen en Estados Unidos a los inesperados golpes de efecto que pueden aparecer a pocas semanas de unas elecciones.
Por ejemplo, el 7 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional publicó un comunicado oficial contra la candidata demócrata de Pensilvania, Janelle Stelson, a raíz de la detención de un inmigrante nigeriano que, según se dijo, repartía folletos para su campaña. El patrón se insinúa con poco disimulo.
Trump presume de tramposo
Esta desconfianza no nace de la nada. El 10 de septiembre, en la clausura de la convención republicana de Dallas, Trump hizo jurar a los asistentes que votarían, "estuvieran o no registrados", y que intentarían "hacer las mismas trampas que ellos" en referencia a los demócratas.
El registro de la casa de la congresista Ilhan Omar.
La prensa estadounidense lo despachó como una boutade, pero el hombre que lo decía es el mismo que en enero de 2021 pidió por teléfono al responsable electoral de Georgia que "encontrara" los 11.780 votos que necesitaba para no perder el estado.
Desde que volviera a la Casa Blanca, Trump ha intentado dos veces arrogarse por decreto competencias que la Constitución reserva a los estados en materia electoral. En marzo de 2025, ordenó exigir pruebas de ciudadanía para registrarse como votante, aunque un tribunal federal tumbó esa exigencia en octubre del año pasado.
En marzo de este año, quiso que el servicio postal solo entregara papeletas de voto por correo a quienes figurasen en una lista federal de ciudadanos, pero el Tribunal Supremo dejó en suspenso en septiembre la norma, entre otras razones, por lo cercano de las elecciones.
Trump acusó entonces a los jueces de tener "pánico" a los demócratas y de haber "defraudado a nuestro país". Tres semanas después, en un vídeo, pedía a los suyos que votaran "por correo, por adelantado o en persona".
En ese contexto hay que leer el extraño giro que ha dado el Partido Republicano respecto a la figura de Richard Nixon, el único presidente de la historia del país que se vio obligado a dimitir: lo hizo en 1974, cuando su propio partido le retiró el apoyo por el escándalo Watergate.
El 1 de octubre, el Wall Street Journal reveló que el Departamento de Justicia había abierto una revisión preliminar para determinar si los fiscales que investigaron a Nixon hace más de cincuenta años habían cometido alguna irregularidad, Según el periódico de cabecera de la élite financiera neoyorquina, Trump habría preguntado a antiguos asesores del expresidente, como el polémico Roger Stone, por qué dimitió en lugar de resistir el juicio político en el Congreso.
Ese mismo día, el congresista republicano Riley Moore sostuvo en un acto de la Fundación Nixon que a Nixon "se le echó del cargo con un golpe de estado". Más que al expresidente, lo que se rehabilita con este giro es la idea de que un presidente acorralado hace bien en no rendirse y que todo, absolutamente todo, vale con tal de agarrarse al poder.
Nueve maneras de reventar unas elecciones
Con esa mentalidad, ¿qué podría llegar a hacer Trump para impedir que los demócratas ganen el 3 de noviembre las elecciones legislativas? Reuters se lo ha preguntado a más de cincuenta responsables electorales, juristas y expertos, y no hay una respuesta definitiva.
Pancarta de apoyo a Ilhan Omar en Minnesota.
Ninguna de las nueve vías que enumera la agencia bastaría por sí sola para cambiar un resultado, porque las elecciones las organizan los estados y los tribunales llevan dos años frenando a la administración. Lo que temen es la suma de todas: una cadena de investigaciones y recursos que retrase la proclamación de los resultados, siembre dudas y deje escaños vacíos cuando el nuevo Congreso se constituya el 3 de enero.
Con una mayoría republicana de apenas un puñado de escaños, unos pocos asientos sin ocupar bastan para decidir quién preside la Cámara. De entrada, Trump podría interferir de tres maneras el mismo día de la votación.
El Departamento de Justicia enviará 1.000 observadores a los colegios, casi el doble que en 2024. Su función desde hace décadas es vigilar que se cumplen las leyes de derechos civiles, pero en las primarias de Wyoming de agosto intentaron interrogar a votantes e inspeccionar las máquinas, e incluso el gobernador, republicano, protestó.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, no descartó en septiembre enviar al ICE a un colegio electoral "si hay una amenaza o una orden judicial". Trump, preguntado por la revista Time si invocaría la Ley de Insurrección, que permite usar al ejército en crisis internas, respondió: "Nunca la he usado. Podría usarla".
Sin embargo, los juristas coinciden en que la ley federal prohíbe a los militares acercarse a los lugares de votación aunque se invoque dicha Ley de Insurrección, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, dejó claro en agosto que el ejército no tenía "planes" de enviar soldados a las urnas y que no esperaba "recibir ninguna orden ilegal". Lo que sí se conseguiría, en todo caso, sería disuadir a los votantes en los barrios de inmigrantes.
El caos como objetivo
Preocupa más lo que Trump pueda hacer después del recuento. El presidente puede denunciar fraude o hablar de máquinas manipuladas, como hizo en junio en California sin aportar pruebas, y presionar a los secretarios de Estado locales para que no certifiquen los resultados, como intentó sin éxito en Georgia, Michigan y Arizona tras las elecciones de 2020.
La diferencia es que quienes negaban entonces aquella derrota ocupan ahora cargos con competencias electorales en veinte estados.
Manifestación de apoyo a la congresista Ilhan Omar en Minnesota.
Con una orden judicial, además, el FBI puede incautar papeletas y equipos, algo, por cierto, que ya ha hecho con anterioridad: en enero, se llevó cientos de cajas con los registros de 2020 del condado de Fulton, en Atlanta, por unas supuestas irregularidades que ya habían sido descartadas en su momento.
El Departamento de Justicia ha avisado por carta a los responsables electorales de los cincuenta estados de que pueden ser procesados si permiten "a sabiendas" que voten extranjeros. Incluso Idaho, uno de los estados más fieles a Trump, respondió por boca de un abogado de su fiscal general: "Estaría bien que dejaran de amenazar a sus amigos".
Los dos últimos recursos son los más rebuscados. Trump podría declarar una emergencia nacional por fraude o injerencia extranjera, algo que, según los juristas, no le daría ninguna autoridad sobre unas elecciones que no gestiona, pero sí le aseguraría meses de pleitos. Preguntado por Time si lo haría, el presidente respondió: "No descarto nada".
También le queda la carta del propio Congreso: el presidente de la Cámara, Mike Johnson, podría sustituir al secretario general de la Cámara por alguien dispuesto a retrasar el reconocimiento de los demócratas en escaños disputados. Ese funcionario es quien da por recibidas las actas de los estados y reconoce a los diputados electos.
Su obligación legal es aceptar lo que certifican los estados y, si se niega, los tribunales intervendrían, pero, por mucho que el portavoz de Johnson tache el escenario de "especulación", nadie espera que un golpista se rinda fácilmente.
Ante las preguntas de Reuters, Lauren Bis, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, respondió que son los demócratas quienes minan la confianza en las elecciones al oponerse a la ley que exige un documento de identidad y la prueba de ciudadanía para votar. "El presidente Trump tiene toda la razón. O lo arreglamos ahora o perdemos nuestro país".
La urgencia se entiende con solo mirar las encuestas. Los demócratas aventajan a los republicanos en casi nueve puntos en intención de voto para el Congreso, según la media de sondeos de Nate Silver, y el 59% de los estadounidenses desaprueba la gestión de Trump frente a un 38% que la aprueba. El Cook Political Report considera que hay una veintena de escaños de la Cámara en el aire; a los demócratas les bastan tres para recuperarla.