Trump recula ante las críticas y anuncia que dejará de pagar con dinero público su campaña de autopropaganda electoral

Más de once millones de dólares. Es la cantidad que la Administración de Donald Trump ha gastado en anuncios de televisión pagados con los impuestos de los estadounidenses. Todos estaban destinados a promocionar su presidencia a menos de un mes de las elecciones legislativas.

Durante días, Trump defendió que se trataba de una campaña institucional para ensalzar al país. Ahora ha encontrado una salida a la polémica: que a partir de ahora los pague MAGA Inc., el gigantesco super PAC construido a su alrededor.

El giro, sin embargo, no cierra del todo la controversia. La Casa Blanca todavía no ha explicado si devolverá los más de 11 millones de dólares que ya han salido de las arcas públicas. Y abre otra pregunta: qué relación mantiene realmente Trump con una organización política que maneja cientos de millones y que, por ley, debe tomar sus decisiones de gasto con independencia.

Durante casi dos semanas, Donald Trump se ha colado en millones de hogares estadounidenses durante las pausas publicitarias de la liga de fútbol americano, los partidos universitarios y los programas de máxima audiencia. A decir verdad, distaban mucho de la publicidad institucional convencional.

Banderas, música épica y algunas de las frases más reconocibles del trumpismo. Después, una frase insólita a menos de un mes de las elecciones: "Pagado por el Gobierno de Estados Unidos".

En uno de los anuncios, Trump proclamaba que Estados Unidos nunca sería un país comunista. Las imágenes repasaban los logros de su presidencia y el empresario de la UFC, Dana White, lo elogiaba ante la cámara. "Dios creó a Trump", pronunciaba el narrador en uno de ellos.

Otro era prácticamente idéntico a un vídeo de su campaña de 2024. El presidente avanzaba por un pasillo mientras prometía librar una "batalla final" contra los "globalistas", los "belicistas", el "Estado profundo" y los medios de comunicación.

La Casa Blanca sostuvo desde el principio que eran simples anuncios de servicio público. Es una fórmula habitual en Estados Unidos. El Gobierno paga campañas para explicar una prestación, advertir de una emergencia o informar sobre algún programa federal.

Aquí, sin embargo, no se explicaba cómo pedir una ayuda ni se alertaba de ningún peligro. El protagonista era Trump. Y el mensaje, su presidencia y buena parte de su agenda política. Todo ello justo cuando los republicanos se juegan el control del Congreso.

Demócratas y republicanos lo critican

Las críticas dejaron pronto de ser solo cosa de los demócratas. John Thune, republicano de Dakota del Sur y líder de la mayoría en el Senado, reconoció que le gustaba el contenido de los anuncios, pero marcó una línea clara: "No debería pagarse con dinero de los contribuyentes".

John Kennedy, senador republicano por Luisiana, sostuvo que ningún cargo público, incluido el presidente, debería utilizar fondos federales para promocionarse. Y Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte, fue todavía más lejos y comparó la práctica con la propaganda utilizada por el antiguo Gobierno de Viktor Orbán en Hungría.

Trump no cedió de inmediato. La semana pasada defendió desde el Despacho Oval que no estaba haciendo campaña porque él ni siquiera figura en las papeletas de noviembre. "Estoy promocionando al país", aseguró. Y añadió que, si alguien determinaba que aquello estaba mal, pagaría "con gusto" el dinero.

Cinco días después ha terminado haciéndolo. "He decidido hacer anuncios patrióticos y pagarlos yo mismo, y con el dinero que recaudé para MAGA Inc.", anunciaba este lunes en Truth Social. La Casa Blanca confirmaba después que el super PAC asumirá la factura a partir de ahora.

La rectificación, sin embargo, deja intacta una pregunta: qué ocurre con los más de 11 millones de dólares que ya han salido de las arcas públicas. Ni la Casa Blanca ni MAGA Inc. han aclarado por ahora si ese dinero será devuelto al Tesoro.

El rechazo público ayuda a explicar el giro. Una encuesta de Reuters/Ipsos publicada este martes concluye que el 86% de los estadounidenses considera inapropiado utilizar dinero público para anuncios protagonizados por el presidente o miembros de su Gobierno en vísperas de unas elecciones. El rechazo alcanza incluso a cuatro de cada cinco republicanos.

Los más de 11 millones de dólares gastados hasta ahora son solo una parte de la operación. El Gobierno había reservado 20 millones de dólares de fondos públicos para financiar la campaña completa. Y la polémica no está únicamente en la cantidad, sino también en las partidas de las que salieron esos fondos.

Sospechas de irregularidad

El movimiento se hizo en apenas 24 horas. El 19 de septiembre, la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca añadió 20 millones de dólares a una partida del Departamento de Seguridad Nacional destinada a "actos conmemorativos".

Hasta entonces, el Gobierno había previsto gastar apenas un millón en ese concepto. Al día siguiente, Aduanas y Protección Fronteriza adjudicó un contrato por exactamente 20 millones a LMD Agency, una empresa de publicidad de Maryland, para desarrollar una "campaña nacional de medios".

El Congreso había aprobado ese dinero dentro de una bolsa de casi 6.700 millones de dólares que podía emplearse en ocho conceptos diferentes. Uno de ellos eran precisamente los "actos conmemorativos", definidos como homenajes a agentes muertos en acto de servicio, aniversarios de agencias y ceremonias de reconocimiento.

Los otros incluían nuevos equipos de inspección en los pasos fronterizos, mejoras en los sistemas de vigilancia, tecnología biométrica y operaciones contra el narcotráfico. La Administración tomó 20 millones de esa bolsa y los añadió a la partida de actos conmemorativos con la que después se contrataron los anuncios.

Esto abre una cuestión legal distinta a la de si el contenido favorece o no a Trump. En Estados Unidos, el Congreso no entrega simplemente una cantidad de dinero al Ejecutivo para que éste decida después en qué emplearla. Las partidas se aprueban para determinados fines y las leyes presupuestarias incluyen una prohibición expresa de utilizar fondos federales para "publicidad o propaganda" dentro del país.

La frontera jurídica no siempre es sencilla. Un Gobierno puede gastar dinero para explicar y defender sus políticas. Lo que la Oficina de Rendición de Cuentas del Congreso —la GAO, el órgano fiscalizador del Congreso— considera prohibido son los materiales "puramente partidistas", diseñados para beneficiar a un partido o candidato. Los demócratas del Congreso han pedido a ese organismo que investigue esta campaña.

También existe otro posible frente legal: la 'Hatch Act'. Una ley que impide a los empleados federales utilizar su autoridad oficial para influir en unas elecciones. La norma no se aplica de la misma manera al presidente, pero sí puede alcanzar a funcionarios que hubieran participado en la preparación o difusión de publicidad partidista utilizando su cargo.

Pero la solución elegida para cerrar ese frente abre otro distinto. El dinero con el que Trump pretende pagar ahora los anuncios tampoco es una caja de la que pueda disponer libremente.

La polémica del 'super PAC'

MAGA Inc. es un super PAC, una figura característica del sistema electoral estadounidense. Puede recaudar cantidades prácticamente ilimitadas para influir en unas elecciones. A cambio, ese dinero debe destinarse a gastos independientes.

Y un presidente no puede dirigir el gasto de una organización que recauda fondos al margen de los límites ordinarios de financiación electoral.

Dinero no le falta. Desde comienzos de 2025 ha recaudado 424 millones de dólares y terminó agosto con casi 416 millones disponibles, un enorme cofre de guerra para las midterms. La cuestión es hasta qué punto esa independencia existe en la práctica cuando es el propio Trump quien habla de esos fondos como si fueran suyos. "Este es mi dinero. Yo lo controlo". "Puedo gastarlo en lo que quiera".

Las declaraciones llevaron al Campaign Legal Center, una organización especializada en financiación electoral, a presentar una denuncia ante la Comisión Federal Electoral. Sostiene que Trump está ejerciendo sobre el gasto del super PAC un control incompatible con las normas que exigen su independencia. MAGA Inc. rechaza la acusación y asegura que cumple plenamente la ley. La comisión todavía no ha resuelto el caso.

La decisión de esta semana añade ahora un elemento más. Fue el propio Trump, y no MAGA Inc., quien anunció que había decidido utilizar el dinero del super PAC para pagar los anuncios.

Si la Comisión Federal Electoral concluyera que Trump está dirigiendo ilegalmente esos fondos, el caso podría terminar en un acuerdo con una multa civil. Si no hubiera acuerdo, la comisión podría llevarlo ante un tribunal federal y reclamar sanciones o una orden para impedir que continúe esa conducta.

Hay, sin embargo, una última paradoja. El organismo encargado de decidirlo lleva sin quórum desde 2025 y actualmente solo cuenta con dos de los seis comisionados previstos por ley. Necesita cuatro votos para abrir una investigación o adoptar medidas de cumplimiento.

La denuncia contra Trump está presentada. Pero, mientras la FEC siga paralizada, el organismo encargado de determinar si ha vulnerado la ley no puede investigarlo ni sancionarlo y el presidente lo sabe.