Denver
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Las claves

ChatGPT, Claude y Gemini se llevaban los golpes. Grok, los elogios. Durante los últimos nueve meses, Katie Miller, esposa de uno de los asesores más poderosos del presidente de EEUU Donald Trump, ha dedicado unas 500 publicaciones de sus redes sociales a cargar contra los rivales de Elon Musk en Inteligencia Artificial.

Pero entre tanto consejo tecnológico, ha olvidado un pequeño detalle: advertir a sus seguidores que tiene más de un millón de dólares invertidos en la empresa que desarrolla una de las aplicaciones.

Escándalo destapado, a Miller solo le ha quedado la negación. Asegurar una y otra vez que nadie le ha pagado nada por publicar. Pero la polémica no se ha acabado ahí, sino que ha terminado destapando un negocio mucho mayor en el que algunos miembros del gobierno también están implicados.

Del sueldo a las acciones

La relación de Katie Miller con Elon Musk viene de lejos. En 2025 había trabajado como asesora de DOGE, el equipo del empresario encargado de recortar el gasto federal. Cuando él dejó la Administración, ella se fue con él: cambió el empleo público por un puesto a su servicio en el sector privado.

Ni la pelea entre Musk y Trump rompió ese vínculo. Su marido, Stephen Miller, ha seguido trabajando para el presidente en la Casa Blanca; ella ha conservado su trabajo con el magnate.

El verano de 2025, Katie empezó a ganar popularidad gracias al estreno de The Katie Miller Podcast, un programa de entrevistas que mezcla política y negocios con conversaciones sobre la vida familiar de sus invitados. Por allí pasan empresarios y altos cargos de Trump con una peculiaridad: suelen hacerlo acompañados de sus parejas.

Este formato empezó a funcionar cada vez mejor y también a ser un filón para vender publicidad. Desde entonces, el programa ha ido ganando patrocinadores, entre ellos algunas grandes eléctricas estadounidenses y Polymarket, una de las mayores plataformas de apuestas. Sus anuncios se cotizan caro.

El turno de su jefe, Elon Musk, llegó a finales del año pasado. Apenas diez días después de publicar la entrevista, Miller compró participaciones por valor de más de seis ceros en xAI, la empresa que desarrolla Grok, su asistente de inteligencia artificial. Desde ese momento, su posicionamiento frente a la IA empezó a cambiar.

Intensificó sus elogios hacia la empresa del magnate tecnológico mientras criticaba cada vez más duramente a la competencia. Para entender la repercusión de sus actos, hay que echar un ojo a los números. Ahora mismo, Katie Miller tiene unos 251.000 seguidores en X y 75.000 suscriptores en YouTube. Sin olvidar su línea directa con los altos cargos del Gobierno.

En X, Miller ha recomendado durante meses a Grok, el asistente de inteligencia artificial de Musk. Paralelamente ha arremetido contra ChatGPT, Claude y Gemini. Lo que no ha explicado nunca a sus seguidores era que tenía dinero invertido en la empresa que estaba promocionando.

Las críticas mezclan tecnología y política. A principios de este mismo mes, por ejemplo, afirmó que ChatGPT consideraba a Trump una amenaza para la democracia y puso en duda que debiera utilizarse en los colegios.

Lo que puede parecer una opinión personal, tiene un trasfondo mucho mayor. El Gobierno estadounidense compra servicios a estas empresas. En 2025, antes de la inversión de Miller, el Departamento de Defensa les adjudicó contratos de 200 millones de dólares a cada una de las compañías.

Pero con una condición: que fueran ideológicamente neutrales. Trump lo dejó por escrito mediante una orden firmada en julio de 2025, en la que señaló las políticas de diversidad e inclusión como ejemplos de los sesgos que quería excluir.

Con ese criterio, acusar a ChatGPT de estar en contra de Trump podría servir para cuestionar que reciba contratos del Gobierno. Si un competidor queda fuera, los demás tienen más opciones de hacer negocio. Entre ellos, la empresa en la que Miller tiene puesto su dinero.

El regulador sale en su defensa

Con sus intereses económicos al descubierto, a Miller le ha tocado pasar de repartir palos a dar explicaciones. Y el que ha salido a echarle una mano ha sido, ni más ni menos, que Andrew Ferguson, presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC), el organismo que combate la publicidad engañosa en Estados Unidos.

El 10 de septiembre, el alto cargo y amigo de su marido aseguró que los hechos que se le atribuyen no vulneran ninguna de las leyes que aplica su agencia. También aprovechó para denunciar errores en la información y presentó las acusaciones como un ataque partidista contra el matrimonio.

Miller insiste en que nadie le paga por publicar, pero las recomendaciones del propio organismo contemplan más situaciones que el simple cobro por un mensaje. Cuando se promociona un producto, la FTC pide explicar los vínculos económicos, laborales o familiares que puedan influir en cómo el público valora esa recomendación.

Y la guía para creadores de contenido advierte, además, de que no basta con suponer que los seguidores ya conocen esas relaciones. Recomendar algo con sinceridad no elimina la necesidad de explicarlas. La advertencia debe acompañar a la promoción y ser fácil de encontrar; nada de eso pasa en los tuits de Katie Miller.

Con la espalda cubierta, mientras, en la Casa Blanca, el asesor Steven Miller se ha apartado de los asuntos relacionados con el empleo y las inversiones de su esposa, asegura, para evitar conflictos de intereses.