Los multimillonarios de EEUU usan seguros de vida privados (PPLI) para invertir en fondos de alto riesgo y otros activos, aprovechando ventajas fiscales.
Estos seguros permiten diferir el pago de impuestos y obtener préstamos sobre el valor de la póliza sin tributar, beneficiando solo a grandes fortunas.
El senador Ron Wyden impulsa una ley para eliminar los beneficios fiscales de los PPLI y aumentar la transparencia, aunque enfrenta resistencia en el Congreso.
Actualmente, más de 44.000 millones de dólares están gestionados bajo este sistema, con apenas 3.061 pólizas declaradas y un alto nivel de opacidad.
El refugio fiscal más exclusivo de Estados Unidos no está en una isla paradisíaca del Caribe ni en una cuenta bancaria en el extranjero. Sobre el papel, es una póliza de seguro de vida. Dentro, sin embargo, puede esconder inversiones en fondos de alto riesgo, capital riesgo, crédito privado, inmobiliario y otros activos reservados habitualmente a las grandes fortunas.
Son los llamados seguros de vida de colocación privada, conocidos por sus siglas en inglés, PPLI. Al cierre de 2025, los cinco mayores proveedores del mercado administraban más de 44.000 millones de dólares dentro de estas pólizas. En la práctica, han convertido las ventajas fiscales del seguro de vida en una herramienta para gestionar fortunas multimillonarias.
El mecanismo es legal siempre que cumpla una compleja red de condiciones. Pero su crecimiento ha abierto una batalla política en Washington. El senador demócrata Ron Wyden sostiene que los ultrarricos han transformado una protección concebida para las familias en una especie de fondo de inversión libre de impuestos. Su proyecto para cerrar el agujero fiscal está, de momento, atascado en el Congreso.
Fondos disfrazados de seguros
La diferencia entre un seguro de vida al uso y un PPLI es sencilla. Mientras que los convencionales buscan proteger a las familias ante un fallecimiento mediante el pago de unas primas, un PPLI funciona de manera distinta.
El cliente entrega varios millones de dólares a una aseguradora, que coloca el dinero en una cuenta separada pero vinculada a la póliza. Esa cuenta puede invertir en diferentes fondos o productos creados específicamente para reproducir las estrategias de determinados gestores.
La clave está en quién aparece como propietario de esas inversiones. A efectos fiscales, pertenecen a la aseguradora y no al multimillonario que ha contratado el seguro. Por tanto, los intereses, dividendos y ganancias que generan no se incluyen cada año en la declaración de la renta del cliente.
En la práctica, la ventaja es sencilla. Si el cliente invirtiera ese dinero directamente, tendría que pagar impuestos por los rendimientos que fuera obteniendo. Al hacerlo dentro del seguro, los beneficios permanecen en la póliza y pueden reinvertirse íntegramente. De este modo, también continúa generando rentabilidad el dinero que, fuera de ella, habría terminado en manos de Hacienda.
El cliente también puede pedir préstamos utilizando como garantía el valor acumulado en el seguro. Como se trata de dinero prestado y no de un ingreso, generalmente no tiene que pagar impuestos cuando lo recibe. Cuando muere, la aseguradora descuenta la deuda y entrega el resto a los beneficiarios, normalmente libre del impuesto federal sobre la renta.
El senador Ron Wyden,
Es la estrategia conocida en Estados Unidos como “comprar, pedir prestado y morir”: invertir sin tributar cada año, obtener efectivo mediante préstamos y dejar el capital restante a los herederos.
El sistema no es gratuito ni sirve para patrimonios modestos. Aunque algunas pólizas admiten aportaciones de uno o dos millones de dólares, los asesores calculan que hacen falta entre cinco y diez millones para que el ahorro fiscal compense los costes. Además, el dinero debe permanecer allí durante años.
Cancelar antes de tiempo o dejar que la póliza caduque con préstamos pendientes puede provocar una importante factura fiscal.
44.000 millones casi invisibles
El tamaño y la opacidad del negocio llevaron al Comité de Finanzas del Senado a abrir una investigación en 2022. Las siete aseguradoras consultadas declararon 3.061 pólizas, apenas el 0,003% de todos los seguros de vida individuales del país. Cada una prometía de media cerca de 13 millones de dólares a sus beneficiarios.
La investigación se centró en una regla fundamental. Para conservar las ventajas fiscales, el propietario puede elegir una estrategia de inversión, pero no ordenar operaciones concretas. No puede llamar a su asesor y pedirle que venda Apple y compre Google. Si controla directamente el dinero, la Hacienda estadounidense puede considerarlo su verdadero propietario y obligarle a pagar.
El problema es que resulta muy difícil comprobarlo. Estas pólizas no tienen que aparecer de forma específica en la declaración fiscal y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) suele descubrirlas únicamente durante una inspección. El sector sostiene que los contratos bien diseñados cumplen la ley y se limitan a utilizar las ventajas que el Código Tributario concede a los seguros de vida.
El intento de cerrar el agujero fiscal
No convencido con esta explicación, el pasado abril, Wyden llevó esta batalla al Congreso. Su proyecto pretende retirar a los PPLI las ventajas fiscales de los seguros de vida convencionales. En la práctica, sus propietarios tendrían que pagar impuestos cada año por las ganancias obtenidas, aunque mantuvieran el dinero dentro de la póliza. Los contratos ya existentes dispondrían de 180 días para transformarse o ser liquidados.
La propuesta también acabaría con la opacidad del negocio. Las aseguradoras tendrían que comunicar a la Hacienda estadounidense quién posee estas pólizas y cuánto dinero guarda en ellas. Si no lo hicieran, podrían recibir multas de al menos un millón de dólares.
Pero el camino para aprobar la ley es complicado. Ningún otro senador se ha sumado formalmente a la iniciativa de Wyden, tampoco existe una propuesta similar en la Cámara de Representantes y su primer trámite depende de un comité controlado por los republicanos.
Mientras no consiga esos apoyos, la paradoja seguirá intacta: un mecanismo creado para proteger a las familias de clase media continuará sirviendo para blindar las inversiones de los más ricos.