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Las claves

En Dakota del Sur existe una urbanización donde las casas son búnkeres y los vecinos se preparan para el fin del mundo. Sus promotores la presentan como "la mayor comunidad de supervivencia de la Tierra" y aseguran que podría llegar a albergar a más de 5.000 personas durante una guerra nuclear, otra pandemia o el colapso de la civilización.

Pero el Apocalipsis, al que tanto temen, parece haber llegado antes de tiempo. Una disputa por una fosa séptica terminó con un residente disparando en el pecho a un trabajador que también vivía en el complejo. Es el episodio más violento de una guerra vecinal en la que no falta de nada.

Desalojos, amenazas, perros sueltos, armas y pleitos por dinero y servicios. Este año, el Tribunal Supremo de Dakota del Sur ha intervenido en dos de esos conflictos, pero la mayor batalla continúa abierta. Seis inquilinos intentan convertir su demanda en una acción colectiva que podría costarle a la promotora más de 17 millones de dólares.

Una ciudad para el día después

El complejo se llama Vivos xPoint y ocupa una antigua base militar de casi 47 kilómetros cuadrados, atravesada por 160 kilómetros de caminos privados. Desde el aire parece una sucesión de colinas artificiales. Son 575 antiguos depósitos de munición cubiertos de tierra. Tras cada portón de acero se abre una nave de unos 200 metros cuadrados, protegida por muros de hormigón.

Antes de alojar personas, estos 'iglús' guardaban bombas. El Ejército los construyó en 1942. La base cerró 25 años después y permaneció abandonada hasta que el empresario californiano Robert Vicino comenzó a transformarla en 2016.

El complejo está en mitad de la nada. Y el nombre resume su filosofía. xPoint es el momento en el que solo sobrevivirán quienes estén preparados. Según cuenta Vicino, en 1982, una voz que atribuye al Espíritu Santo le ordenó construir estos refugios.

El interior de Vivos xPoint. Vivos xPoint

La publicidad muestra un búnker piloto más parecido a una vivienda de lujo que a un espacio militar. Varios dormitorios, cocina, salón, baños, lavandería y sistemas de filtrado, incluso ofrecen la posibilidad de hacer un jacuzzi. El desembolso inicial para conseguir uno de estos 'hogares' es de entre 25.000 y 55.000 dólares, que no compran la casa ni el terreno.

El cliente paga un alquiler de 99 años y recibe una estructura vacía que debe acondicionar con su dinero. La conexión al agua, la renta del terreno y la cuota mensual se cobran aparte.

También se prometían restaurantes, tiendas, un cine, una clínica, piscina, gimnasio y establos. Una década después, buena parte de ellas cuelgan el cartel de "próximamente".

Vivos sostiene que esas instalaciones no estaban garantizadas y culpa del retraso a la dificultad para encontrar trabajadores. Un tercio de los refugios ya está alquilado, pero solo unas decenas de personas viven allí todo el año.

Un disparo al otro lado de la valla

David Streeter era una de ellas, hasta hace unos meses. Veterano del Ejército, antiguo agente de policía y técnico de emergencias, se instaló con su familia en julio de 2023. Pagó 55.000 dólares por el alquiler y dedicó meses a convertir la nave de hormigón en una vivienda.

Los problemas comenzaron con la fosa séptica. Streeter asegura que, después de quejarse, trabajadores de Vivos empezaron a grabarlo, hacerle gestos obscenos y pasar a gran velocidad frente a su búnker.

La tensión estalló en agosto de 2024. Streeter siguió a un empleado que había conducido a gran velocidad junto a su casa, abrió la puerta de su vehículo y lo empujó contra el asiento. Cuando Kelly Anderson, otro trabajador del complejo, se enteró de lo ocurrido, decidió "darle una lección".

Llegó poco después y comenzó a amenazarle. Streeter sacó su pistola y le pidió que se marchase. Ante la negativa, la tensión fue en aumento y ambos se encararon a uno y otro lado de la valla que los separaba. Cuando estaban a 30 centímetros, el inquilino apretó el gatillo y dio en el pecho al trabajador, aunque después lo atendió hasta que llegó la ambulancia.

Tras varias demandas cruzadas, el pasado mes de marzo, el Tribunal Supremo de Dakota del Sur concluyó que Streeter había actuado en legítima defensa y aplicó la doctrina "stand your ground", que permite a una persona usar la fuerza sin la obligación de huir cuando se enfrenta a una amenaza inminente.

Interior de Vivos xPoint. Vivos xPoint

Desde entonces, la empresa intenta desalojar de forma definitiva a Streeter, que pese a llevar meses fuera se niega a vaciar su casa porque asegura que ha invertido cerca de 300.000 dólares entre el alquiler y las obras del búnker.

La batalla por los contratos de 99 años

El caso de Streeter planteaba si el disparo había sido en legítima defensa, pero el segundo conflicto que llegó al Supremo abrió una pregunta diferente. ¿Qué derechos tiene alguien que ha pagado decenas de miles de dólares por un búnker que, legalmente, no le pertenece?

Daniel Sindorf había firmado en 2020 un alquiler de 99 años y pagado 35.000 dólares por adelantado. En julio de 2023 también sacó una pistola durante un enfrentamiento con un trabajador de Vivos y su pareja. Sindorf sostiene que apuntó al suelo para protegerse de tres perros que le rodeaban, pero el trabajador afirma que encañonó a la mujer.

La empresa intentó desalojarlo en 2024 por incumplir una norma que prohibía exhibir armas dentro del complejo. El problema era que Vivos había incorporado esa prohibición después de que Sindorf firmara el contrato. El inquilino alegó que el alquiler no podía ser válido si la empresa tenía libertad para cambiar las reglas. Un juez le dio la razón.

El Tribunal Supremo de Dakota del Sur revocó esa decisión el pasado 22 de abril. Concluyó que Vivos sí puede modificar las normas, aunque debe hacerlo de manera razonable, de buena fe y por igual para todos los residentes.

El fallo supuso una victoria para Vivos, pero no acabó con la demanda de aproximadamente 17 millones de dólares que está ahora en juego. Se trata de otro procedimiento, presentado hace un año por seis inquilinos, que todavía aspira a ser reconocido como colectivo. Si el juez lo permite, en los próximos días podría representar a hasta 150 arrendatarios.

Los demandantes acusan a Vivos de no proporcionar servicios básicos, anunciar instalaciones que nunca construyeron y quedarse con el dinero y las mejoras de quienes son desalojados. Reclaman que se les devuelvan los pagos iniciales, el coste de las obras y las cuotas mensuales.

La empresa niega haber cometido ningún fraude. Vicino asegura que ha devuelto el dinero a quienes lo han solicitado y atribuye las críticas a unas pocas "manzanas podridas". Sin embargo, la promotora acumula al menos 16 acciones legales y cinco quejas ante la Fiscalía General del Estado.

La gran decisión continúa pendiente. Si el tribunal permite que la demanda sea colectiva y los inquilinos terminan ganando, los demandantes plantean incluso que, si la empresa no puede pagar, los búnkeres y el terreno pasen a manos de los arrendatarios.

En juego ya no está solo la devolución del dinero, sino también el control del complejo y la continuidad de la compañía que lo gestiona. El proyecto, construido para resistir el fin del mundo, parece que va a terminar jugándose su propia supervivencia antes de tiempo.