La reforma del voto por correo en EEUU podría dejar a 48 millones de votantes sin papeleta a tiempo para las legislativas.
El nuevo sistema exige que el Servicio Postal verifique datos y códigos de los sobres antes de enviarlos, pudiendo rechazar lotes completos por errores técnicos.
Funcionarios advierten que la implementación requiere un año, pero la norma podría activarse en diez semanas, generando caos y posibles retrasos.
Trump impulsa la medida alegando seguridad, mientras demócratas y varios estados denuncian que limita el voto y vulnera la autoridad estatal sobre las elecciones.
En Estados Unidos, votar por correo es casi tan habitual como acudir al colegio electoral. La oficina electoral del estado o condado envía al ciudadano una papeleta en blanco; este la rellena y la devuelve por correo o la deposita en un buzón electoral, sin identificarse en persona.
Hasta ahora, el Servicio Postal (USPS) solo transportaba los sobres: no decidía quién podía votar ni comprobaba su contenido. Donald Trump quiere convertirlo en el guardián de acceso al proceso. El cambio se produciría antes de que la papeleta llegase a casa.
Cada oficina electoral tendría que facilitar al servicio de correos una lista de destinatarios y dos códigos de barras por sobre, uno para la ida y otro para el regreso. USPS cotejaría los datos antes de aceptar el envío. Si faltara un nombre, no coincidiera un código o el formato fuera incorrecto, podría devolver la remesa completa.
Un error administrativo dejaría así a miles de ciudadanos sin papeleta a tiempo. Además, sus nombres, direcciones y códigos quedarían guardados durante cinco años. El plan afecta a una vía utilizada por 48 millones de estadounidenses en 2024 y llega a diez semanas de unas legislativas decisivas para controlar el Congreso.
Cómo vota EEUU por correo
A diferencia de España, Estados Unidos no tiene un sistema electoral único. La Constitución concede a los estados y al Congreso —no al presidente— la organización de las elecciones. Las condiciones del voto postal cambian según el lugar y miles de oficinas locales gestionan las papeletas.
En ocho estados y en la ciudad de Washington D. C., todos los electores activos reciben automáticamente una papeleta en casa. En otros 29 deben pedirla, pero no justificar por qué. Los restantes solo la conceden por un motivo concreto, como enfermedad, discapacidad o ausencia.
El proceso es simple. El ciudadano rellena la papeleta y firma el sobre exterior; según el estado, puede tener que aportar otro dato para acreditar su identidad. Después puede enviarla por correo, entregarla en la oficina electoral o depositarla en un buzón habilitado. Muchos votos llamados "por correo" ni siquiera utilizan USPS para terminar votando.
Al llegar los votos a las oficinas, los funcionarios electorales comprueban la firma y los demás datos, validan el voto y lo cuentan. Correos solo transporta el sobre cerrado. Esa es la frontera que Trump quiere mover: la autoridad electoral seguiría validando el voto, pero USPS podría hacer un control antes que la papeleta en blanco saliera hacia el elector.
El plan tiene dos capas. La orden ejecutiva de Trump planteaba una reforma electoral amplia. La norma de 95 páginas aprobada por Correos solo desarrolla su vertiente postal. La orden inicial encargaba a Seguridad Nacional y a la Seguridad Social elaborar listas estatales de ciudadanos adultos a partir de registros federales.
También pedía al Departamento de Justicia priorizar la investigación de quienes imprimiesen o enviasen papeletas a personas inelegibles y pretendía impedir que circulasen sobres vinculados a nombres ausentes de las listas. Ciudadanía, amenaza penal y transporte del voto formaban una misma cadena.
Voto por correo en Philadelphia, Pennsylvania.
La regulación definitiva rompe esa conexión. USPS no cotejará la información con listas federales o censos electorales, no comprobará nombres y direcciones ni decidirá quién puede votar. Tampoco detendrá las papeletas cumplimentadas que regresen.
Sólo verificará que la oficina electoral haya rellenado los campos, asignado los códigos y utilizado el formato correcto. Si falta algo, podrá devolver el lote completo por un defecto técnico sin haber determinado que sus destinatarios sean inelegibles.
Correos sostiene que unas reglas comunes mejorarán el seguimiento y dejarán un registro útil para autoridades electorales y policiales. El debate contrapone esa trazabilidad nacional al riesgo de añadir otra barrera burocrática y cargar sobre el ciudadano cualquier error administrativo.
Miles de oficinas, con programas, proveedores y calendarios distintos, tendrían diez semanas para abrir cuentas, adaptar archivos, generar códigos, reimprimir sobres y formar al personal mientras tramitan solicitudes de última hora. Algunas necesitarían cambios legales.
Funcionarios electorales de ambos partidos calculan que la reforma requiere idealmente un año. USPS replica que bastará con subir una hoja de cálculo al portal y corregirla cuando sea necesario, aunque la propia norma admite que muchos responsables consideran difícil o imposible aplicarla en estas legislativas.
A la espera de activarse
La norma aún no ha entrado en vigor, pero está más cerca de aplicarse. Dos bloqueos judiciales la mantenían paralizada, pero el Supremo ha levantado uno de ellos. No ha declarado legal el plan ni ha reconocido a Trump tener autoridad sobre las elecciones. Pero, en la práctica, la Administración ha superado el primer obstáculo.
La jueza Indira Talwani acaba de levantar el segundo, argumentando que los grupos civiles querellantes presentaron la demanda antes de que el USPS finalizara sus normas el pasado 21 de agosto. Suspende la medida cautelar pero deja la puerta abierta a enmendar la solicitud para una nueva orden judicial.
Una coalición de 23 fiscales estatales liderada por el gobernador de Pensilvania ha presentado en paralelo una demanda contra el USPS para impugnar la regla final. Según los demandantes, interfiere con la autoridad constitucional de los estados para administrar las elecciones y limita el voto por correo
El resultado es sencillo: el nuevo método no puede utilizarse hoy, pero está listo. Si cae el último escollo, la Administración podrá activarlo de inmediato.
Voluntarios del Partido Demócrata se preparan para hacer campaña puerta a puerta para las legislativas en Nueva Jersey.
Si lo consigue, el calendario amenaza con convertir la reforma en caos. Las oficinas ya han impreso millones de sobres y programado sus sistemas con las reglas actuales.
Las primeras papeletas para militares y residentes en el extranjero se empiezan a enviar el 4 de septiembre. Implantar entonces la base federal, incorporar los códigos y someter cada remesa a un control previo alteraría sobre la marcha un proceso preparado durante meses.
Trump confía en que el endurecimiento beneficie a los republicanos. Los demócratas utilizan más el voto por correo, aunque la diferencia se ha reducido y millones de conservadores también dependen de él.
El caos no tendría un efecto exclusivamente demócrata ni garantizaría una ventaja republicana, pero podría provocar retrasos, litigios y dudas sobre papeletas decisivas en unas elecciones ajustadas.
La maniobra no termina en la normativa. Trump intenta reforzar su influencia sobre el organismo que la aplicaría. Ha propuesto a varios republicanos para cubrir vacantes en el Consejo de Gobernadores, encargado de nombrar al director general de USPS y fijar la estrategia del servicio de correos.
Esa estructura nació para mantener el Servicio Postal fuera del alcance directo de la Casa Blanca. Que la agencia terminase una regulación exigida por el presidente mientras una juez se lo prohibía convierte la batalla en algo más que una disputa sobre sobres y códigos.
Está en juego si Trump puede transformar una institución independiente en otro instrumento de su poder.