S. de Diego
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Las claves

El Gobierno de Trump eleva la presión contra la inmigración irregular y pisa el acelerador de las deportaciones masivas. El Departamento de Seguridad Nacional ha triplicado a 3.000 dólares -2.540 euros- el pago a los extranjeros sin documentación que decidan "autodeportarse" voluntariamente de Estados Unidos, antes de que finalice este año.

Además, la Administración Trump pagará los vuelos de estos migrantes siempre y cuando firmen un documento en el que se comprometen a abandonar el país en los próximos días. 

"Los extranjeros ilegales deben aprovechar este regalo y autodeportarse porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán", ha advertido la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Fue el pasado mes de marzo cuando el Gobierno de Trump lanzó una aplicación móvil renombrada CBP Home para facilitar a los migrantes irregulares la autodeportación. La aplicación, antes llamada CBP One, fue utilizada por el Gobierno de Biden para permitir a los migrantes entrar legalmente en Estados Unidos.

622.000 deportados 

En marzo la Administración de EEUU pagaba a cada extranjero sin papeles 1.000 dólares -850 euros-, una cifra que ahora se ha triplicado para acelerar su salida del país antes de 2026.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, desde enero de 2025, 1,9 millones de extranjeros irregulares se ha autodeportado "voluntariamente".

Además, informa que el coste medio de arrestar, detener y deportar a alguien sin estatus legal ronda los 17.000 dólares -14.400 euros-.

Donald Trump, que asumió el cargo en enero prometiendo niveles récord de deportaciones, ha intensificado la represión de la inmigración a pesar de las reacciones en contra. Aunque ha prometido expulsar a un millón de inmigrantes cada año, su Gobierno ha logrado hasta ahora deportar a unos 622.000 inmigrantes este año.

El Gobierno se está preparando para una ofensiva más agresiva contra la inmigración en 2026 con miles de millones en nuevos fondos.

Funcionarios estadounidenses dicen que planean contratar a miles de agentes de inmigración más, abrir nuevos centros de detención y asociarse con empresas externas para localizar a personas sin estatus legal.