Era la cruzada de Donald Trump y una de sus promesas electorales: el republicano derogaría la reforma sanitaria de Barack Obama, conocida como Obamacare, en cuanto llegara a la Casa Blanca. En su lucha por echar por tierra una de las banderas de los demócratas y el principal legado del anterior presidente de Estados Unidos, Trump ha defendido que la reforma es anticonstitucional. Sin embargo, en una audiencia esta semana, el Tribunal Supremo de EEUU ha dado a entender que no tumbará la ley.

Al menos cinco de los nueve jueces del Supremo, dos de ellos conservadores, han insinuado que no apoyarán el argumento de los republicanos sobre la inconstitucionalidad de la ley, por lo que no será derogada, aunque el resultado definitivo sólo se conocerá dentro de unos meses. 

De tumbarse la ley, más de 20 millones de estadounidenses se quedarían sin cobertura sanitaria, justo en mitad de una pandemia y una crisis sin precedentes que ya ha matado a más de 240.000 personas en EEUU. 

La Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, popularmente conocida como Obamacare, fue creada para extender la cobertura sanitaria en un país dónde la sanidad universal no existe. Con ella se amplió el número de personas con rentas bajas que podían acceder al Medicaid, un plan dirigido a la población con menos recursos, con el que se financian los planes de seguro médico más asequibles. 

Además, la ley prohíbe que determinados pacientes sean excluidos de los seguros, por las patologías que puedan tener, o que estos sean cancelados cuando padezcan determinadas enfermedades. Así, los enfermos con condiciones preexistentes (enfermos crónicos, o personas que han sufrido alguna enfermedad grave como el cáncer) no tendrán impedimentos para contratar un seguro ni se les podrán imponer cláusulas que no pueden pagar.

La batalla de Trump

Antes del Obamacare, a millones de estadounidenses que tenían cáncer, esclerosis múltiple u otras enfermedades se les podía negar la cobertura debido a su condición. Al menos 54 millones tienen una enfermedad preexistente por la que verían negada la contratación de un seguro.

Desde que fue investido como presidente, Donald Trump intentó acabar con el Obamacare, que ha pasado el visto bueno del Supremo en dos ocasiones. La Corte que escuchó esta semana los argumentos en contra de la ley es la más conservadora de siempre, una vez cuenta con tres jueces nuevos, todos ellos nominados por Trump, incluida la magistrada recién incorporada al tribunal Amy Coney Barrett.

Sin embargo, tras la audiencia cinco de los nueve jueces del Supremo dieron señales de que no están a favor de derogar el grueso de la ley, incluidos dos miembros de la mayoría conservadora del tribunal: John Roberts y Brett Kavanaugh.

"No es nuestro trabajo" tumbar la reforma sanitaria cuando el Congreso de EEUU no lo hizo, dijo Roberts, el presidente del Supremo, durante la audiencia de este martes, que se desarrolló por teleconferencia y duró unas dos horas.

La decisión del Supremo no se espera hasta la primera mitad de 2021, ya bajo el mandato del presidente electo, Joe Biden, quien ha prometido defender y ampliar el alcance de Obamacare, mientras que Trump ha tratado sin éxito derogar esa ley sanitaria durante sus casi cuatro años en el poder.

Lo máximo que consiguió Trump fue que el Congreso, controlado por los republicanos, debilitara en 2017 uno de los pilares de la ley -la obligación de todos los estadounidenses de contratar un seguro médico-, al dejar en cero la multa que existía para aquellos ciudadanos que no lo hicieran.

El estado de Texas -que junto a otros 17 territorios liderados por republicanos y dos individuos pidió al Supremo revisar de nuevo la legalidad de Obamacare- argumenta que ese cambio convierte la ley en anticonstitucional.

En su primera revisión de la ley en 2012, el Supremo determinó que la obligación de contratar el seguro médico, y la multa correspondiente, podía contemplarse como un impuesto, y eso era constitucional bajo el poder del Congreso de imponer tasas.

Según los demandantes, al reducir a cero esa multa, ya no hay impuesto; pero quienes defienden la ley insisten en que el Congreso tiene en sus manos la posibilidad de volver a imponer esa penalización, y además alegan que, como ya no hay castigo, es innecesario derogar la ley.

"Parece bastante claro que el remedio adecuado sería eliminar la parte del mandato (que obliga a contratar un seguro médico) y mantener en pie el resto de la ley", afirmó durante la audiencia Kavanaugh, uno de los jueces nominados por Trump.

Apoyo amplio

Aunque los republicanos se han opuesto sistemáticamente a la ley, algunas de sus disposiciones gozan de un apoyo abrumador. En una encuesta de octubre, mientras que solo el 55% de los estadounidenses dijeron que tienen una opinión favorable de la ley, el 79% dijo que no querían que el tribunal revocara sus protecciones para las personas con afecciones preexistentes, según la Kaiser Family Foundation.

Sin esa protección, a las personas que han sufrido el Covid-19 se les podría negar la cobertura, se les podrían cobrar primas más altas o se les podría rechazar un tratamiento futuro para el coronavirus.

Desde que dio inicio a la campaña electoral, el ahora presidente electo, Joe Biden, se ha comprometido a poner el foco de su mandato en la gestión de la pandemia. Ante una nueva investida de los republicanos en contra del Obamacare, Biden ha tildado la acción de "cruel" y señaló que los "ideólogos de derechas" estaban intentando retirar los cuidados de salud a los estadounidenses. 

"La salud no es una cuestión partidaria", dijo. "El Obamacare es una ley de la que todos los estadounidenses deberían estar orgullosos. Ha salvado familias de la ruina financiera".