El Gobierno del presidente Donald Trump ha establecido este martes las nuevas directrices de control migratorio en EEUU basadas en la orden ejecutiva que firmó el 25 de enero, durante su primera semana en la Casa Blanca. El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, ha firmado la guía para la nueva política migratoria de EEUU. Entre las medidas, figura la contratación de 10.000 nuevos agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y 5.000 más de la Oficina de Aduanas y Fronteras (CBP).

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"El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias y los recursos federales y ha creado una significativa vulnerabilidad en la seguridad nacional de EEUU", se subraya en las directrices.



Especifica que no sólo perseguirán a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales violentos, sino también a aquellos que hayan "abusado" de los beneficios públicos o que, "a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y la seguridad nacional".

Otorga mayor capacidad legal a los agentes migratorios federales, así como permitirá que agentes estatales o locales puedan sumarse a estas labores de control migratorio.



El Departamento de Seguridad Nacional, agrega, "ya no eximirá a clases o categorías" de extranjeros indocumentados de "una potencial aplicación de la ley", es decir, de una deportación.



Esto supone un notable cambio respecto a las directrices marcadas durante el anterior Gobierno de Barack Obama, que ordenaba no llevar a cabo estas deportaciones en base a violaciones menores de la ley, como conducir sin licencia o tener una luz rota del coche.

La nueva política migratoria sí mantendrá finalmente los derechos de los dreamers, el nombre por el que se conoce a quienes entraron ilegalmente en el país siendo niños.