La presión doméstica e internacional no cesa para que Donald Trump recule en su decisión de suspender la entrada de refugiados y migrantes procedentes de siete países de mayoría musulmana a Estados Unidos.

El viernes pasado Trump rubricó una orden ejecutiva que suspende durante tres meses la entrada de personas procedentes de Irak, Siria, Irán, Somalia, Libia y Yemen; anula por 120 días el sistema de acogida estadounidense; veta indefinidamente a los refugiados sirios; y ofrece trato prioritario a los solicitantes de asilo cristianos.

La medida provocó la detención de un centenar de personas en los aeropuertos estadounidenses y que otras no pudieran subir a un avión rumbo a Estados Unidos así como una ola de indignación que trasciende las fronteras.

Las calles de EEUU viven incesantes protestas mientras los tribunales acogen una batalla legal. Varios jueces federales han mellado la medida, pero se fragua una ofensiva mayor para tumbar la legislación.

El Consejo para las Relaciones Islámico-Estadounidenses (CAIR, por sus siglas en inglés) ha presentado una demanda para determinar la constitucionalidad del veto migratorio, cuya legalidad han cuestionado más de una decena de fiscales. El estado occidental de Washington ha anunciado que también se enfrentará a la medida por la vía judicial.

En el Congreso, los demócratas buscan anular la medida ejecutiva de Trump, que incluso ha encontrado resistencia entre algunos de sus compañeros de partido, como el senador por Arizona y excandidato presidencial republicano John McCain.

Mientras, decenas de diplomáticos estadounidenses han elaborado un memorando en el que expresan su desaprobación por la restricción migratoria, ya que entienden que “va contra los valores estadounidenses” y “probablemente sea contraproducente” a la hora de proteger al país frente la amenaza del terrorismo internacional.

El propio expresidente Barack Obama ha expresado a través de un portavoz su apoyo a las protestas y su oposición “a la noción de discriminar a las personas según su fe o religión”. “Los valores de Estados Unidos están en peligro”, ha afirmado.

Los medios estadounidenses señalan que Trump cocinó la orden ejecutiva básicamente por su cuenta sin que fuera revisada a fondo para detectar posibles problemas legales. La orden ha sembrado confusión a la hora de ser interpretada, sobre todo en lo que respecta a los residentes permanentes de EEUU y ciudadanos de los países estigmatizados por Trump que poseen un segundo pasaporte.

El domingo el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, dijo que el veto no afectaba a quien poseyera una green card, documento que reconoce el estatus de residente permanente de EEUU, pero que quien viajara a alguno de los territorios en la lista negra sufriría un mayor escrutinio al retornar.

El ministro de Exteriores de Reino Unido, Boris Johnson -que criticó el veto migratorio-, ha asegurado que la Administración Trump ha acordado que no enviará de vuelta a nadie que lleve un pasaporte británico independiente de su país de origen.

PRESIÓN INTERNACIONAL

Precisamente Reino Unido es escenario de protestas contra la orden de Trump. Allí una petición ciudadana para impedir que Trump visite el país de manera oficial ha alcanzado un millón y medio de firmas, pero la primera ministra, Theresa May, ha hecho oídos sordos a las quejas.

La respuesta de los líderes europeos a la medida ha sido desigual. La Unión Europea ha eludido condenar rotundamente el veto, que ha sido alabado por la derecha populista en el Viejo Continente. Los Gobiernos de Francia y Alemania sí han alzado la voz contra la restricción. “La necesaria y decisiva lucha contra el terrorismo no justifica de manera alguna que se sospeche en general de personas de ciertas creencias, en este caso de la fe musulmana”, ha aseverado la canciller germana, Angela Merkel.

A los países afectados tampoco les han gustado las acciones de Trump. Presionado por un Parlamento que exige medidas recíprocas, Irak ha pedido a la Administración estadounidense que revise la prohibición. Irán ha calificado la decisión de “un regalo para los extremistas”.

Canadá, que este lunes sufrió un ataque en una mezquita que se saldó con seis muertos, se ha ofrecido como un oasis para los afectados por el veto de Trump.

Naciones Unidas tampoco se ha callado. “La legislación de derechos humanos prohíbe la discriminación por nacionalidad”, aseguró el responsable de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra'ad al Hussein, en la mañana del lunes. “La restricción de Estados Unidos es también mezquina y desperdicia recursos necesarios para la lucha antiterrorista”. El alto comisionado para los Refugiados también ha reclamado que los refugiados sean acogidos y reciban un trato igualitario por parte de las autoridades estadounidenses.

TRUMP SE ENROCA

El mundo empresarial ha mostrado asimismo su indignación. Multinacionales como Starbucks o Airbnb y gigantes tecnológicos como Google o Facebook se han levantado en contra de lo que consideran una medida injusta.

La red de cafeterías ha anunciado que contratará a 10.000 refugiados en los próximos cinco años, mientras que la plataforma de apartamentos turísticos ha asegurado ofrecerá "alojamiento gratuito" a los refugiados y a todos los que tengan vetado el acceso a Estados Unidos. Google, por su parte, aportará un fondo de cuatro millones de dólares que ayudará a financiar cuatro organizaciones por los derechos de las personas inmigrantes.

Aun así, Trump se ha mantenido firme en su decisión para “hacer que EEUU sea seguro de nuevo”, descartando que busque prohibir que los musulmanes entren en EEUU. “¡Hay muchos malos ahí fuera!”, se ha justificado en Twitter.

El mandatario ha defendido que el sábado sólo se detuvieron a 109 personas de las 325.000 que circularon por los aeropuertos estadounidenses y que el caos aeroportuario se debió a las manifestaciones, un fallo en el sistema de la aerolínea Delta y “las lágrimas del Senador [Charles] Schumer”, quien rompió a llorar al cargar contra las acciones de Trump.

En una rueda de prensa este lunes, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha defendido al Ejecutivo asegurando que ir a Estados Unidos es un “privilegio” y mostrándose confiado frente a la cruzada legal que carga contra la restricción migratoria. “Lo que el presidente ha hecho es anteponer la seguridad de Estados Unidos”, ha aseverado.

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