Menos de una semana después de que Donald Trump amenazara a Brasil con unos aranceles del 50% por la supuesta persecución político-judicial de su amigo y aliado Jair Bolsonaro, el Gobierno de Lula da Silva reaccionó este lunes ordenando la prisión domiciliaria del expresidente brasileño.
No parece que una cosa se pueda separar de la otra: da la impresión de que Alexandre de Moraes, ministro del Tribunal Supremo y exministro de Justicia en la anterior administración de Lula da Silva, ha querido mandar un mensaje a Estados Unidos ante su intromisión en los asuntos internos del mayor país de Sudamérica.
No es que falten los motivos para tomar medidas preventivas contra Bolsonaro. El expresidente está pendiente de juicio por dos causas graves en su contra: uso de su cargo para enriquecimiento personal en una trama de compraventa de diamantes con Arabia Saudí y, sobre todo, incitación al golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de octubre de 2022. En dichas elecciones, Bolsonaro perdió en segunda vuelta por menos de un 2% frente a Lula y el Partido de los Trabajadores.
Aparte de negarse a reconocer los resultados, Bolsonaro incendió durante meses las redes para "invitar" a sus seguidores a tomar las instituciones y negarse al traspaso de poderes.
Los hechos más graves sucedieron el 8 de enero, cuando miles de fanáticos ocuparon varios edificios en Brasilia, la capital política del país, y pidieron al ejército que interviniera en favor de su antiguo capitán de artillería, que ya estuviera arrestado en 1986 por criticar públicamente los bajos sueldos que recibían los cadetes.
Aunque todo ello le pilló a Bolsonaro en Florida, es decir, todo lo cerca que pudo del entonces expresidente Donald Trump, la justicia brasileña entiende que aquella campaña fue organizada por él en primera persona. Por ello, se le está investigando y solo su avanzada edad —setenta años—, junto a su precaria salud tras el atentado sufrido en 2018 y el compromiso de no volver a participar en el debate político ni mucho menos alentar a una nueva rebelión le mantienen fuera de la cárcel.
Protestas en las grandes ciudades
Es difícil saber qué ha cambiado para que Moraes haya decidido recluir a Bolsonaro en su domicilio y prohibirle el acceso a las redes sociales. En principio, la excusa es que el expresidente sigue opinando en ellas a través de las cuentas de sus aliados y que participó, vía telefónica, en una reciente manifestación contra el Gobierno de Lula organizada por su hijo, el senador Eduardo Bolsonaro, uno de los nombres que más suenan para disputarle la presidencia al PT el año que viene.
No parece demasiado desde el punto de vista judicial, así que tanto la familia Bolsonaro como sus millones de votantes, especialmente en importantes núcleos urbanos como Río de Janeiro o São Paulo, donde el bolsonarismo es muy mayoritario, han entendido que las razones son políticas. Probablemente, así lo entienda también el propio Trump, lo que puede llevar a una escalada aún mayor en la guerra de aranceles o incluso a una ruptura de relaciones con el Gobierno de Lula.
En las últimas horas, se han convocado manifestaciones en las grandes ciudades e incluso se amenaza con una huelga general. Bolsonaro sigue siendo una figura tremendamente popular en Brasil y su populismo atraviesa todas las clases sociales, como se pudo ver durante su anterior administración. El doble pulso de Moraes y Lula —al bolsonarismo y al trumpismo— es, sin duda, una reacción arriesgada.
En plena guerra contra los BRICS
Y es que además se produce en plena ofensiva de Trump contra los llamados BRICS, la alianza comercial que incluye a Brasil, a Rusia, a India, a China y a Sudáfrica.
En su festival arancelario de verano, Trump ha decidido ir contra la política que su país ha mantenido durante décadas y atacar económicamente a la India. Desde la época de Bill Clinton, Estados Unidos había buscado en la India a un aliado que, sin dañar su relación privilegiada con Pakistán, le permitiera combatir de alguna manera el expansionismo económico chino en la región.
Hablamos del país más poblado del mundo y con una economía que ha explotado en los últimos años. Incluso en un período de dudas, el año pasado creció al doble que la de Estados Unidos y al triple que la de Europa. Sin embargo, Trump ha decidido incluir al país que gobierna Narendra Modi en su lista de agravios y anunció recientemente aranceles extraordinarios a sus productos también por una cuestión política-económica: India estaría comprando grandes cantidades de petróleo a Rusia para uso propio… y para revenderlo a terceros países evitando así las sanciones que pesan sobre el Kremlin.
En palabras textuales, Trump acusa a Modi de "no preocuparse por los civiles que mueren en las ciudades ucranianas", algo que tampoco ha parecido importarle demasiado a él en los últimos tres años y medio pero que ahora es una actitud imperdonable.
Por supuesto, detrás de esta justificación hay una razón política: después de declarar la guerra económica a China, Trump está a punto de hacer lo propio con Rusia -el ultimátum termina en breve y no hay alto el fuego a la vista-, Brasil y la India. Solo se libra, de momento, Sudáfrica.
La resistencia al "bullying" arancelario
El asunto, como siempre, es saber si está midiendo bien sus fuerzas. La táctica de imponer su ley e intimidar a los demás países no le ha salido mal con la Unión Europea, pero, como dice el propio Gobierno chino "es difícil intimidar y chantajear a todo el mundo desde una posición comercial no preponderante".
China mantuvo el pulso, Rusia lo está haciendo, todo apunta a que lo hará India y, directamente, Brasil ha doblado la apuesta, asumiendo un riesgo interno enorme que puede llevar a unas protestas masivas.
La detención en sí de Bolsonaro no es precisamente una noticia en Latinoamérica, donde hasta cuatro expresidentes han sido condenados o arrestados en lo que va de año: Cristina Fernández Kirchner, Álvaro Uribe, Ollanta Humala y ahora el propio Bolsonaro. Tampoco lo es en Brasil, donde Lula da Silva ya pasó por prisión tras su primer mandato y donde su sucesora, Dilma Rouseff, fue destituida por el Senado por violar las leyes presupuestarias.
El problema es que aquí no hablamos estrictamente de justicia ni de legalidad: Trump amenazó a todo un país para defender a un aliado político. Un aliado que había hecho lo mismo que hizo él en 2021, cuando se negó a reconocer la victoria de Joe Biden y mandó a sus seguidores al Capitolio.
El Gobierno de Lula se defiende de la misma manera: apartando a Bolsonaro de la vida pública como mensaje ante la injerencia extranjera. Estas mezclas son peligrosas y suelen acabar mal. A la espera de la respuesta definitiva de Trump, la relación entre Brasil y Estados Unidos pende ahora mismo de un hilo…y no solo en lo económico.