¿Existe alguna forma de solventar el delicado horizonte judicial que afronta el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, procesado por su implicación en la intentona golpista de enero de 2023? Donald Trump considera que sí, que su buen amigo todavía tiene una vía de escape. Es en ese contexto donde entran, de nuevo, los aranceles.
El miércoles, el presidente de Estados Unidos anunció a través de una carta que, a partir del viernes 1 de agosto, establecerá gravámenes del 50 por ciento a las exportaciones de Brasil.
En el primer párrafo de la misiva, Trump aduce que el motivo principal no es otro que la “caza de brujas” que sufre Bolsonaro, “un líder —escribe— muy respetado”, que sin embargo se sentará en el banquillo de los acusados en los próximos meses por su papel preponderante en el complot que, según la investigación, contemplaba asesinar, entre otros líderes políticos y judiciales, al entonces presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, ganador de las elecciones de noviembre de 2022.
Trump exige en su escrito acabar “inmediatamente” la “persecución” contra Bolsonaro, uno de sus principales socios en la escena internacional. El mandatario estadounidense reproduce el mismo modus operandi que siguió hace apenas unas semanas con Benjamin Netanyahu, otro de sus más fieles aliados, envuelto en tres casos de corrupción.
En el expediente del primer ministro israelí, de hecho, Trump volvió a denunciar una “caza de brujas”, pidió el indulto o, en su defecto, la anulación “inmediata” del proceso judicial en su contra y, aunque no con aranceles, sí amenazó con cortar la ayuda. El guion es calcado. De momento, sin embargo, Trump no puede presumir de avances en Israel. Y parece que tampoco vaya a tenerlos en Brasil.
Lula, que ayer reunió de urgencia a su Gobierno, prometió pagar a Trump con su misma moneda. “Podemos apelar a la Organización Mundial del Comercio, proponer investigaciones internacionales, exigir explicaciones. Pero lo principal es la Ley de Reciprocidad, aprobada por el Congreso. Si él nos cobra un 50 por ciento, nosotros le cobraremos un 50 por ciento”, declaró en una entrevista con la cadena de televisión Record.
Su ministro de Finanzas, Fernando Haddad, se mostró, en cambio, algo más conciliador al decir que la diplomacia brasileña “siempre ha estado disponible para el Gobierno estadounidense para buscar una solución con mayor asociación y comprensión, como siempre hemos hecho”.
Lula devolvió a Trump una carta que tildó de “ofensiva” y explicó que el único argumento de carácter económico que esgrime en la nota es falso: “Las estadísticas del propio Gobierno de Estados Unidos comprueban un superávit de ese país en el comercio de bienes y servicios con Brasil del orden de 410.000 millones de dólares a lo largo de los últimos 15 años”.
“Veo muy pocas posibilidades de que las acciones de Trump beneficien a Bolsonaro. La interpretación inicial es que se trató de un grave ataque a Brasil y su soberanía, y que no le corresponde al Gobierno intervenir en el Supremo Tribunal Federal para garantizar la libertad de Bolsonaro”, traslada a este periódico Mario Sergio Lima, estratega macroeconómico de la consultora Medley Advisors. “Se trata de un ataque que afecta a todo el sector exportador brasileño y podría provocar un aumento del desempleo y una devaluación del real”.
“Estos son impactos muy negativos que el Gobierno puede canalizar hacia la responsabilidad de Bolsonaro. En otras palabras, legalmente, esta interferencia, en el mejor de los casos, no supone ninguna diferencia; en el peor, podría acelerar o agravar las sanciones”, resume.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro el pasado 10 de junio durante el juicio en el Tribunal Supremo por el intento de golpe de Estado.
El bolsonarismo, con Trump
La ultraderecha brasileña no dudó en jalear la decisión de Trump. No parecen ser conscientes de que son precisamente los sectores económicos alineados con Bolsonaro, como la agroindustria, los que sufrirán las principales repercusiones en caso de que entren en vigor los aranceles.
“Pueblo brasileño, vamos a hacer que el mundo oiga nuestra voz. ¡Agradezca al presidente Trump y vamos rumbo a la ley Magnitsky!”, escribió en redes sociales el diputado Eduardo Bolsonaro. La ley estadounidense que cita el hijo menor del expresidente impone sanciones para personas u organismos responsables de vulnerar los derechos humanos en cualquier parte del mundo.
Eduardo Bolsonaro permanece desde el pasado mes de febrero en Estados Unidos —donde dice estar exiliado— para pedir “justicia” para su padre. Es decir, una “amnistía amplia y general” contra él y contra el resto de implicados en la intentona golpista.
Desde Florida, el vástago de Bolsonaro se ha dedicado a presionar a la Administración Trump para que imponga sanciones, entre otros, contra el magistrado Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal, señalado por tumbar cuentas falsas en X, la red social de Elon Musk.
Eduardo Bolsonaro no fue el único representante del bolsonarismo en justificar el revés arancelario de Trump. La diputada Carol de Toni, por ejemplo, sostuvo que “Trump ha dejado claro que Brasil está en su radar por causa de la escalada autoritaria” del Gobierno de Lula.
Pero el pronunciamiento más destacado corrió a cargo del gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, exministro de Bolsonaro y principal candidato en la sucesión del expresidente, que responsabilizó a Lula de haberse ganado a pulso las sanciones por “poner la ideología por encima de la economía”.
“No sirve esconderse detrás de Bolsonaro. La responsabilidad es de quien gobierna. Las narrativas no resolverán el problema”, escribió en redes sociales.
Su postura puede pasarle factura. En primer lugar, porque es el gobernador de la región más industrializada de Brasil, donde los aranceles de Estados Unidos, como él mismo ha reconocido, pueden golpear con más fuerza.
En segundo lugar, porque Tarcísio es, como Bolsonaro, un admirador confeso de Trump. Tanto, que publicó en sus redes sociales un vídeo en el que aparecía con la gorra roja de MAGA el día en el que el mandatario republicano tomó posesión.
El exministro de Infraestructuras de Bolsonaro argumenta que Bolsonaro “debe ser juzgado únicamente por el pueblo brasileño, durante las elecciones”. La cuestión es que el Tribunal Superior Electoral lo inhabilitó hasta 2030 por su implicación en el golpe.
El centro y la derecha tradicional no se han dejado arrastrar por la furia del bolsonarismo. El excanciller Aloysio Nunes, ministro de Exteriores durante la presidencia interina del conservador Michel Temer, declaró a O Globo que lo de Trump “es cosa de gánster”.
“El trasfondo del asunto no es comercial, es político. No hay ningún argumento comercial que justifique esta acción de Trump”, explicó Nunes, que cargó las tintas contra Tarcísio: “Él propone una salida negociada. Es importante preguntarle qué es negociable en esta cuestión. Si habla de buena fe, ¿qué puede negociar Brasil? ¿El etanol estadounidense, afectando a los productores brasileños de etanol?”.
Además, el diario O Estado de São Paulo, próximo a las élites empresariales y políticas conservadoras durante sus 150 años de historia, publicó este jueves un editorial contundente que reconocía, entre otras cuestiones, que la postura adoptada por Lula había sido la correcta.
“No hay otra conclusión posible ante esta mezcolanza: se trata de una actitud mafiosa. Trump utiliza la amenaza de imponer aranceles comerciales a Brasil para forzar al país a ceder ante sus absurdas exigencias”, recoge el texto, que señala “el carácter absolutamente nocivo del trumpismo y, por extensión, del bolsonarismo”.
Los ministros del Supremo Tribunal Federal sospechan que Trump intenta allanar el terreno para la fuga de Bolsonaro, que teme acabar entre rejas.
“Es posible, pero si existen pruebas contundentes de que lo hará, los tribunales podrían ordenar su prisión preventiva”, anticipa Mario Sergio Lima, que advierte de que la situación es muy tensa. “El asilo podría salvar a Bolsonaro de la cárcel, pero reduce significativamente su poder político a nivel nacional”, señala.
En el pasado, Bolsonaro ha dado muestras de considerar como una opción huir de Brasil. Después de perder las elecciones frente a Lula a finales de 2022, pasó una larga estancia en Florida. En febrero del pasado año, cuatro días después de que las autoridades incautaran su pasaporte, el expresidente estuvo refugiado dos noches en la Embajada de Hungría, un país que gobierna desde hace quince años Viktor Orbán, otro de los socios principales de Trump.
“El caso contra Bolsonaro se encuentra en la fase de alegatos finales, cuando la Fiscalía y la defensa presentan sus argumentos a la consideración de los jueces”, recuerda Mario Sergio Lima. “Se espera que el caso llegue a juicio ante los jueces de la primera sala a finales de agosto o septiembre. Si se dicta una condena, aún habrá un plazo de uno a dos meses para apelar, conocidas como mociones declaratorias, que generalmente tienen poco efecto en la revocación de una sentencia. Según este cronograma, un posible arresto podría ocurrir en noviembre o principios de diciembre”.
La salud del expresidente no es, desde luego, la mejor. Arrastra siete cirugías desde el apuñalamiento que sufrió en 2018. Según la prensa brasileña, es probable que, en caso de ser condenado por la insurrección del 8 de enero, cumpla la condena en su casa.
BRICS y big tech
Como recoge en su misiva, la decisión de Trump de imponer sanciones contra Brasil también responde a “los ataques insidiosos de Brasil contra las elecciones libres y a la violación fundamental de la libertad de expresión de los estadounidenses”. Una línea que alude a las acciones de la Justicia brasileña contra las big tech estadounidenses, impulsadas por el juez De Moraes.
Otro motivo que irrita en Washington es la pertenencia de Brasil a los BRICS. Es más, la carta del presidente de Estados Unidos coincide con la cumbre del grupo de economías emergentes en Río de Janeiro. Una cumbre descafeinada a la que no han asistido ni el presidente ruso Vladímir Putin ni el presidente chino Xi Jinping.
“Es improbable que el interés de Trump se limite a Bolsonaro”, matiza en este sentido Mario Sergio Lima. “Hay otros intereses en juego, que quedaron claros en la carta: la regulación de las redes sociales y la influencia geopolítica de Brasil”.
“En el primer caso, Trump busca mitigar las posibles barreras para las empresas estadounidenses de redes sociales en Brasil. Pero, insisto, Brasil es un país soberano y sus leyes deben ser respetadas por las empresas que operan allí. Ninguna decisión judicial afecta las operaciones de las empresas a nivel mundial, sólo dentro de Brasil. Pero los sectores de la tecnología y las redes sociales se han vinculado profundamente con Trump, y él quiere ayudarlos”, subraya el consultor brasileño.
“En segundo lugar, Trump quiere reducir la influencia de China en Brasil y Sudamérica y tiene la misión de romper la unidad de los BRICS”, indica Mario Sergio Lima. “Brasil también tiene poco que hacer en este sentido. China es el mayor socio comercial de Brasil, con más del doble del flujo comercial con Brasil que con Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos es la mayor fuente de inversión directa en Brasil. Sin embargo, también en este ámbito, la inversión china está creciendo. Brasil no puede permitirse abandonar esta alianza”.
Lula sale reforzado
Lula puede seguir la estela de Mark Carney, Claudia Sheinbaum o José Raúl Mulino y salir reforzado del choque con Trump cuando sus índices de aprobación han caído por debajo del 30 por ciento, según la encuestadora Datafolha.
“Para Lula, esta es una oportunidad de oro para recuperar su popularidad y buscar unidad interna para defender los intereses nacionales”, considera Mario Sergio Lima. “Las elecciones aún están lejos —octubre de 2026—, pero está desarrollando una sólida narrativa como defensor de Brasil y su pueblo frente al ataque de una potencia extranjera. Y es probable que utilice este argumento”.