El Salvador ha perdido esta semana a uno de sus principales referentes en la defensa de los derechos humanos.
Cristosal, la organización que durante años ha documentado torturas, muertes en prisión y casos de corrupción en el gobierno de Nayib Bukele, ha anunciado el cierre de sus oficinas en el país y el exilio de sus empleados hacia países vecinos.
La decisión, según explicó su director Noah Bullock, responde a una nueva “ola de represión” que ha puesto en riesgo directo a sus trabajadores.
“Cristosal se convirtió en un objetivo principal del régimen”, afirmó Bullock. Y añadió: “Perseguirnos a nosotros es enviar un mensaje a toda la sociedad civil: denunciar los abusos del poder tiene consecuencias”, según cuenta The New York Times.
Régimen de excepción
El éxodo de Cristosal marca un punto de inflexión en el progresivo deterioro del Estado de derecho en El Salvador, donde más de 80.000 personas han sido detenidas bajo un régimen de excepción impuesto por Bukele desde 2022, con el argumento de combatir a las pandillas.
Sin embargo, cada vez más voces denuncian que esa medida ha sido transformada en un arma política contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
La persecución se intensificó en mayo, cuando Ruth López, directora anticorrupción de Cristosal, fue arrestada y acusada de enriquecimiento ilícito.
López, conocida por liderar investigaciones sobre el uso de fondos públicos para financiar el espionaje con Pegasus, denunció ser una presa política y reclamó un juicio público.
Su caso conmocionó a la opinión pública salvadoreña. Pocas semanas después, fue detenido también el abogado Enrique Anaya, tras criticar su detención y calificar a Bukele de “dictador”, un término que el propio presidente aceptó con orgullo en un discurso en junio.
Espionaje y amenazas
“Nos han vigilado, hostigado y visitado de noche por la policía. Ya no tenemos garantías legales para defendernos si nos detienen”, advirtió Bullock.
La organización afirma que ha sido espiada durante años con software como Pegasus, lo que vulneró la seguridad de sus miembros y de las víctimas con las que trabajaban.
Durante más de una década, Cristosal puso rostro a las cifras de la represión: trabajó codo a codo con familias de detenidos arbitrariamente y denunció muertes bajo custodia.
Su labor también fue clave para investigar el desvío de fondos durante la pandemia y el uso ilegal de recursos públicos.
Alarma internacional
Organizaciones como Human Rights Watch han advertido de las graves implicaciones de esta salida. “Es una señal escalofriante para las víctimas, la prensa y toda la sociedad civil”, declaró Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.
La Unión Europea también condenó la represión creciente, que se ha intensificado con leyes como la de “agentes extranjeros”, que impone un 30% de impuesto a las donaciones internacionales recibidas por ONG.
En contraste, la administración Trump en EEUU -que ha reforzado la cooperación con Bukele para deportar migrantes centroamericanos- ha optado por el silencio ante la deriva autoritaria.
Mientras tanto, periodistas del medio independiente El Faro también se han exiliado tras conocer que existían órdenes de arresto en su contra, y líderes sociales y religiosos han sido encarcelados por protestar.
Fundada por ministros episcopales salvadoreños en Vermont hace 25 años, Cristosal mantendrá ahora sus operaciones desde sus oficinas en Guatemala y Honduras: “Seguiremos trabajando, pero desde el exilio”, aseguró Bullock.