Aunque la primera parte del proceso de impeachment – el segundo en el caso del todavía presidente de EEUU Donald J. Trump – se ha llevado a cabo a un ritmo vertiginoso, varios son los escollos a sortear para completar o al menos comenzar la segunda parte del juicio político. El Senado tendrá que hacer malabarismos para gestionar el juicio político a Trump, la confirmación del gabinete de Biden en los primeros días de su administración y la aprobación de un proyecto de ley de ayudas Covid.
De hecho, prácticamente al tiempo que la Cámara de Representantes votaba a favor de acusar al presidente Trump por segunda vez, el senador republicano Mitch McConnell, portavoz en funciones del Senado, echó el freno anunciando que el juicio en el Senado no podría comenzar hasta el 19 de enero como pronto. McConell les pasaba así la responsabilidad a los demócratas, que pronto controlarán la cámara.
“Dadas las reglas, los procedimientos y los precedentes del Senado que rigen los juicios de acusación presidencial, simplemente no hay posibilidad de que concluya un juicio justo o serio antes de que el presidente electo Biden preste juramento la próxima semana”, dijo McConnell. "A la luz de esta realidad, creo que será mejor para nuestra nación si el Congreso y el poder ejecutivo pasan los próximos siete días completamente enfocados en facilitar una toma de posesión segura y una transferencia ordenada del poder a la administración entrante de Biden".
Juicio a ciegas
La pregunta del millón que resuena en los pasillos del Capitolio es si un ex presidente puede ser sometido a un juicio político o ‘impeachment’ en el Senado. Hasta la fecha, esa pregunta no ha recibido una respuesta contundente, tal y como recuerdan desde el Constitution Center.
La disyuntiva se les presentó a los Padres Fundadores a principios de 1799, aproximadamente 11 años después de la Convención Constitucional en Filadelfia. La Cámara de Representantes acusó al senador William Blount y envió artículos de juicio político al Senado después de que Blount fuera destituido. El juicio nunca llegó a término en el Senado.
En un reciente editorial publicado por el blog legal ‘Just Security’, el profesor de derecho de la UNC Michael J. Gerhardt señala que Donald J. Trump se convertiría en un ciudadano particular después de dejar el cargo y que la Constitución solo se aplica a gobernantes y cargos públicos en activo.
“El problema con este argumento, sin embargo, es que los presidentes y los demás funcionarios que están sujetos a juicio político no son como el resto de nosotros. Una vez que dejan el cargo y regresan a sus vidas privadas, siguen siendo ex presidentes y ex funcionarios que pueden haber cometido delitos impugnables en el cargo", apunta Gerhard. Lo cierto es que aunque escasos (tres en mas de 300 anyos, para ser exactos) existen antecedentes de casos en los que se ha sometido a juicio político a ex miembros del Gobierno.
En declaraciones para un especial del Washington Post de 2019 (cuando empezaba a plantearse el primer impeachment de Trump), el académico Frank O. Bowman señalaba el el juicio político de 1876 de William Belknap, quien se desempeñó como Secretario de Guerra del presidente Ulysses S. Grant. Belknap enfrentó acusaciones de recibir sobornos y renunció momentos antes de que la Cámara aprobara los artículos de juicio político.
La Cámara acusó a Belknap de "prostituir vilmente su alto cargo para su lujuria por ganancias privadas". En el juicio de Belknap, el Senado aprobó una moción en una votación de 37 a 29 que decía que “William W. Belknap, el demandado, puede ser juzgado por un juicio político por actos realizados como Secretario de Guerra, a pesar haber renunciado a dicho cargo antes de ser acusado. El Senado acabo por absolver a Belknap de todos los cargos al no alcanzar la mayoría necesaria de dos tercios.
El tercer precedente es el caso del juez federal West Hughes Humphries quien dejó el banco federal en Tennessee para unirse a la Confederación como juez sin renunciar a su comisión federal. En enero de 1862, el miembro de la Cámara John Bingham dirigió el comité de investigación, que acusó a Humphries de delitos graves y faltas. El Senado encontró a Humphries culpable de siete cargos en junio de 1862, y en una votación separada, un Senado unánime descalificó a Humphries para desempeñar un cargo federal en el futuro.
Caza de brujas republicana
Menos de 24 horas después de que la presidenta de la conferencia republicana de la Cámara de Representantes, Liz Cheney, dijera que votaría para destituir a Trump de su cargo por su papel en los disturbios en el Capitolio, algunos de los aliados más cercanos se movilizaron para expulsar a la número 3 del partido republicano.
Es el caso de varios miembros del Freedom Caucus, quienes comenzaron a circular una petición el miércoles para forzar una reunión especial de la conferencia para poder debatir y votar sobre una resolución que pide a Cheney que renuncie a su cargo. Solo el 20 por ciento, o 42 miembros, del Partido Republicano de la Cámara de Representantes debe firmar la petición para que dicha reunión se celebre, aunque la mayoría de la conferencia necesitaría estar de acuerdo con la resolución para que sea adoptada. Sería una votación secreta.
Cheney ya ha dejado claro que no tiene intenciones de irse voluntariamente. "No voy a ninguna parte. Este es un voto de conciencia", dijo a POLITICO desde su despacho en el Capitolio. "Es uno en el que hay diferentes puntos de vista en nuestra conferencia. Pero nuestra nación se enfrenta a una crisis constitucional sin precedentes, desde la guerra civil". “Eso es en lo que debemos concentrarnos”, agregó. “Ahí es donde deben estar nuestros esfuerzos y atención”.
Mientras, el representante republicano por Nueva York, John Katko, que también votó a favor de enjuiciar a Trump, emitió una carta de apoyo a Cheney el miércoles, según publica POLITICO.
Además de Cheney y Katko, otros ocho republicanos votaron el miércoles para acusar a Trump: Adam Kinzinger de Illinois, Fred Upton de Michigan, Jaime Herrera Beutler de Washington, Dan Newhouse de Washington, David Valadao de California, Tom Rice de Carolina del Sur, Anthony González de Ohio y Peter Meijer de Michigan.
Proteger el estreno de Biden
El juicio político contra Donald Trump por "incitación a la insurrección" está previsto que dé comienzo a la 1 de la tarde el 20 de enero, solo una hora después de que Biden asuma el cargo y Trump se convierta en expresidente. El Senado al completo tendrá que ponerse de acuerdo para ejecutar un ambicioso programa que coincidirá con los 100 primeros días de gobierno de Biden: confirmar el gabinete del nuevo presidente y proceder con el juicio contra Trump.
"Ciertamente estamos listos para hacer ambas cosas al mismo tiempo", dijo la senadora demócrata Kirsten Gillibrand en declaraciones a la CNN, aunque enfatizó que poner en marcha la era Biden debería de ser la máxima prioridad.
Preocupa en Washington la falta de consenso entre los republicanos; muchos se oponen al impeachment o sostienen que ni siquiera es constitucional una vez que Trump haya dejado el cargo. Biden necesita cerrar filas con demócratas y republicanos para manejar el proceso de impeachment, la confirmación de su propio gabinete y el lanzamiento de un nuevo proyecto de ley que rescate la economía del país de la crisis provocada por el coronavirus.
Ayudas Covid
Lo primero que hará Joe Biden tras su investidura es dar a conocer un plan de estímulo para el coronavirus que se espera que incluya cheques de 2.000 dólares cada uno, medidas de alivio fiscal a nivel estatal y local y una extensión del seguro de desempleo. Pese a que en cuestión de días los demócratas pronto ocuparán la Cámara y el Senado, los demócratas del Senado necesitarán el apoyo de los republicanos para sacar adelante el proyecto de ley a menos que elijan utilizar un procedimiento que solo requiera una mayoría de votos.