Hace ahora una década, ningún miembro del Ejército de los Estados Unidos podía declararse abiertamente homosexual ni comentar siquiera con sus compañeros que estaba saliendo con alguien de su mismo sexo. Era la denominada política del don't ask, don't tell (no preguntes, no digas), que la administración Clinton estableció en 1995 para permitir, bajo esta discriminatoria premisa, que cualquiera pudiera unirse a las Fuerzas Armadas con independencia de su orientación sexual.
Hoy, pasados casi diez años de la supresión de aquella regla, los cuerpos militares norteamericanos no sólo han integrado con normalidad a los soldados abiertamente homosexuales, sino que también han comenzado a asimilar sus nuevas realidades familiares, después de que en 2015 el Supremo legalizara los matrimonios igualitarios para toda la nación.
A esta progresiva adaptación le faltaba quizá un último muro por derribar, aunque pocos habían reparado en él: el del adulterio.
En las Fuerzas Armadas norteamericanas, la infidelidad dentro del matrimonio sigue siendo ilegal para todos sus miembros. Esto también ocurre en la legislación de algunos estados del país, aunque a diferencia de la jurisdicción militar, estas conductas apenas se persiguen. En el Ejército, en cambio, la Fiscalía puede actuar contra un adúltero siempre que sus actos socaven "el buen orden y la disciplina" o impliquen un "descrédito" para la institución.
Esto ha sido así durante décadas. Sin embargo, desde el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo, no todos los soldados y oficiales estaban afectados por este reglamento de la misma manera, ya que la definición de este delito, pensado para otros tiempos, se había quedado desfasada, hasta que en 2016 un juicio por violación puso sobre la mesa el debate.
Caso Caughey
Fue el caso de Eugene Caughey, un coronel de las Fuerzas Aéreas con más de 20 años de servicio, que disfrutaba de una buena reputación hasta que aquel año tuvo que sentarse en el banquillo de una corte militar. Estaba acusado de violar a una mujer en una base de Colorado a finales de 2014.
Según la documentación del caso, este oficial, casado, abusó presuntamente de su víctima mientras la aprisionaba contra la pared y contra el suelo. Además, habría manoseado a otras mujeres en dos ocasiones, y habría incumplido una orden dictada por un superior para mantenerse alejado de una de las denunciantes. La Fiscalía también le imputaba haberse fotografiado mostrando sus genitales mientras vestía el uniforme.
A esta larga lista de cargos se sumaba una acusación de adulterio por estas agresiones y por haber mantenido presuntamente sexo consensuado con otras cuatro mujeres fuera de su matrimonio.
De todos estos delitos, quizá el que pueda sorprender más sea el relativo a la infidelidad.
En las Fuerzas Armadas, las relaciones extramatrimoniales están castigadas con hasta un año de confinamiento y una baja deshonrosa que implica la pérdida de beneficios como la pensión. Sin embargo, rara vez se persigue el adulterio, a no ser que se acompañe de otros cargos, como en el proceso de Caughey.
El caso de este coronel, uno más de los muchos juicios por abusos sexuales en el Ejército norteamericano, podría haber pasado desapercibido para los medios de comunicación de no haber sido por los argumentos que empleó en su defensa legal.
El abogado de Caughey intentó librarle de los cargos de adulterio argumentando que la prohibición militar de mantener relaciones extramaritales resultaba discriminatoria para los heterosexuales, ya que, según alegaba, los reglamentos definían el adulterio como la realización de un coito vaginal. Por lo tanto, la relación sexual debía ser entre un hombre y una mujer no casados entre sí, siempre y cuando esas prácticas implicaran a sus respectivos órganos genitales, y que la relación pudiera terminar en descendencia.
Según el equipo legal del coronel, esta disposición no era aplicable a las parejas del mismo sexo y, por tanto, era discriminatoria y violaba los derechos constitucionales de su cliente.
Los fiscales militares discreparon de este argumento, por lo que el caso prometía resolver un interesante debate jurídico, en un país que acababa de dar reconocimiento federal a los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Suicidio
Con estos titulares en la prensa de la época, un juez sería el encargado de dirimir la disputa en octubre. Sin embargo, el 26 de septiembre de aquel año, a pocas semanas de que arrancase el juicio, Caughey apareció muerto en su casa de Colorado tras suicidarse, según concluyó la policía.
Como suele ocurrir en estas situaciones, la Fiscalía retiró el caso ante el fallecimiento del acusado, por lo que quedó aplazado el debate jurídico; no así el mediático.
Expertos consultados en aquel momento, como Eugene R. Fidell, profesor de justicia militar en la Facultad de Derecho de Yale, declaró a AP que era la primera vez que alguien argüía una discriminación de este tipo en un tribunal militar. “Así es como se desarrolla la ley, con abogacía creativa”, dijo.
En su opinión, las Fuerzas Armadas norteamericanas necesitaban actualizar sus reglamentos a cuenta de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, por lo que aconsejó que se aprovechara para convertir la infidelidad en una falta administrativa, fuera del código penal.
El Ejército desoyó este consejo y el de otros expertos y, a día de hoy, el adulterio sigue siendo un crimen perseguido por su justicia. Pero con nuevos matices.
Se amplía el coito
Aquel mismo año 2016, el Congreso llevó a cabo una profunda modificación de los reglamentos de la Ley de Justicia Militar, que no entraron en vigor hasta principios de 2019, hace ahora un año. El adulterio pasó a denominarse conducta sexual extramarital, con algunas novedades dirigidas a las parejas del mismo sexo.
Engañar a un cónyuge sigue siendo ilegal, eso no ha cambiado. Pero se amplía la definición de infidelidad. Hasta entonces, el adulterio sólo se definía como la relación sexual entre un hombre y una mujer, específicamente el coito vaginal, lo que dejaba fuera las relaciones homosexuales, así como otras prácticas.
Ahora, el adulterio incluye actos genitales, orales y anales, englobando así a todo tipo de parejas y todo tipo de conductas sexuales.
El reglamento modificó otros aspectos como la definición de violencia dentro en la pareja, que antes se limitaba a los matrimonios. Ahora incluye también relaciones de noviazgo y otras no formalizadas legalmente. Además, se incluyó una norma específica contra las relaciones sexuales entre instructores y aprendices.
Este nuevo reglamento, la mayor actualización de esta normativa desde la Segunda Guerra Mundial, acaba de cumplir un año. Y aunque ha ampliado la población a la que se le puede encausar por el delito de adulterio, también ha relajado los criterios a la hora de su aplicación. Por ejemplo, ya no se considera que un soldado es infiel si inicia otra relación estando legalmente separado. Antes de la reforma, sólo el divorcio libraba de la acusación.
Además, la sensibilidad hacia los delitos de comportamiento se centra ahora mucho más en los casos de agresión sexual, dejando el adulterio como un complemento de estos cargos.
Borracheras y moteles
Las hemerotecas muestran que esto no siempre fue así. En 2013, una infante de la Marina destinada a California fue condenada por una corte militar por intento de adulterio y por mentir a los investigadores. El castigo fue una carta de reprimenda y la pérdida de 3.000 dólares de su sueldo, informó entonces Los Ángeles Times.
La militar, junto a un sargento con quien trabajaba, acudió a un motel después de pasarse la tarde bebiendo juntos.
El esposo de la mujer, otro suboficial de la Marina, se enteró y denunció a las autoridades de que su esposa le había sido infiel. En este caso, al implicar a tres soldados, este adulterio afectaba al "buen orden y la disciplina" de la institución, por lo que se persiguió.
La infante alegó que estaba demasiado borracha para consentir en tener relaciones sexuales, algo que quedó demostrado. Sin embargo, aquello no se tradujo en una condena para el sargento por aprovecharse de ella. Al contrario, el juez dictaminó que al haber acudido al motel, quedó probado el intento de adulterio de la infante, algo que se vio agravado por haber mentido durante la investigación del caso. Su compañero dijo desconocer que ella estaba casada, por lo que no fue imputado por adulterio. Tampoco por violación. Hoy, posiblemente, aquél habría sido el titular.