Hace cinco meses, José Vicente García, concejal opositor en el estado venezolano de Táchira (oeste), fue arrestado al salir de casa por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), encargado de frustrar amenazas contra la nación y tachado de policía política por parte de los contrarios al Gobierno.

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Su mujer denunció que los servicios de inteligencia de Nicolás Maduro habían fabricado pruebas durante la detención diseminando granadas en el vehículo del concejal, que permanece preso en la sede caraqueña del SEBIN pese a que se ordenó su liberación al no existir una acusación contra él.

El de García es uno de los casos de detención arbitraria recogidos por Amnistía Internacional (AI) en un informe divulgado este miércoles que documenta una política de represión por parte de las autoridades venezolanas para silenciar rivales políticos.

“[Las] detenciones arbitrarias se usan de forma constante para acallar a la disidencia política”, denuncia el informe, titulado “Silencio a la Fuerza”. Estas prácticas vulneran derechos y libertades como la libertad de expresión o a la no discriminación, afirma.

AI destaca que el SEBIN a menudo interviene sin órdenes judiciales y retiene a los presos después de que se dicte su excarcelación.

El dirigente de Voluntad Popular Yon Goicoechea fue aprehendido a finales del agosto pasado. El oficialismo aseguró que el opositor portaba “cordones detonantes” y había recibido entrenamiento de Estados Unidos.

La esposa de Goicoechea, Rosaura Valentini, afirmó a EL ESPAÑOL que tuvo que esperar “terribles horas” para conocer el paradero de su marido.

La justicia concluyó en octubre que no había razón para mantenerlo encarcelado, pero el opositor continúa en El Helicoide, como se denomina a la sede del SEBIN en Caracas.

Aministía Internacional ha constatado que al menos 16 personas permanecen encarceladas pese a no existir motivos para su retención. Asimismo, denuncia que la falta de independencia del Poder Judicial mina las garantías a un debido proceso en el país.

Los opositores pueden ser jugados incluso por tribunales militares. Por ejemplo, la activista Steyci Escalona está siendo juzgada bajo la jurisdicción militar. Se dirigía a Caracas en compañía del diputado Gilber Caro cuando fueron apresados por el SEBIN al comienzo del año. El Gobierno dijo que portaban material explosivo y un fusil.

Esta semana la activista Lilian Tintori, mujer del líder opositor preso Leopoldo López, ha denunciado que su marido se encuentra aislado en la cárcel militar de Ramo Verde desde hace mes sin que su familia y sus abogados lo puedan visitar.

“¿Por qué el secuestro? ¿Por qué tienen secuestrado a Leopoldo en una cárcel militar?”, dijo Tintori en una rueda de prensa.

Venezuela vive una oleada de protestas desde que el Tribunal Supremo absorbiera las competencias de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, por considerarla en desacato. Aunque el Gobierno dio marcha atrás, los opositores entienden que existe una ruptura del orden constitucional.

Las protestas se han saldado con 26 muertes, más de 400 heridos y cerca de 1.300 detenidos, según datos de la Fiscalía recogidos por Efe.

Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han pedido que se respete el derecho a manifestación y la libertad de expresión en le país.