Un vendedor desesperado se prendió fuego hace siete años en Sidi Bou Said, una ciudad de Túnez, y las llamas acabaron con el presidente tunecino (que llevaba más de 24 años en el poder) y con varios gobiernos más.

La llamada Primavera Árabe provocó la dimisión de Ben Alí pero también la caída de regímenes como el egipcio, el libio e influyó en el origen de conflictos que han derivado en guerras civiles como en Yemen o Siria.

Siete años después, el descontento continúa entre los tunecinos con distintos actores pero el mismo problema de fondo: la crisis económica.

El actor principal invitado a estas revueltas es el FMI. En 2015, el fondo prestó a Túnez 2.400 millones de euros (2.900 millones de dólares) a cuatro años. Un rescate que salvó al país de la bancarrota pero que le ha impuesto unas condiciones que lo está fracturando política y socialmente: está obligado a reducir el gasto con una rebaja del sector público con bajas voluntaria; congelar los salarios y aumentar los ingresos en un país con un 15% de paro y un 6% de inflación.

Con estas cifras y presiones sobre la mesa, el Gobierno tunecino aprobó a finales de 2017 unas nuevas cuentas que suponían aumentar los impuestos a la gasolina, las tarjetas telefónicas, el uso de Internet, las habitaciones de hotel e incluso a alimentos básicos como frutas y verduras.

El sueldo mínimo en Túnez es de 132 euros (160 dólares) cuando todos los informes económicos advierten de que una familia pequeña no puede sobrevivir por debajo de los 198 euros (240 dólares).

Pero es que el instituto estatal de Túnez ha advertido de que el déficit comercial se amplió en diciembre hasta los 15.592 millones de dinares tunecinos (5.163 millones de euros), un récord en negativo para las cuentas del país.

En esta situación de asfixia, el principal grupo de protesta 'Fesh Nestannew?' ("¿Qué estamos esperando?"), se echó a la calle el pasado domingo en las principales ciudades del país para exigir lo mismo que les llevó a derrocar al Gobierno en 2011: "Empleo, libertad y dignidad nacional".

La situación económica ha sido la mecha que ha prendido en una sociedad quemada y desencantada con la clase política, harta de ver cómo los presidentes van pasando uno tras otro sin que resuelvan la situación.

El país ha tenido nueve Gobiernos en estos siete años en la que se podría considerar la democracia más estable de la zona, pero ninguno ha podido sacar al país de las penurias económicas que afectan cada vez más a un porcentaje mayor de la población, sobre todo en el interior, donde la miseria es aún insostenible que en la costa.

De hecho, el pasado fin de semana el partido en el Gobierno Nidaá Tunis y la formación islamista Ennahda, principal fuerza en el Parlamento, rompieron su alianza de Gobierno, donde también había partidos independientes.

En las protestas, que se han cobrado ya la vida de un manifestante y hay más de 600 detenidos, se mezclan hombres y mujeres de distinto estatus social. Y la respuesta del Gobierno ha sido desplegar el ejército por las grandes ciudades para evitar que las manifestaciones se conviertan en una nueva revolución.

"Las fuerzas de seguridad tenían como objetivo aterrorizar y silenciar a los manifestantes a través de la violencia sistemática", recuerda a The Guardian Hazem Chikhaoui, un estudiante de 22 años que está involucrado en el movimiento.

Muchos analistas han pedido al Gobierno que dé marcha atrás en algunas de las medidas más impopulares para poder calmar la situación.

Sin embargo, el primer ministro no parece muy decidido a retractarse de su plan económico. "La gente tiene que entender que la situación es extraordinaria y que su país tiene dificultades, pero creemos que 2018 será el último año difícil para los tunecinos", aseguró Youssef Chahed.

Mientras miembros del Ejecutivo insisten en que las manifestaciones no tienen nada que ver con la situación económica y acusan al principal partido en la oposición, Frente Popular, de alentarlas.

"Lo que sucedió no tuvo nada que ver con la democracia y las protestas contra los aumentos de precios. Ayer los manifestantes quemaron dos estaciones de policía. Saquearon tiendas, bancos y propiedades dañadas en muchas ciudades", aseguró un portavoz gubernamental.

Sea como fuera, los movimientos sociales y la oposición siguen presionando en la calle para denunciar la crisis, el hambre y el paro y pedir soluciones.

Este domingo, cuando se cumplen 7 años de la caída de Ben Ali, se ha convocado una gran manifestación en distintos puntos del país que quieren ser el reflejo del pulso que vienen echando al Gobierno desde que se iniciaron las protestas.