Las autoridades marroquíes han vuelto a impedir la entrada a un grupo de juristas españoles a El Aaiún, capital del Sáhara Occidental. En esta ocasión, se trata de una delegación de abogados de Asociación Internacional de Juristas del Sáhara Occidental (IAJUWS) comisionada por el Consejo General de la Abogacía Española, con la misión de realizar labor de análisis y verificación de los derechos humanos de la población saharaui, así como un estudio de la gestión de los recursos naturales del territorio.
“No pudimos bajar del avión. Dos señores que no se identificaron, nos bloquearon, nos han pegado empujones y ni siquiera nos pidieron el pasaporte. Entraron dentro del avión y nos impidieron la entrada. Nos obligaron a recoger la tarjeta de embarque y nos amenazaron que estábamos interrumpiendo el tráfico internacional con las consecuencias que puede generar”, explica una de las abogadas, Flora Marrero, a su llegada a Canarias.
La delegación, compuesta por las juristas canarias Dolores Travieso y Flora Marrero, y el técnico Silvestre Suárez, tenía previsto realizar una misión del 15 al 18 de marzo, dentro del trabajo iniciado en 2002, y que ha sido continuado en el tiempo, para informar a las Naciones Unidas de la situación en la que se encuentra el pueblo saharaui.
Juristas españoles, interceptados en el avión con destino al Sáhara Occidental
Sin embargo, al intentar desembarcar fueron interceptados por dos hombres sin uniforme, que no se identificaron a pesar de la insistencia de las abogadas, y que grabaron toda la intervención, según se puede observar en el video al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. “Ni la tripulación ni los supuestos agentes marroquíes han dado explicación alguna”, afirma la asociación.
Los presidentes de los gobiernos de España y de Canarias, el secretario general de Naciones Unidas, la presidenta del Parlamento y el Consejo Europeo están informados de este viaje y del propósito del mismo, bajo el amparo del Consejo General de la Abogacía.
“España, como potencia administradora, incumple sistemáticamente las obligaciones previstas en el artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas: informar sobre la situación del pueblo saharaui y protegerlo ante cualquier agresión”, lamenta IAJUWS en su cuenta de X (antes Twitter).
Juristas españoles, interceptados en el avión con destino al Sáhara Occidental
Igualmente, la asociación ha señalado al capitán del avión de la compañía canaria Binter, en la que viajaban los juristas, “por su colaboración con las fuerzas de ocupación marroquíes. Binter y Marruecos nos han impedido realizar nuestro trabajo de observación jurídica en las zonas saharauis ocupadas por Marruecos”.
“Lo sorprendente es que durante al menos media hora tuvieron ocupado el avión porque no dejaron entrar a los pasajeros, en una postura chulesca y prepotente”, manifestó Silvestre Suárez.
Los abogados tenían programadas reuniones con los familiares de los presos políticos y de conciencia saharauis, con la población civil, con organizaciones de mujeres, y con los colectivos y organizaciones saharauis existentes en el territorio.
“Este bloqueo evidencia la creciente represión y la falta de transparencia sobre lo que ocurre en las zonas saharauis ocupadas por Marruecos, donde las restricciones a la libertad de movimiento y la represión son solo una muestra de las graves violaciones de derechos humanos que enfrenta el pueblo saharaui a diario”, declara IAJUWS en un comunicado tras la expulsión.
“Se hace necesario para los juristas el mantenimiento de las misiones de observación al Sáhara Occidental por diferentes razones, como la no conclusión de la descolonización por parte de España de la antigua colonia, la permanencia de una potencia ocupante rigiendo y gestionando el territorio no autónomo, la existencia de una guerra desde el año 2021 provocada por la ruptura del Alto Fuego protagonizada por Marruecos, la persistencia en cárceles marroquíes de defensores de derechos humanos saharauis y las sentencias del 4 de octubre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaran la nulidad de Acuerdos de Pesca y Agricultura entre la UE y Marruecos”, añaden en dicho comunicado.
Además, la asociación añade que, dada la falta de información y conocimiento de lo que sucede en el Sáhara Occidental y a sus residentes, se ven obligados a continuar con las misiones de observación "desde la responsabilidad y el compromiso al respeto de la legalidad internacional".
En este caso, además era importante el seguimiento a las condenas de los presos políticos saharauis, como explica Inés Miranda, presidenta de IAJUWS, quien recuerda que “hay 34 presos políticos, 9 condenados a cadena perpetua, dispersos por las cárceles marroquíes".
Miranda califica al tribunal de justicia como "totalmente incompetente" y les acusa de haberse saltado el IV Convenio de Ginebra o de haberlos condenado exclusivamente por "defender el derecho a la paz y a la autodeterminación".
En lo que llevamos de año, han sido expulsadas 14 personas españolas del Sáhara Occidental. Como ya se informó en EL ESPAÑOL, el 20 de febrero las autoridades marroquíes impidieron la entrada a un grupo de eurodiputados, entre ellos Isa Serra de Podemos.
Más recientemente, la policía marroquí abordó en su hotel y expulsó a David Blanco, responsable de relaciones exteriores del sindicato CGT, tras reunirse en Dajla con activistas saharauis. Todos coinciden en que la Embajada española no les dio amparo.