China ha parado en seco a la BBC, bloqueando su canal World News en el país. Las autoridades reprenden además al gigante público británico por "ir contra los requisitos de que la información debe ser imparcial y verídica".

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"Tras una investigación", la Administración Nacional de Radio y Televisión de China "concluyó" -indica en un comunicado- que deteminadas informaciones "violaron seriamente" la normativa del país asiático.

La acusación no termina ahí, llegando a sostener esta autoridad que la BBC "daña los intereses de China y mina la unidad nacional". Por esto, no sólo ha cortado la emisión sino que se rechazará toda solicitud incluso para el próximo año.

Reino Unido no ha tardado en salir en defensa de uno de sus símbolos, de una de sus grandes marcas en el mundo, como es BBC World News. El ministro de Exteriores, Dominic Raab, considera "inaceptable" la decisión de China.

"Es una restricción inaceptable de la libertad de los medios de comunicación que dañará la reputación de China a los ojos del mundo", ha denunciado Raab.

Xinjiang y la Covid-19

El motivo del veto no es otro que informaciones relativas a China que no dejan en buen lugar a su Gobierno, en concreto reportajes sobre el origen de la Covid-19 y la opacidad oficial o la persecución de la minoría étnica uigur en Xinjiang.

Pekín niega rotundamente estas informaciones sobre lo que acontece en Xinjiang, una región del noroeste de China en la que la prensa extranjera se topa con restricciones adicionales a la hora de hacer su trabajo.

Ya desde hace unas semanas, la prensa estatal china abonaba el terreno hacia esta censura, dirigiendo una campaña contra la BBC y sus periodistas, insultados y acosados además en redes sociales.

Asimismo, hace apenas una semana, el regulador de medios británico, Ofcom, anunció que retiraba al canal inglés de la estatal China Global Television Network (CGTN) su licencia para emitir en el Reino Unido.

Según Ofcom, la empresa titular de la licencia de CGTN "no cumple con el requisito legal de tener control sobre el servicio", una función que el regulador sostiene que está en manos en última instancia del Partido Comunista.