Estados Unidos está endureciendo las condiciones para residir en el país en pleno auge de la pandemia del coronavirus. El Gobierno ha anunciado que aumentará las tarifas actuales para adquirir la ciudadanía estadounidense y para los trámites de asilo. Asimismo, rechazará todas las nuevas solicitudes de amparo en el programa migratorio para jóvenes indocumentados DACA y dará una extensión de solo un año a los ahora incluidos. 

EEUU es el país más afectado del mundo por la pandemia, con más de 4,6 millones de contagios y más de 154.000 muertes en apenas cinco meses. Este domingo, la coordinadora del grupo de trabajo de la Casa Blanca contra la Covid-19, Deborah Birx, alertó de una mayor expansión de la pandemia: "Esta epidemia ahora mismo es diferente y es amplia, está más extendida" y explicó que el virus está "extraordinariamente extendido".

En este contexto, el Gobierno de Donald Trump está endureciendo el costo para adquirir la ciudadanía, así como para pedir asilo. Unas medidas que golpearán con dureza a las personas que disponen de menos recursos. 

Concretamente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) explica que el ajuste incluye una tarifa de de 50 dólares para realizar la Solicitud de Asilo, lo que convierte al país en el cuarto del mundo en cobrar una tarifa a cambio de otorgar protección humanitaria. También se incrementará el precio de permiso de trabajo.

La representante guatemalteca por California, Norma Torres, ha cuestionado a Trump por "atacar" la idea de EEUU como "una nación de inmigrantes". 

“La posición de Estados Unidos como nación de inmigrantes está siendo atacada por este presidente, y no podemos seguir ignorándola [...] Necesitamos un presidente que esté orgulloso de nuestra diversidad y que dé la bienvenida a aquellos en todo el mundo que aspiran a unirse a nosotros”, explica en un comunicado. 

Golpe a los jóvenes migrantes

En la misma línea, el país rechazará a partir de ahora todas las nuevas solicitudes de amparo en el programa migratorio para jóvenes indocumentados DACA, que regulariza, aunque de manera temporal, a los jóvenes indocumentados que llegaron de la mano de sus padres.

A mediados de junio el Tribunal Supremo calificó como "caprichoso y arbitrario" el decreto del presidente Donald Trump de diciembre de 2017 en el que canceló el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado por decreto de su predecesor, Barack Obama, en 2012 y que amparó a unas 650.000 personas traídas ilegalmente al país cuando eran menores de edad.

El fallo del Supremo dejó abierta la posibilidad de que el Gobierno presentara de nuevo su posición sustentándola en argumentos, algo que aún no ha hecho. "Es importante tener claro que el tribunal no dictaminó que el programa de Obama era legal", explicaron estas fuentes.

El Gobierno de Trump "ha emprendido ahora una revisión nueva y completa del DACA y hacerla correctamente requerirá tiempo", señaló la fuente. "No voy a estimar ahora cuánto tiempo llevará esto", dijo.

Mientras esta revisión completa su curso, el Gobierno de Trump "rechazará todas las solicitudes nuevas" de amparo bajo el DACA y "adjudicará todas las solicitudes de renovación (del permiso) pero solo por un año, en lugar de dos años, como ocurría antes".

"Todas las solicitudes de permiso con antelación se rechazarán a menos que haya circunstancias extraordinarias", añadió, refiriéndose a las autorizaciones que los beneficiarios de DACA podían gestionar para viajar al exterior del país en instancias de alguna emergencia.

Un juez federal había dado este lunes de plazo al Gobierno hasta el 11 de agosto para que informara acerca de qué medidas ha tomado para cumplir con el fallo del Supremo que mantuvo en vigencia el programa DACA. La decisión del Tribunal Supremo obliga al Gobierno a seguir tramitando las extensiones de los permisos y a aceptar las solicitudes de nuevos candidatos del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Los trámites pendientes incluyen a unos 650.000 beneficiarios del DACA que han de renovar los permisos y también a más de 300.000 nuevos solicitantes, entre los que se cuentan alrededor de 55.000 individuos que en los últimos tres años han cumplido la edad para acogerse al programa.