Hace un mes, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, calificó de "transitoria" la crisis sanitaria y económica causada por el coronavirus. Con media sonrisa, aseguró que el país iba a salir fortalecido y que incluso la emergencia vino "anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación" del país. Pero el último de estos cambios ha ido en sentido contrario a una de sus grandes banderas electorales: la desmilitarización de la seguridad pública y la lucha contra el narcotráfico.
López Obrador, que prometió durante años devolver al ejército a los cuarteles, ha logrado en lo que fallaron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los anteriores presidentes: en medio de la pandemia por el coronavirus se ha publicado un decreto en el Diario Oficial de la Federación que concede atribuciones extraordinarias de seguridad pública para el Ejército y la Marina y que sirvan como respaldo de la Guardia Nacional.
La Guardia Nacional, supuestamente civil pero formada en su mayor parte por antiguos militares, fue la apuesta fallida para hacer frente a la otra gran enfermedad de país, los enormes niveles de violencia. Marzo, con más de 3.000 asesinatos, fue el mes más violento desde julio de 2018. Desde que a finales de 2006 Felipe Calderón ordenó al ejército mexicano patrullar las calles de parte del país para combatir el narcotráfico, cerca de 275.000 personas han sido asesinadas en México.
El decreto estará en vigor mientras la Guardia Nacional se desarrolla y establece como fecha de límite el 27 de marzo de 2024, ya casi al final del mandato de López Obrador, y permite a los militares ejecutar legalmente funciones de seguridad como hacer detenciones, gestionar cruces migratorios o realizar operativos para "reestablecer el orden", que hasta ahora solo podían hacer los policías civiles.
Reforma constitucional
El decreto se apoya en una reforma constitucional aprobada en 2019 para la creación de la Guardia Nacional, donde se decía que el presidente podría usar durante cinco años a los militares para funciones policiales en situaciones "“extraordinarias". Según expertos y asociaciones como el Colectivo Seguridad Sin Guerra, el decreto le "quita la máscara" al militarismo de la seguridad en el país.
Sorprende, además de por el momento de emergencia, por la trayectoria política de AMLO, que hizo de la vuelta del ejército a los cuarteles una de sus banderas políticas durante casi una década. En las elecciones de 2012, prometió que en caso de ganar devolvería el ejército a los cuarteles en seis meses. En 2016, declaró que los militares estaban desgastados por sus funciones policiales. Tras ganar las elecciones, se puso de plazo tres años para que no patrullasen las calles.
Pero la realidad es que a lo largo de su sexenio, los militares han ido acaparando cada vez más esferas de la vida pública. Son los constructores del nuevo aeropuerto de Ciudad de México y además se encargarán de su operación y gestión con una empresa propia. También ayudarán a construir parte del Tren Maya, la gran obra pública de López Obrador. Además, en plena crisis sanitaria, el Ejercito también está gestionando una decena de hospitales y recursos sanitarios.
Partícipes de obras públicas
Estos grandes proyectos de inversión fueron declarados prioritarios durante la emergencia sanitaria. Es decir, mientras la obra y los negocios privados han tenido que parar; el Tren Maya, el nuevo aeropuerto o la nueva refinería de Dos Bocas siguen construyéndose y avanzando. Tanto que, por decreto, los productores de acero, cemento y vidrio solo han podido seguir trabajando para cumplir con los tiempos de entrega establecidos en estas obras públicas.
El 22 de abril, cuando anunció los lineamientos de su Plan de Contingencia, López Obrador informó que se invertirá 622.556 millones de pesos, sobre 23.000 millones de euros, para aumentar el presupuesto destinado a destinado a estos proyectos, la producción petrolera y sus programas sociales, sin anunciar, como le reclaman desde parte de la sociedad, un plan de rescate a pequeñas y medianas empresas.
En tema presupuestario, tienen trato de excepción el sector salud, la Guardia Nacional y, como no, las secretarías de la Defensa y de Marina. También, en el tema energético, se han detenido todos los proyectos de renovables en el país con la excusa del coronavirus, lo que casa con la política petrolera impulsada desde el Gobierno.
'Oportuna' emergencia
El diputado Porfirio Muñoz Ledo, histórico de la izquierda mexicana, representante por el partido de López Obrador y una especie de Pepito Grillo que no tiene miedo en decir públicamente cuando cree que el presidente está equivocado, criticó la expresión de que la emergencia vino como "anillo al dedo".
Para esta voz de la conciencia, otros sienten "la soga al cuello" o el "grillete al tobillo". Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, un órgano respetado y encargado de medir la pobreza en el país, esta crisis dejará 9 millones más de pobres en México.