Después de tres años de parálisis política en Irlanda del Norte, los partidos de la provincia británica han aceptado un acuerdo para restaurar el Gobierno de poder compartido, que se enfrenta a retos como el 'brexit' o las demandas por la reunificación de Irlanda.
El pacto ha sido posible tras casi nueve meses de intensos contactos de Londres y Dublín con las formaciones norirlandeses, que han dado su visto bueno a las propuestas presentadas en un documento titulado "Nueva Década, Nuevo Enfoque".
Ese texto aporta soluciones en "cinco áreas clave" de la gobernabilidad de la región, las cuales ayudarán a limar las diferencias que mantienen el Partido Democrático Unionista (DUP) y el Sinn Féin, principales representantes de sus respectivas comunidades, la protestante y la católica.
El ministro británico para Irlanda del Norte, Julian Smith, y el viceprimer ministro irlandés, Simon Coveney, consideran que sus propuestas sientan las bases para poder formar un Ejecutivo autónomo duradero.
Coveney explicó hoy que el acuerdo contempla la aplicación de medidas encaminadas a mejorar "la transparencia" del futuro Gobierno, reforzar los "códigos de conducta" de sus dirigentes y eliminar la posibilidad de que un partido pueda vetar ciertas leyes.
Defensa de la lengua gaélica
Sin embargo, el asunto más delicado en estas conversaciones, resuelto con éxito, ha sido, recordó Coveney, el de la lengua gaélica, defendida con uñas y dientes por el Sinn Féin, antiguo brazo político del ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA).
Los nacionalistas querían que se redactase una ley específica para proteger el idioma autóctono irlandés, mientras los unionistas preferían incluir este asunto en una legislación cultural más general, que contemplase también aspectos relacionados con la identidad protestante.
Al final, han aceptado la inclusión en la Ley general de Irlanda del Norte -en vigor desde la firma de los acuerdos de paz de 1998- de tres nuevas piezas legislativas para abordar la cuestión cultural, entre las que figura una sola para el tema del gaélico.
De esta manera, cualquier Ministerio del nuevo Gobierno podrá hacer uso de una unidad especial establecida para facilitar la gestión de asuntos en gaélico o la lengua propia de los unionistas, el "escocés del Ulster".
Asimismo, las sesiones de la Asamblea autónoma norirlandesa podrán desarrollarse en esos dos idiomas o en inglés, con traducciones simultáneas como las previstas, por ejemplo, en las instituciones de la Unión Europea (UE).
La líder del DUP, Arlene Foster, celebró que el acuerdo reconoce que en Irlanda del Norte hay gente con "identidad irlandesa" y otra con "identidad británica", sin "necesidad de situar a una por encima de la otra".
"Estamos listos para regresar a la Asamblea", recalcó la líder unionista, quien confió en que el Gobierno del Reino Unido será "generoso" para financiar el citado acuerdo con una importante inyección económica.
Por su parte, la presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, declaró hoy que el gaélico tiene ahora, "por primera vez, reconocimiento oficial con lengua irlandesa, al tiempo que se mostró dispuesta a cooperar con el DUP en el próximo Ejecutivo.
"Sin duda alguna, nos enfrentamos a serios retos, como el impacto del 'brexit', la austeridad y otras cuestiones relevantes. Pero el principal desafío es asegurar que tendremos un gobierno de poder compartido basado en la igualdad, respeto e integridad", dijo McDonald.
Objetivo: una paz duradera
El nuevo acuerdo también revisa el instrumento de veto recogido en el acuerdo de paz del Viernes Santo (1998), diseñado entonces para proteger los derechos de las minorías tras el fin del conflicto en la región.
No obstante, ese derecho a veto ha sido usado, por ejemplo, por el ultraconservador DUP para frenar leyes que contaban con el apoyo mayoritario de la Asamblea norirlandesa, como ha ocurrido con propuestas para legalizar el aborto o el matrimonio homosexual.
A partir de ahora, plantea el texto del pacto, los partidos solo podrán usar ese instrumento de veto en "circunstancias excepcionales" y "como último recurso", después de haber agotado cualquier otro "mecanismo disponible".
Las formaciones podían activar el veto con, al menos, 30 parlamentarios, pero ahora necesitarán, además de ese número, el apoyo de dos o más partidos. Londres y Dublín también han diseñado medidas para evitar que, en el futuro, cualquier tensión entre los principales actores de la región provoque una parálisis política tan larga como esta.
El Gobierno de Belfast de poder compartido cayó en enero de 2017 por un caso de irregularidades financieras en la gestión de un programa de energías renovables que salpicó al DUP.
Desde entonces, todos los esfuerzos negociadores fracasaron por cuestiones como el del gaélico o el legado del pasado conflicto en Irlanda del Norte. Los partidos mantienen diferencias sobre los mecanismos para asistir a las víctimas e investigar los crímenes cometidos tanto por los paramilitares como por las fuerzas de seguridad durante ese periodo.
Los Gobiernos británico e irlandés han evitado abordar este delicado asunto en el acuerdo "Nueva Década, Nuevo Enfoque", pero Londres presentará una ley al respecto después de la restauración del Ejecutivo norirlandés.
Las diferencias entre las formaciones del Ulster han acentuado a raíz el referéndum sobre el "brexit" de 2016, cuando la mayoría del electorado norirlandés rechazó este divorcio, defendido por el DUP.