No hay quien reconozca Biarritz este agosto. Ciudad de 25.000 habitantes censados y de turismo selecto, no por ello menos masivo, se encuentra cercada. De sábado a lunes acoge la cumbre del G-7 y la prioridad es salvaguardar la integridad de los líderes de sus potencias: Donald Trump (Estados Unidos), Justin Trudeau (Canadá), Angela Merkel (Alemania), Emmanuel Macron (Francia), Boris Johnson (Reino Unido), Giuseppe Conte (Italia). Donald Tusk acude en calidad de presidente del Consejo Europeo y como invitados, los primeros ministros de Australia (Scott Morrison) e India (Narendra Modi) y los presidentes de Chile (Sebastián Piñera) y de España (Pedro Sánchez), sin contar con los representantes de organizaciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sólo entre delegaciones oficiales y prensa se espera a 7.500 personas.

París ha coordinado con Madrid un dispositivo por tierra, mar y aire que lleva semanas restringiendo el acceso y vigilando el día a día de residentes y trabajadores. En las últimas horas, la policía francesa ha detenido a cinco personas que presuntamente planeaban un atentado contra agentes en un hotel, todas ellas ligadas con movimientos anarquistas violentos. Será la tónica ante todo aquello que pueda suponer una amenaza para la cita. En el despliegue participan cerca de 20.000 profesionales, 7.000 de ellos miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional y Ertzaintza. El país vecino -y anfitrión- pone 13.000 hombres y mujeres, apoyados por el ejército. La frontera en Irún, a pocos kilómetros de Biarritz, es uno de los puntos más calientes.

La Guardia Civil inició el operativo el lunes, si bien ya en junio se llevaron a cabo simulacros, cuando alrededor de cien agentes de los grupos de reserva y seguridad del instituto armado se integraron en secciones de la Gendarmería para prestar servicios de prevención de forma conjunta. Parte de estos efectivos han sido alojados en diferentes cámpines de Capbreton, Tusquets y Seginosse, situados en la región de las Landas francesas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha garantizado que cualquier crisis está prevista y que no hay lugar para la "improvisación". Su homólogo francés, Christophe Castaner, ha avisado de que no "tolerará desbordamientos" y de que "si hay enfrentamientos violentos, habrá respuesta".

Castaner ha explicado que los peligros son principalmente tres: manifestantes violentos, acciones de terrorismo y ataques de hackers. A la conocida como 'contracumbre' acudirá la extrema izquierda, anarquistas, 'chalecos amarillos' o facciones radicales del independentismo catalán y vasco. El ministro no les teme: "Desde hace 20 años, individuos violentos, que no confundo con los manifestantes pacíficos, intentan en cada cumbre internacional provocar enfrentamientos. El orden público está garantizado". De hecho, la pretensión es que ni siquiera haya imágenes de choques entre jóvenes y antidisturbios, que pueda trascender y empañar el alto encuentro político.

La ciudad, partida en dos

El centro de Biarritz se ha dividido en dos zonas. La primera, de protección reforzada porque incluye el hotel en el que tendrá lugar la cumbre, abarcará su litoral, prohibirá el tráfico y el aparcamiento y solo permitirá su acceso a residentes, trabajadores y asistentes mediante la correspondiente acreditación. La segunda, que se amplía a parte del interior de la ciudad, autoriza parcialmente el uso de vehículos pero, desde este viernes, requerirá igualmente un pase específico. Su alcalde, el centrista Michel Veunac, calcula que estas restricciones afectan directamente a una cuarta parte de Biarritz, donde el acceso a su playa principal y las actividades náuticas también estarán vetadas.



El aeropuerto de Biarritz no garantizará además ningún vuelo comercial entre el 23 y el 26 de agosto y estará abierto solo a las delegaciones oficiales. La estación de tren también verá perturbado su funcionamiento. Estas precauciones hacen temer a los comerciantes una caída significativa de su facturación. "Si hubiera pérdidas, el Estado estudia posibles indemnizaciones y la ciudad dispone de los medios para bajar las tasas de aquellos que se vean penalizados. Biarritz no será un búnker y, sobre todo, no será una ciudad muerta", ha asegurado su alcalde a la prensa.



Los beneficios de estar en el foco mediático, sin embargo, no convencen a todos sus habitantes: en Facebook, la página 'SOS G7 Biarritz', que denuncia las restricciones previstas, cuenta con más de 11.000 seguidores, y la alcaldía ha tenido que habilitar en su web un apartado dedicado a desmentir bulos. Entre las falsas noticias se cuenta que los comercios tendrán que cerrar o de que los servicios de emergencias no podrán entrar a la zona protegida, todo ello debido al frenesí que acompaña a una de las principales citas internacionales.

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