La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha urgido al Gobierno de Nicolás Maduro a adoptar "medidas específicas" para "detener y remediar las graves vulneraciones" de los Derechos Humanos en Venezuela que ha documentado en un informe publicado este jueves. 

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Un informe celebrado por el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, al señalar que "recoge ampliamente el sufrimiento" de los venezolanos. Guaidó, que conoció una versión previa del informe, ha llamado a la marcha el viernes contra la "dictadura" de Nicolás Maduro.

"Esto es un logro, es producto del sacrificio y trabajo de muchas ONG, víctimas, familiares, dirigentes y diputados que han hecho todo para visibilizar los abusos de un régimen corrupto y asesino (...) ese informe recoge ampliamente el sufrimiento de nuestra gente", dijo Guaidó en un audio difundido a periodistas por su equipo de prensa.

La oficina de Bachelet sostiene que en la última década, aunque especialmente desde 2016, "el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno". 

"Un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el Poder Ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de los Derechos Humanos", precisa. 

Bachelet subrayó que "los venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo y con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios", en la presentación de su informe sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos.

"El destino de más de 30 millones de venezolanos está en las manos de las autoridades y de su habilidad para poner los derechos humanos por delante de cualquier ambición ideológica o política", señaló en su discurso de presentación del documento en Ginebra.

Presos políticos

La ONU denuncia igualmente que a 31 de mayo había al menos 793 "personas privadas arbitrariamente de la libertad", así como 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su vicepresidente, Edgar Zambrano, que han sido despojados de su inmunidad parlamentaria. 

El informe constata asimismo que "el Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria", aunque aprecia que, si bien "Venezuela estaba en crisis mucho antes de que se impusieran sanciones a algunos de sus sectores, (...) las últimas sanciones económicas, vinculadas a la exportación de petróleo, están agravando los efectos". 

Señala además la "paulatina militarización de las instituciones del Estado". En el periodo que abarca el informe, entre enero de 2018 y mayo de 2019, "tanto a las fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y sus familiares, violencia sexual y de género durante los periodos de detención y las visitas y uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones". 

Llama la atención sobre las fuerzas especiales, el FAES, con una proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales "sorprendentemente elevada". Solo en 2018, el Gobierno registró 5.287 muertes por supuesta resistencia a la autoridad durante operativos del FAES. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de este año, ya van 1.569. Sin embargo, "otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores", alerta. 

También culpa a los "grupos armados civiles pro gubernamentales, conocidos como colectivos", de contribuir al "deterioro de la situación al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones". La oficina de Bachelet ha documentado 66 muertes durante las protestas celebradas entre enero y mayo, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad o a los colectivos.