Juan Guaidó da un nuevo paso en su estrategia de aislamiento internacional al régimen de Nicolás Maduro. El presidente interino de Venezuela ha registrado este miércoles en la ONU una denuncia ante el acoso judicial de la Fiscalía venezolana y el Tribunal Supremo del país. El equipo legal de Guaidó ha cursado la demanda ante el relator especial del Consejo de Derechos Humanos sobre independencia de magistrados y abogados y espera una "atención prioritaria" a su petición.
La denuncia argumenta que "el régimen de facto encabezado por Nicolás Maduro se encuentra usurpando el Poder Ejecutivo" y que "tanto el TSJ como la Fiscalía General carecen de independencia e imparcialidad y funcionan como instrumentos al servicio de Maduro en su afán dictatorial de perpetuarse en el poder".
Estas instituciones han abierto en las últimas semanas investigaciones judiciales para determinar los posibles delitos en los que podría haber incurrido Juan Guaidó. El presidente de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, se proclamó el pasado 23 de enero presidente encargado de Venezuela acogiéndose al artículo 233 de la Constitución.
El Tribunal Supremo de Justicia -controlado por el chavismo- declaró inválida la nueva directiva de la Asamblea Nacional el 21 de enero y consideró como “nulos” sus acuerdos declarando a Maduro usurpador de la presidencia. Días después, a instancias del líder chavista, prohibió a Guaidó abandonar el país y congeló sus cuentas bancarias. En paralelo, el fiscal general Tarek William Saab continúa con las diligencias en contra del presidente encargado.
El prestigioso abogado especialista en Derechos Humanos Ignacio Álvarez -también apoderado de Juan Guaidó- reitera en la denuncia que los órganos judiciales venezolanos "carecen de independencia e imparcialidad, y que sus actuaciones buscan intimidar al presidente encargado".
La denuncia fue presentada por los abogados Claudio Grossman, Juan Carlos Gutiérrez, María Daniela Rivero, Ignacio J. Álvarez y Génesis Dávila. Asimismo, los cinco reclaman al relator que efectúe un pronunciamiento público rechazando los hechos, y que los incluya en sus informes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Además, como explica Álvarez en conversación con EL ESPAÑOL, en su artículo 200 la Constitución venezolana protege la inviolabilidad penal de los miembros de la Asamblea Nacional. "Lamentablemente, a Nicolás Maduro y a sus secuaces no les importa la Constitución. Sólo les preocupa mantenerse en el poder a toda costa", concluye.