El Kindergeld o “subsidio familiar” está en boca de todo político o líder de opinión que quiera ganarse estos días algo de atención en Alemania. Debaten con particular vehemencia la idea de recortar las cantidades que reciben algunos ciudadanos europeos que trabajan y residen en suelo germano.
En el país de la canciller Angela Merkel todo europeo que trabaje o sea residente puede pedir ese subsidio si tiene hijos, vivan esos menores en Alemania o no. Por el primer niño se perciben 194 euros mensuales. Por el segundo, otros 194 euros al mes. El tercero son 200 euros más al presupuesto mensual familiar procedentes de las arcas del Estado.
Ese dinero, sin embargo, podría verse reducido considerablemente en caso de que el menor o menores no vivan en Alemania. Porque está ganando fuerza la queja de políticos como la del socialdemócrata Sören Link, alcalde de Duisburgo (oeste germano). Él ve “mafias” de países del este de la UE aprovechándose del dinero del Estado que reciben trabajadores de esa región por tener niños que viven fuera del suelo germano.
Se están estudiando, de hecho, algunos casos en los que hay sospecha de fraude. A través de la falsificación de certificados de nacimiento, se estaría sacando dinero fraudulentamente a las arcas teutonas por niños que no existen.
Emiliano, un español de 33 años que vive en Berlín, percibe en los alemanes de su entorno cierto hartazgo cuando al debate público vuelven temas como el de las ayudas a la inmigración. “En mi trabajo sí se oye eso de que hay inmigrantes que tienen muchos hijos y que no trabajan, porque con el Kindergeld ya no tienen que ir a trabajar”, dice a EL ESPAÑOL Emiliano. Él y su pareja reciben los 194 euros mensuales por el que es su único hijo.
Cuando escucha este tipo de debates sobre la necesidad de reducir las ayudas a extranjeros, incluidos los europeos, ya sea en los medios de comunicación o en la escuela infantil en la que trabaja, Emiliano pone atención. “Yo me doy por aludido, aunque de momento no me atañe”, asegura este madrileño. Tiene suerte Emiliano, de momento. Porque los señalados son fundamentalmente ciudadanos rumanos y búlgaros.
“Estamos hablando de gente que procede de Bulgaria y Rumanía, no los trabajadores tradicionales de España, Italia o Francia. Hablamos de gente que trabaja poco, tal vez tienen un minijob (450 euros al mes) o trabajan algo menos. Y les sale a cuenta pedir el subsidio porque tienen varios niños”, dice a EL ESPAÑOL Karl Brenke, investigador del Instituto Alemán para la Investigación Económica (DIW, por sus siglas en alemán). “Pero el mayor problema está en que hay quien ha usado papeles falsos. Se dice que habría hasta un 14% de niños que no existen”, añade.
"Bofetada para los contribuyentes”
Que entre los pasados meses de enero y julio se registraran en Alemania 110.324 nuevos demandantes de asilo permite pensar aquí que la situación de los refugiados está, más o menos, bajo control. La cifra de la primera mitad de este año está muy lejos del ritmo de llegadas de finales de 2015 y de 2016. Entonces Alemania recibió 1,5 millones de demandantes de asilo. En la pasada legislatura, el Ejecutivo que lidera Angela Merkel endureció su política de refugiados, complicando el acceso al asilo tras apenas un par de meses de lo que muchos conocen por política de "puertas abiertas" de la canciller.
Tras las elecciones de 2017, el nuevo ejecutivo de Merkel, bajo la influencia de la populista y xenófoba Alternativa para Alemania (AfD), se ha fijado un límite anual de llegadas de refugiados de 220.000. Respetadas esas cuentas, ahora son otros números, en concreto los relativos al Kindergeld, los que más parecen importar en Alemania.
Después hacerse público hace unos días el aumento del número de niños que viven en el extranjero y por los que las autoridades alemanas dan a sus padres “subsidio familiar”, los hay que ponen el grito en el cielo. Así, un editorial de la semana pasada del diario Bild –el más leído del país– clamaba por la supuesta falta de “voluntad política” que acusa la clase política en Berlín para resolver la cuestión.
“¡Es una bofetada a la cara de todos los contribuyentes!”, escribía en dicho texto Dirk Hoeren, responsable de política nacional del periódico germano. En realidad, relevantes figuras de la Unión Cristiano Demócrata (CDU) de Merkel y del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), los partidos del Gobierno, se han pronunciado a favor de meterle la tijera a estas ayudas.
236.000 niños afectados
El número de menores que vive fuera de Alemania por los que el Estado alemán paga ha crecido en la primera mitad del año un 10%, hasta alcanzar los 268.332, según datos de la Agencia Federal para el Empleo (BA, por sus siglas alemanas). De ellos, 236.000 son niños europeos extranjeros. El colectivo cuesta 343 millones de euros en Kindergeld al año, pero es un grupo pequeño. Hay tres millones de menores no alemanes viviendo en Alemania. En total, en el país de Angela Merkel viven 15,2 millones de niños.
Los hay en Alemania que no soportan la idea de que el “subsidio familiar” se convierta en un “modelo de negocio”, según los términos del diario conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung, especialmente cuando la gran coalición de Merkel se supone que busca recortar “beneficios sociales” en estos casos.
“En abril de 2017, el Gobierno rojinegro [expresión para referirse a cristianodemócratas y socialdemócratas en el poder] acordó un documento sobre los pagos de dinero a los niños de extranjeros de la UE. El objetivo: el nivel de los beneficios sociales debería ir a la par del coste de la vida del país en el que viven los niños. Pero qué ha pasado hasta ahora: nada”, se quejaba al respecto un reciente editorial del diario económico Handelsblatt.
Esto mismo es lo que recordaba hace unos días Helmut Dedy, responsable de la Asociación Alemana de Ciudades (DST, por sus siglas alemanas). “El subsidio familiar debería orientarse en lo que necesitan los niños realmente en su lugar de residencia y no en el lugar donde se paga a sus padres”, ha afirmado Dedy, en unas palabras que han aparecido en casi todos los medios alemanes.
Pelea entre Berlín y Bruselas
Dedy ha calificado incluso el actual sistema de ayudas de “propenso al abuso”, pues en él tiene cabida la posibilidad de que haya inmigrantes, como los señalados procedentes de Bulgaria o Rumanía, que vengan a Alemania sólo para percibir ayudas como el Kindergeld. El semanario Der Spiegel ha dado cuenta de que la BA tiene entre manos una centena de casos sospechosos en las ciudades de Düsseldorf y Wuppertal.
El Gobierno, sin embargo, ha reconocido no tener estadística alguna sobre los supuestos abusos. Con todo, la situación está lejos de ser dramática. Según las cuentas de la BA, sólo habría registrados en el sistema del subsidio familiar unos 19.000 niños rumanos fuera de Alemania. Los menores de Bulgaria son muchos menos, 6.700. Las estimaciones más alarmantes hablan de 3.600 casos de fraude.
Sea como fuere, el Gobierno alemán tiene intención de reducir costes. Desde el Ministerio de Finanzas germano, en manos del socialdemócrata Olaf Schölz, insisten en que “el Gobierno está a favor de aplicar una solución europea que considere los diferentes costes de la vida en los países [de la UE] en el pago” del subsidio.
Schölz se inscribe así en las tesis de su predecesor, el conservador Wolfgang Schäuble, quien en sus días de ministro de Finanzas ya se topó con las resistencias de la Comisión Europea ante su intención de recortar el “subsidio familiar” en casos de niños que no vivan en Alemania. En Bruselas, la respuesta que se ha dado hasta ahora es que una medida así no se puede sacar adelante porque resulta discriminatoria.
No obstante, Schölz y compañía ya preparan el terreno para tratar de minimizar los pagos del Kindergeld. “Éste es un tema por el que puede haber pelea entre Bruselas y Berlín”, pronostica Brenke, el investigador del DIW.