El presidente Nicolás Maduro desde las afueras del Palacio de Miraflores explicó que la marcha organizada por el chavismo para conmemorar el primero de mayo tenía como destino la Plaza O’leary, en el centro de Caracas, pero la ruta fue modificada a última hora. Según él, decenas de personas fueron detenidas la noche anterior planificando acciones “con fines inconfesables”, en lo que sería el 18º plan de magnicidio denunciado por el mandatario venezolano.
El anuncio llega justo el día en el que la oposición informó haber conseguido 1,8 millones de firmas para iniciar el proceso de revocar su mandato. En esta etapa bastaba con recolectar 195.721 rúbricas, correspondientes al 1% de los ciudadanos registrados ante el Consejo Nacional Electoral.
Ahora el Consejo Nacional Electoral deberá verificar las firmas en un plazo de cinco días y después la coalición opositora que conforma la mayoría en el Parlamento tendrá que recoger 4 millones de firmas y así poder convocar el referéndum en el que los venezolanos votarían si desean o no expulsar a Maduro del poder.
La larga y creciente lista de supuestos atentados contra el jefe de Estado venezolano se remonta a enero de 2013. Entonces Maduro aún era vicepresidente y Hugo Chávez, presidente en funciones, se encontraba enfermo en La Habana, donde era tratado del cáncer que finalmente acabó con su vida el 5 de marzo de ese año. En aquella ocasión, Maduro dijo que unos infiltrados planeaban asesinarlo a él y a Diosdado Cabello, actual número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
Desde entonces, el chavismo, en promedio, ha denunciado un atentado en contra de su líder cada dos meses, y los conspiradores han sido variopintos: sicarios “mandados por la derecha salvadoreña” en febrero de 2013; Henrique Capriles Radonski, excandidato presidencial, en abril de ese año; el expresidente colombiano Álvaro Uribe unos meses después; la “extrema derecha”; y hasta un tuitero que se hacía llamar “Power Kardashian”, entre otros. Pero el común denominador de todos estos planes es que han carecido de pruebas contundentes.
Para el sociólogo Ricardo Sucre, esta estrategia busca cohesionar a la base del chavismo. Para él es evidente que en el país existen grupos que quieren lograr que Maduro salga del poder, pero ese hecho es un elemento que hay que separar de las acusaciones. “Si no se presenta alguna evidencia o algo más sólido, estas denuncias pierden credibilidad”, dice a EL ESPAÑOL.
Sucre no cree que existan “sectores concretos” pensando en el magnicidio, pero sí entiende que esta jugada del Gobierno impulsa a sus partidarios a estar unidos ante una amenaza; aunque es un discurso a dos bandas, porque también está pensado para ser escuchado fuera de las filas socialistas, para disuadir a la oposición. “Un presidente que se siente amenazado puede tomar medidas legales o políticas que en condiciones normales pudieran ser cuestionadas”, indica el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, ha calificado a Maduro como “delirante”. “Anuncia otro intento de magnicidio y llama a huelga general indefinida y a rebelión en caso de su salida de Miraflores por el referendo revocatorio”, ha escrito en su perfil de Twitter.
Esta estrategia de denunciar planes en contra de los mandatarios no es novedosa. Según las autoridades cubanas, la CIA fracasó en los 638 planes de acabar con la vida de Fidel Castro. El propio Hugo Chávez acusó a sus adversarios de planear 63 complots en su contra y, recientemente, la abogada estadounidense Eva Golinger ha dicho que Chávez fue envenenado por gente cercana a su entorno.
Golinger, autora del libro “El Código Chávez”, ha acusado directamente a Leamsy Salazar, uno de los militares del anillo de seguridad del fallecido líder bolivariano, de haberlo envenenado, sin presentar pruebas concretas.
Salazar desertó hace varios meses del Ejército venezolano y actualmente está en Estados Unidos como testigo protegido. Él ha dicho que altos oficiales están involucrados en el tráfico de drogas, según el testimonio recogido en el libro “Búmeran Chávez”, escrito por el periodista Emili J. Blasco.
Guillermo Tell Aveledo, profesor de la UCV, politólogo e historiador, recuerda que desde los medios oficiales del Gobierno se maneja el concepto de una “constante conspiración” en contra de la “revolución”. Eso, sumado a la muerte de Chávez, pretende brindar verosimilitud a los supuestos complots.
Las denuncias magnicidas son parte de una estrategia de comunicación, según explica Aveledo. La constante repetición de lo mismo hace que el rendimiento de las denuncias sea “decreciente”, pero todavía resultan eficientes porque la gente discute sobre ellas y se convierten en la noticia del día. “Eso permite cambiar la conversación radicalmente”.
En este caso el experto cree que el chavismo combate así la amenaza externa que representa el referendo revocatorio, pero también a las leyes promulgadas por el Parlamento, la crítica al sector militar, el voto de censura contra el ministro de Alimentación, entre otras.
“Esto es parte de los activos permanentes de la propaganda bolivariana”, refiere y explica que el Ejecutivo necesita tener a un sector de la población temeroso de la alternativa posterior al chavismo. Aveledo resume en una frase el objetivo de estos mensajes en los venezolanos: “Deben temer a cualquier alternativa política”.