Bruselas

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se declara moderadamente optimista. Tras medio año de enfrentamientos entre los gobiernos de la UE y de decisiones unilaterales y contradictorias, por primera vez desde el principio de la crisis de los refugiados empieza a emerger un “consenso europeo”. Así lo escribe en la carta de invitación que ha enviado a los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 para la enésima cumbre extraordinaria que se celebra este lunes en Bruselas. Los líderes europeos se reúnen además con el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, socio clave para frenar los flujos migratorios.

 

Este nuevo consenso del que habla Tusk, que se oficializará en la reunión de líderes europeos, se basa en sellar las fronteras exteriores de la UE. El objetivo es reducir al máximo la llegada de migrantes y retener en Grecia a los que consigan entrar, sin dejarles pasar al centro de Europa. Es el fin definitivo de la ruta de los Balcanes hacia Austria y Alemania. Se quiere evitar que se repita lo ocurrido el año pasado, cuando se registró un récord de 1,2 millones de demandantes de asilo en la UE (en España, sólo 14.600), más del doble que en 2014. Es un consenso que supone la victoria de las tesis del primer ministro húngaro, Viktor Orban, frente a la política de puertas abiertas y reparto de refugiados que propugnaba la canciller Angela Merkel.

 

“No vengáis a Europa”. El propio Tusk no ha dudado en expresar crudamente la nueva política de la UE en varios discursos los últimos días e incluso en su cuenta de Twitter. Su mensaje va dirigido a los inmigrantes económicos. Es decir, prácticamente todos salvo los sirios, según la nueva definición que empieza a imponerse en Bruselas. “No creáis a los traficantes. No arriesguéis vuestra vida y vuestro dinero. Será en balde. Ni Grecia ni ningún otro país dejarán pasar a partir de ahora”, avisa el presidente del Consejo Europeo.

 

La UE no condena los ataques a la prensa de Erdogan

 

Para poner en práctica esta política, la UE necesita al presidente turco, Recep Tayipp Erdogan, como socio indispensable. Bruselas quiere convertir a Turquía en el muro de contención que impida la llegada de refugiados y migrantes. La dependencia de Ankara a la hora de resolver la crisis es tan grande que los líderes de la UE están dispuestos a mirar hacia otro lado ante el creciente autoritarismo de Erdogan y sus ataques a la libertad de prensa. Eso explica su tibia respuesta a la intervención por parte de las autoridades turcas del diario crítico Zaman.

Barrera policial este domingo ante el diario Zaman Osman Orsal/Reuters

 

Ningún dirigente europeo ha planteado suspender la reunión con Turquía de este lunes como respuesta a este ataque a la libertad de prensa, uno de los valores fundamentales de la UE. Tampoco ha habido una condena formal en Bruselas. Tan sólo un comunicado que se limita a recordar a Ankara que debe respetar la libertad de prensa. Y que ni siquiera está firmado por la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, sino por su portavoz. El presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, ha dicho que trasladará su preocupación a Davutoglu.

¿Cumplirá ahora Turquía?

 

Sin embargo, este trato preferente que la UE da a Ankara no ha dado resultados hasta ahora. El acuerdo para que las autoridades turcas sellaran sus fronteras y se quedaran a los refugiados sirios, impidiendo su viaje a Europa, se firmó el 29 de noviembre del año pasado. A cambio, Bruselas se ha comprometido a pagar a Erdogan 3.000 millones de euros. Tres meses después, “el número de entradas ilegales desde Turquía a Grecia sigue siendo demasiado alto”, según el análisis del propio Tusk.

 

Durante el año 2015, un total de 877.000 migrantes y demandantes de asilo entraron irregularmente desde Turquía a Grecia. Desde principios de este año, la cifra de llegadas asciende ya a 117.000. Durante los meses de enero y febrero, la media de desembarcos en las islas helenas se ha situado en alrededor de 2.000 personas al día. Sólo la mitad son sirios. Bruselas cree que la única forma de invertir esta tendencia es que Ankara acepte la repatriación “rápida y a gran escala” de los migrantes que entren en Grecia, con la única excepción de los sirios. Eso “destruiría el modelo de negocio de los traficantes”.

 

El presidente del Consejo Europeo asegura que ya hay un principio de acuerdo con Turquía para poner en marcha este mecanismo de repatriación masiva. Además, Davutoglu asume otra de las peticiones más importantes de la UE: quedarse a todos los migrantes que sean interceptados en aguas turcas por la nueva misión de la OTAN en aguas del Egeo. Ambas cuestiones podrían oficializarse en la cumbre de este lunes. “Se nota que se lo están tomando más en serio. Hay un cambio de feeling”, explica un diplomático europeo. Por primera vez, Ankara aceptó la semana pasada la repatriación de 300 migrantes desde Grecia.

 

Como contrapartida, Bruselas ha desbloqueado los dos primeros tramos de los 3.000 millones de asistencia a Turquía: 55 millones para escolarizar a 110.000 niños sirios y 40 millones en cheques de alimentos para los refugiados. Además, la Comisión ha certificado que se cumple la hoja de ruta para levantar en octubre de 2016 la exigencia de visado a los ciudadanos turcos que viajen a la UE. Esta supresión de los visados preocupa a países como Francia o España, que temen que se convierta en un coladero para la entrada de personas de todos los países de Oriente Próximo y el norte de África. La última concesión a Ankara consiste en un mecanismo para reasentar a refugiados sirios directamente desde Turquía a la UE. Una iniciativa promovida por Berlín que de momento no ha dado resultados concretos, pero que podría recibir un impulso este lunes.

 

Grecia, ¿campo de refugiados de la UE?

Dos refugiados y su bebé en la frontera entre Grecia y Macedonia Alexandros Avramidis/Reuters

 

La segunda pata de la estrategia que los líderes europeos certifican este lunes consiste en “cerrar la ruta de los Balcanes”, según explica Tusk. Ello supone el triunfo de la estrategia de Austria, inicialmente censurada en Bruselas. Desbordado por la presión migratoria, el Gobierno de gran coalición de Viena fijó el mes pasado topes en los refugiados que admite: sólo 80 personas al día pueden pedir asilo. La decisión austríaca provocó un efecto dominó en el resto de países de los Balcanes, que también limitaron la llegada de migrantes, hasta llegar a Macedonia, que clausuró su frontera con Grecia.

 

A partir de ahora, tanto los países de la UE como los de los Balcanes se comprometen a no dejar pasar a los refugiados. En Bruselas se insiste en que los demandantes de asilo no pueden escoger el país al que quieren ir. Están obligados a pedir protección en el primer estado miembro al que lleguen, es decir, en Grecia en la mayoría de los casos. A los que se les localice en otro país europeo, se les devolverá a territorio heleno.

 

Si Turquía no cumple su parte como ha hecho hasta ahora, el resultado es que Grecia se convertirá en pocas semanas en el gran campo de refugiados de la UE. En un “almacén de almas”, en palabras del primer ministro griego, Alexis Tsipras. Alrededor de 30.000 migrantes han quedado ya atrapados en la frontera entre Grecia y Macedonia, donde ya se han producido disturbios. Algunas organizaciones humanitarias avisan de que la cifra podría aumentar rápidamente a 200.000. Bruselas es bien consciente del riesgo de una “crisis humanitaria” y acaba de aprobar una ayuda de emergencia de 700 millones de euros para Atenas.

 

La única manera de evitar que Grecia se convierta en un gran campo de refugiados sería acelerar el reparto de la carga entre los estados miembros. De los 160.000 demandantes de asilo que la UE acordó redistribuir en septiembre, sólo se ha relocalizado a 660. A España sólo han llegado 18. El presidente en funciones, Mariano Rajoy, tiene previsto ofrecer este lunes otras 450 plazas. Pero los países del este mantienen su rechazo a la política de cuotas. El primer ministro eslovaco, Roberto Fico, ha hecho campaña prometiendo que nunca acogerá a ningún refugiado musulmán.

 

Los controles fronterizos siguen hasta diciembre

 

A la espera de que el nuevo consenso europeo se materialice, Bruselas se resigna a que los controles fronterizos dentro del espacio Schengen continúen al menos hasta diciembre de este año. Antes, como muy tarde en agosto, la nueva policía europea de fronteras deberá estar plenamente operativa. Los países de la UE ya se han puesto de acuerdo para eliminar el punto más polémico de la propuesta de la Comisión: el nuevo cuerpo europeo no podrá intervenir por su cuenta sino sólo si el país afectado lo autoriza.

 

Alemania, Austria, Francia, Bélgica, Dinamarca, Noruega y Suecia son los países que han reintroducido controles en sus fronteras. El Ejecutivo comunitario avisa: si estos controles se generalizan y se hacen permanentes, el coste para la economía europea será de entre 5.000 y 18.000 millones al año (entre el 0,05% y el 0,13% del PIB), concentrado en los sectores del transporte y el turismo. En España, la factura extra para las empresas ascendería a 200 millones.

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