El adelanto electoral ha revuelto el tablero político. Este lunes, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunció la disolución de las Cortes y la llamada a las urnas el próximo 29 de noviembre. Con el comunicado se extingue una legislatura marcada, entre otras cuestiones, por la crisis de la vivienda que recientemente derivó en marchas multitudinarias por el país.
El volantazo en el calendario deja una abultada factura. 89 proyectos de ley en tramitación parlamentaria, como contabilizó Newtral, han decaído en las Cortes Generales. El parón frena medidas heterogéneas, del refuerzo de las que combatían el tabaco a la Ley de Familias o la de Asilo, en plena tensión por la crisis en Ceuta.
En medio de este atasco institucional, la agenda en materia de igualdad discurre a dos velocidades. Por un lado, el Consejo de Ministros autorizó este martes la tramitación urgente de un real decreto para regular la información que reciben las mujeres antes de someterse a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
El objetivo del ministerio de Ana Redondo es establecer un marco jurídico que garantice que todas las mujeres "con independencia del territorio en el que vivan", recoge EFE, "reciban una información veraz, clara, objetiva, accesible y adecuada al régimen legal vigente, como presupuesto necesario para adoptar una decisión libre e informada".
El aborto, a medias
El real decreto, que tendrá que aprobarse en otra reunión del Consejo y no necesitará ser convalidado en el Parlamento, aspira a acelerar un desarrollo reglamentario que quedaba pendiente desde que se produjo la reforma de la Ley del Aborto en 2023.
Esta hace una diferenciación entre la información obligatoria —es decir, aquella relativa a los métodos de la propia intervención, los centros sanitarios acreditados, los trámites que deben realizarse y los derechos durante el proceso asistencial— y la voluntaria que reciben las mujeres antes de someterse a este proceso.
En el segundo apartado podrían entrar detalles relacionados con sexo seguro, anticoncepción, asesoramiento, ayudas públicas o derechos laborales. Eso sí, estos solamente se facilitarán si las pacientes los solicitan y nunca serán requisitos exigibles para llevar a cabo la interrupción de la gestación.
La ministra de Sanidad, Mónica García, durante el acto ‘Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso’, en la sede del Ministerio de Sanidad, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid.
Asimismo, el borrador establece que la información facilitada deberá ser "verdadera, objetiva, clara, comprensible y adecuada a las necesidades y circunstancias", prestando especial atención a las casuísticas de menores de 16 años, extranjeras y aquellas que presentan discapacidad.
Otro de los aspectos se centra en los comités clínicos que intervienen en los supuestos de IVE por causas médicas. El texto impone la presencia equilibrada de mujeres y hombres y prohíbe que formen parte de ellos profesionales que hayan estado inscritos en el registro de objetores de conciencia en los últimos tres años.
Además, el borrador clarifica que el personal sanitario no podrá fijar "preferencia, prevalencia o prioridad" entre el método farmacológico y el quirúrgico salvo por estricta indicación clínica, y exige que los dictámenes de estos comités se emitan por escrito motivado con el diagnóstico y la valoración correspondiente.
La autorización para tramitar el real decreto llega una semana después de que la ministra Redondo adelantase en el acto Abortar sin barreras su intención de impulsar una norma capaz de incidir en la "necesaria información de las mujeres, veraz, basada en la ciencia y sin bulos que sabemos que se están reproduciendo en no pocos lugares".
También a finales de septiembre Sanidad lanzó un spot donde manifestaba que "decidir" someterse a este proceso "está bien" y que las españolas tienen derecho a hacerlo en la sanidad pública. Tras esto, el ministerio abrió la consulta pública para llevar a cabo las reformas necesarias para incluir el aborto farmacológico entre las prestaciones de Atención Primaria.
Una propuesta ambiciosa —en la medida en que daría a las mujeres la posibilidad de interrumpir el embarazo con pastillas también en centros de salud y no únicamente en hospitales y clínicas especializadas— que, sin embargo, afronta ahora un horizonte incierto debido al adelanto electoral.
Aplicarla implicaría, entre otras acciones, modificar la ficha técnica de la mifepristona para retirar su restricción hospitalaria. Y al freno sanitario se suma el decaimiento de la reforma del artículo 43 de la Constitución, impulsada para blindar el derecho al aborto en la Carta Magna frente a hipotéticos giros conservadores.
Violencia vicaria
Una de las grandes promesas del Ministerio de Ana Redondo para este 2026 también decae con la convocatoria de comicios. La Ley de Violencia Vicaria, llamada a ser una de las reformas estrella de Igualdad para tipificar de forma específica esta manifestación de la violencia de género, queda truncada pese a haber superado su primer examen en el Congreso.
El 30 de septiembre, el Pleno tumbó por abrumadora mayoría la enmienda a la totalidad presentada por Vox para devolver el texto. En ese debate, el PP marcó distancias explícitas con la formación de Santiago Abascal: la diputada popular Marta González advirtió desde la tribuna que "se puede criticar al Gobierno sin negar a las víctimas".
El grupo respaldó la necesidad de disponer de una ley específica y aseveró que rechazar la existencia de un daño específico contra las mujeres equivale a rechazar la realidad, aunque también adelantó que trabajaría para mejorar el texto en su tramitación a fin de exigir más prevención, claridad en las decisiones judiciales y dotación presupuestaria.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una sesión plenaria en el Congreso.
Reyes Romero, desde Vox, tildó la norma de "discriminatoria" y la violencia vicaria de "paranoia", así como arremetió contra los "chiringuitos de género", llegando a exhibir la fotografía de la lápida de Olivia, la niña de seis años envenenada por su madre. Ante eso, Noemí Santana, de Podemos, contrapuso el caso de Anna y Olivia, asesinadas por su padre en Tenerife.
El resto de la Cámara —PSOE, Sumar, Compromís, PNV, ERC, BNG y UPN— votó en bloque contra el veto, destacando los socialistas la premisa de trasladar al ordenamiento jurídico que "un maltratador nunca es un buen padre" y recordando partidos como Compromís o PNV que la enmienda de Vox se cimentaba sobre "bulos" ajenos a la gravedad del problema.
El proyecto que ahora decae, además de establecer la violencia vicaria como una circunstancia agravante por razón de género en el Código Penal, articulaba una modificación transversal sobre diez normas para reforzar la protección de la infancia. Entre sus medidas principales figuraban:
- La privación automática de la patria potestad a los maltratadores condenados en firme por delitos graves.
- El refuerzo de la escucha a los menores antes de que se adopten decisiones sobre su guarda y custodia.
- La posibilidad de que sus madres puedan sustituir los apellidos de los hijos asesinados en crímenes vicarios.
- Una pena accesoria que prohibía la publicación o difusión de libros o materiales mediáticos que pudieran revictimizar, ideada tras la polémica por la edición de la biografía de José Bretón.
En declaraciones a este medio, Rosalía González, presidenta de la asociación MAMI, muestra un "sabor bastante agridulce" tras años de lucha asociativa y advierte de que el parón legal causa un hondo desánimo entre las organizaciones de defensa de las víctimas.
La portavoz traslada su preocupación por el mantenimiento del régimen de visitas con condenados por maltrato, incluso mediante Puntos de Encuentro Familiares (los denominados PEF). Según observan en la entidad, estas situaciones provocan angustia en los menores, valorando que "su retirada es algo que los niños necesitan para vivir en paz".
En esa línea, también insiste en que la patria potestad permite a los agresores bloquear la vida cotidiana de los hijos tras la separación, y señala que algunos incluso deniegan autorizaciones médicas o escolares, convirtiendo a su juicio estas decisiones en instrumentos para perpetuar el maltrato.
Asimismo, alerta de la persistencia de acusaciones basadas en el "Síndrome de Alienación Parental" en los juzgados, asegurando que esta teoría sin reconocimiento médico se usa con frecuencia para atribuir a las madres la manipulación de los hijos cuando rechazan "por miedo" al progenitor.
El freno de la Ley contra la Violencia Vicaria deja congelada la respuesta legislativa ante una realidad dramática: desde 2013, 68 menores han sido asesinados en las circunstancias a las que alude el término en España.
Lucha contra la trata
Otra norma que sucumbe al 29N es la Ley Orgánica Integral contra la Trata. En junio de 2026, la Comisión de Igualdad respaldó una proposición no de ley registrada por el PP para exigir su tramitación urgente y trasponer la directiva europea 2024/1712. Sin embargo, el adelanto electoral entierra el anteproyecto definitivo antes de llegar al Congreso.
La medida pretendía articular un marco legal unificado frente a la dispersión normativa entre el Código Penal y Extranjería. Su eje central consistía en desvincular el reconocimiento y la protección de las víctimas de la obligación de denunciar o colaborar en la investigación, con la participación de servicios públicos y entidades especializadas.
En el ámbito de la explotación, Rocío Mora, directora de APRAMP, asevera que "sin Ley, España seguirá incumpliendo su compromiso con los derechos de las afectadas por la trata y la explotación, pero también con sus obligaciones internacionales".
La campaña 'Mercancía humana' de APRAMP.
A su juicio, resulta imprescindible "situar a las víctimas y a las supervivientes en el centro de las políticas públicas" y orientar los esfuerzos hacia la implementación de un marco que "avale la prevención, la protección, la persecución del delito y el partenariado".
El problema inmediato estriba en la desprotección de las afectadas. Frente a las 771 víctimas identificadas formalmente por Interior en 2025, las oenegés estiman que más de 200.000 mujeres sufren explotación en España y colocan al país entre los que más consumen prostitución en el mundo.
Carmela del Moral, responsable de infancia en Save the Children, recuerda que la norma "no queda pendiente sólo de esta legislatura", pues ha tenido un largo e infructuoso recorrido, y pone el foco en la necesidad de que cualquier futuro marco haga énfasis en la protección de menores y "refleje también la trata de niños y niñas" orientada a la explotación laboral.
La inacción viene condicionada por la continua fractura política en las Cortes. El debate sigue atascado por el choque ideológico entre el abolicionismo del PSOE, la perspectiva pro derechos de Sumar, la exigencia de refuerzo policial del PP y el rechazo de un Vox orientado al control migratorio.
No serán las únicas
El parón en el Congreso salpica de lleno a otras iniciativas de las que se ha hablado mucho en los últimos meses. Han decaído la mencionada reforma de la LOPIVI —aprobada en primera vuelta—, la Ley de Familias —con su propuesta estrella de una ayuda universal por crianza—, el veto a las terapias de conversión, la reforma de la ley antitabaco, etc.
De los proyectos atascados, el de protección de los menores en los entornos digitales era uno de los más avanzados, en fase de ponencia. La iniciativa buscaba elevar a 16 años la edad para abrir cuentas en redes sociales y obligaba a los fabricantes a incluir herramientas gratuitas de control parental en móviles.
Asimismo, aspiraba a frenar riesgos como el acceso a plataformas como OnlyFans o el acoso virtual. La disolución de las Cortes paraliza de momento unos avances que podrían proteger más a los adolescentes en un momento en que la violencia a través de las pantallas no para de crecer.
Junto a ella decae la Ley para el Buen Uso y la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, que adaptaba el marco europeo para exigir algoritmos éticos y transparentes. La propuesta prohibía expresamente usar la IA para crear deepfakes sexuales o material de abuso infantil.
A propósito de este parón tecnológico, Carmela del Moral, de Save the Children, destaca que regular los algoritmos no es un mero asunto técnico, recordando que ambas leyes tienen "un importante impacto en el género y en las chicas", debido a la violencia machista que sufren en la red.
Advierte también de que el uso de IA para desnudar a adolescentes o la manipulación de imágenes íntimas son agresiones que requieren respuestas contundentes. La experta pide no subordinar la seguridad digital a otros intereses, situando la dignidad de los jóvenes por encima de cualquier color en el Gobierno.
Con la disolución de las Cortes, estas cuestiones pasan a convertirse en las asignaturas pendientes de la próxima legislatura.