El 19 de agosto de 2003, una bomba estalló en el Hotel Canal de Bagdad, que servía de base para 300 de los 646 miembros del personal internacional de Naciones Unidas en Irak. Murieron 22 personas. Entre ellas estaba el brasileño Sergio Vieira de Mello, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
El atentado dejó además más de 150 heridos, muchos integrantes de los equipos que trabajaban en la reconstrucción de lugar. Cinco años después, la Asamblea General eligió esa fecha como Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, en homenaje a quienes trabajan tratando de asistir a la población civil en una crisis.
23 años más tarde, el trabajo de quienes llevan alimentos, refugio o apoyo a la población sigue siendo peligroso. La Comisión Europea cifra en 82 los trabajadores humanitarios asesinados en lo que va de 2026; otros 39 han sido secuestrados y 97, heridos. Todos tenían en común una vocación de servicio que a veces va más allá del entendimiento del resto de mortales.
Entre ellos también hay mujeres, y no pocas: según los datos más recientes de Naciones Unidas, en 2019 representaban aproximadamente el 43% de la fuerza humanitaria mundial. Su presencia es decisiva, entre otras cosas porque permite a las oenegés acceder a comunidades sujetas a restricciones de género, pero también las expone a más riesgos.
Muchas de estas trabajadoras denuncian lo mismo: que los recortes están dejando desprotegidas a las organizaciones. En este sentido, la cooperación internacional atraviesa su mayor crisis de financiación en décadas, lo que pone en riesgo la atención médica básica de más de 20 millones de niños y familias.
Gaza sobrevive al verano
Sonia Silva descuelga el teléfono desde Deir al Balah, en el centro de Gaza. Allí se encuentra la sede de UNICEF donde ella, junto a otros 50 profesionales nacionales y una treintena de internacionales, trabaja día a día para atender las necesidades de una población que ha visto su hogar convertirse en el infierno sobre la tierra.
La mexicana, responsable del fondo dedicado a proteger a la infancia en la Franja, lleva en terreno desde otoño de 2023, coincidiendo con el inicio de la ofensiva israelí. Aunque trata de volver a casa cada cierto tiempo para alejarse del conflicto, reconoce que la "fatiga" ante un drama que no cesa comienza a minar su moral y la de sus compañeros.
"Aunque ahora mismo exista un alto el fuego, continúan produciéndose ataques esporádicos y los niños siguen muriendo. Además, se ha ampliado el área de ocupación hasta el 70% del territorio, lo que limita aún más el espacio disponible para la población y para la acción humanitaria", explica a esta revista, con una hora de diferencia.
Sonia Silva, jefa de la oficina de Unicef en Gaza.
La ONU estima que 1,9 de los 2,1 millones de habitantes siguen desplazados internamente. El 82% de las familias no tiene garantizado el acceso al agua y hasta el 70% no logra disponer de seis litros por persona y día, una cantidad muy inferior a los estándares mínimos de emergencia. Cerca del 90% de la infraestructura de saneamiento ha resultado dañada. A Silva le preocupa que el verano esté agravando esas carencias.
"Muchas familias que antes pertenecían a la clase media llevan casi tres años viviendo en tiendas de campaña, en condiciones de hacinamiento y con temperaturas muy altas", cuenta. El calor, la falta de espacio y la precariedad favorecen las enfermedades cutáneas y los brotes de varicela. "Es una situación que no se debe normalizar", lamenta.
Cuando habla con los grupos de mujeres y niños, lo que más le trasladan es su preocupación por el refugio y por la educación. Las madres desean que sus hijos vuelvan a las aulas —y por ello "estamos apoyando más de 134 espacios temporales de aprendizaje aquí", dice Silva—, pero también temen por el trayecto hasta los centros improvisados dado el "aumento de la violencia y la falta de seguridad".
En cualquier caso, un aula provisional tampoco resuelve por sí solo el drama de una familia que vive desplazada y que se ve obligada a encomendar a los más pequeños responsabilidades que en cualquier otro contexto serían consideradas de adultos. "En lugar de estar en la escuela, tienen que levantarse temprano para ir a recoger agua, y eso les expone a riesgos que no debemos normalizar", señala.
En los últimos meses la ayuda ha entrado, pero no siempre en la frecuencia o la forma necesarias. Entre mayo y junio, sólo 280 de los 633 camiones de UNICEF que llegaban desde Egipto pudieron descargar en Gaza. La entrada restringida de combustible y materiales esenciales, incluido el aceite para hacer funcionar generadores, ha deteriorado los servicios básicos.
Una reconstrucción mínima allí requiere acceso sostenido y financiación previsible, dos condiciones que siguen sin estar garantizadas. "Ya estamos viendo menos interés y una reducción de las contribuciones de los donantes. Eso me preocupa mucho, porque las necesidades siguen presentes", recuerda.
Lo que Silva observa tras tres años en el terreno es que "Gaza es un contexto distinto a cualquier otro por su dependencia casi al 100% de la ayuda humanitaria". Da a entender que los ánimos están especialmente resentidos: "La población lleva casi tres años viviendo con desesperanza, vulnerabilidad y miedo".
UNICEF entrega tanques de agua a refugios en el sur de la Franja de Gaza, ayudando a las familias a acceder al agua de forma más segura y sencilla, gracias al apoyo del Centro de Ayuda Humanitaria y Socorro Rey Salman.
En las últimas horas, se ha conocido la noticia de que la delegación mediadora del movimiento islamista palestino Hamás ha trasladado al enviado especial de Estados Unidos para Oriente Próximo, Jared Kushner, que mantiene su compromiso de poner en marcha la segunda fase del plan de paz diseñado por el presidente estadounidense Donald Trump.
De ejecutarse, la etapa incluiría el desarme de las milicias en Gaza, la retirada de las fuerzas israelíes del enclave y el traspaso de la autoridad a una nueva administración palestina encargada de iniciar la reconstrucción del territorio. Silva evita reflexiones precipitadas: "La gente ya no cree en nada hasta que no vea respuestas contundentes con resultados concretos".
También relata que el hartazgo no contagia sólo a quienes viven en las tiendas, pues también alcanza al personal: "Todos los que estamos aquí y hemos estado expuestos a este nivel de violencia sufrimos las consecuencias". Es consciente de que el territorio donde opera concentra, junto a Sudán, la mayoría de muertes de estos trabajadores en el mundo.
UNICEF trata de proporcionar apoyo psicológico y estrategias de bienestar, pero no se puede negar el impacto de seguir adelante al tiempo que mueren compañeros y los civiles viven con miedo. Y, mientras recibe cada día noticias que parecen contradecirse entre sí, mira a España, que desde 2024 reconoce a Palestina como estado al igual que más de 140 países.
"La sociedad valora mucho el esfuerzo que recibe del país y su llamamiento a unir fuerzas en la comunidad internacional, a aumentar el apoyo y a defender el derecho humanitario. Mi mensaje es que no se olviden de Gaza. Tenemos un compromiso moral y todos los niños deberían tener las mismas oportunidades", reclama. Entre ellas, un espacio seguro donde jugar.
Siria: volver no basta
A unos 280 kilómetros de Gaza, Damasco atestigua los primeros años de un retorno que todavía no equivale a una recuperación. Tras la caída de Bachar al Asad en diciembre de 2024, muchas personas desplazadas dentro del país y refugiados en Líbano, Jordania, Turquía o Alemania han empezado a regresar al país.
Pero volver a la localidad de origen no sirve de mucho si no hay una casa, una escuela, agua potable o un centro de salud operativo. Hay que recomponer un país entero, queda claro al hablar con Meritxell Relaño, representante de UNICEF en Siria. "Tras casi 14 años de conflicto devastador, ahora empieza la transición hacia una cierta normalidad".
Desde mayo de 2025 coordina programas de la organización después de una carrera de más de dos décadas en Colombia, Timor Oriental, Mozambique, Yemen, República Centroafricana y Ginebra. Describe un país que necesita reconstrucción material y social a la vez. "He viajado por las 14 provincias del país y el nivel de destrucción es muy importante", lamenta.
Meritxell Relaño, responsable de Unicef en Siria.
"La mitad de las fuentes y plantas de agua están dañadas, las carreteras no funcionan bien, el sistema de salud opera al 50% y hay más de 8.000 escuelas destruidas", señala. En este sentido, UNICEF prevé rehabilitar alrededor de 200 centros educativos este año, una cifra importante pero insuficiente ante la escala de la destrucción.
La ONU ha pedido esta misma semana que la comunidad internacional convierta el creciente retorno de refugiados y desplazados en apoyo tangible para vivienda, medios de vida, infraestructuras y servicios básicos. El desafío consiste en que ese regreso no sea sólo un desplazamiento inverso hacia zonas sin condiciones para sostener una vida digna.
"La ayuda está llegando con cuentagotas. Tras la caída de Al Asad hubo optimismo, pero los fondos millonarios para reconstruir no han llegado. Siria es un país con una población emprendedora y el sector privado también tendrá un papel importante, pero reconstruir una nación de más de veinte millones de habitantes va a llevar mucho tiempo", explica.
UNICEF trabaja en rehabilitación de escuelas, formación de docentes y clases de refuerzo de árabe para niños que regresan desde Turquía. También interviene en centros de atención primaria, nutrición, redes de agua y saneamiento, protección frente a la violencia y transferencias de efectivo para hogares vulnerables.
"También hay muchas madres solas con tres, cuatro o cinco hijos porque sus parejas murieron durante la guerra", cuenta Relaño. Esas ayudas sirven para comprar comida, medicinas o material escolar, pero no sustituyen a una economía recuperada ni a unos servicios públicos estables.
La reconstrucción tampoco será neutral para las mujeres, que suelen ser las "más vulnerables" en los conflictos. Relaño evita hablar de una única realidad femenina: las experiencias en Tartús o Latakia, donde muchas han podido estudiar y acceder a la universidad, no son las mismas que las de quienes vivieron en entornos que limitan su educación y participación pública.
"Observo la evolución del nuevo Gobierno con cautela: ni con optimismo ni con pesimismo", afirma. Esa misma cautela aparece también en los programas de reintegración de esposas y niños que salieron de los campos de Al Hol y Roj, vinculados a familias de miembros de Estado Islámico.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia trabaja con las familias y los entornos que deben recibirlas. "Los menores no tienen ninguna culpa", dice Relaño, pero reconoce que la reintegración es lenta, que algunas mujeres conservan ideas radicales y que hay comunidades que no están dispuestas a acogerlas.
Meritxell Relaño conversa con una mujer siria y dos menores atendidos por UNICEF.
La paz, en Siria, dependerá también de esa "cohesión" a la que apela la profesional: de cómo se rehaga una nación marcada por la diversidad de identidades, los desplazamientos y las heridas que no se reconstruyen sólo con ladrillos. "El país necesita un nuevo pacto social", valora.
La representante de UNICEF atiende a Magas durante unos días de vacaciones, aunque su responsabilidad no desconecta del todo. Su rutina transcurre entre la sede de Damasco, las reuniones con ministerios, otras agencias de Naciones Unidas, etc. "También viajo con frecuencia para visitar escuelas, plantas de agua y proyectos para niños con discapacidad", explica.
El personal trabaja en un sistema de ocho semanas en Siria por dos de descanso en el país de origen: "Podemos movernos por los alrededores, pero hay restricciones por motivos de seguridad. El país sigue siendo vulnerable a ataques y a incidentes violentos. Así intentamos compatibilizar la vida profesional y personal. No es fácil, pero con organización se puede hacer".
Venezuela y Colombia, desoladas
El 24 de junio, Venezuela sufrió dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5. La sacudida no ocurrió en un país sin necesidades previas, más bien sobre una crisis prolongada, con servicios ya debilitados y una población que afrontaba dificultades para acceder a salud, agua y otros recursos básicos.
La ONU elevó a 1,3 millones las personas que necesitaban asistencia en las zonas afectadas y añadió 299 millones de dólares al plan humanitario nacional para cubrir seis meses de respuesta. El coste total del plan para 2026 ascendió a 931 millones de dólares, pero a finales de julio solo estaba financiado en torno al 39%.
Natalia Tapiero, psicóloga de Médicos Sin Fronteras, llegó desde Colombia para trabajar durante un mes en una morgue provisional instalada en el puerto de Los Silos, en La Guaira. Allí atendía a quienes buscaban a un familiar desaparecido bajo los escombros. También a vecinos, compañeros de trabajo y amigos que debían atravesar un proceso de identificación o esperar noticias.
El equipo ofrecía primeros auxilios psicológicos, contención emocional y atención individual antes, durante y después de los trámites. También daba herramientas a quienes aguardaban fuera para acompañar a una persona que acababa de perder a alguien importante.
Las morgues improvisadas son uno de los lugares donde la atención humanitaria deja de ser una cifra: "Muchos de quienes acuden a identificar a un familiar son considerados los fuertes de la familia, los que dicen: 'Yo puedo ir'. Pero incluso alguien que se considera preparado puede sufrir un impacto enorme al enfrentarse a imágenes o cuerpos de sus seres queridos".
Natalia Tapiero, psicóloga de Médicos Sin Fronteras Colombia.
La intervención no termina con ese primer impacto. La psicóloga insiste en la continuidad del cuidado, tanto para los familiares como para trabajadores forenses, personal de funerarias, estudiantes y otros profesionales que han vivido expuestos a la muerte y al dolor durante semanas. "La salud mental forma parte de la atención integral. Es necesario ponerla en el centro de la respuesta a las emergencias", afirma.
Cuando volvió a Colombia, el 10 de agosto un terremoto de magnitud 7,4 golpeó el oeste del país. MSF comenzó a monitorizar necesidades y a preparar su despliegue en zonas como Chocó y Buenaventura. La respuesta nacional e internacional ha priorizado refugio temporal, salud, agua, saneamiento, alimentos y protección; la ONU movilizó además 5 millones de dólares del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia.
Para Tapiero, volver de una crisis y entrar en otra obliga a reconocerse en un estado de cansancio. "Nos preparamos técnicamente para responder, pero vivir, aunque sea de forma indirecta, el impacto de un desastre natural también genera desgaste", dice. Las pausas, el agua, los espacios seguros y el apoyo de los compañeros forman parte de la respuesta tanto como una clínica móvil o un kit médico.
Myanmar, la gran olvidada
Si Siria, Venezuela o Colombia buscan fondos para reconstruirse y Gaza reclama mantener servicios que se acercan al colapso, Myanmar representa otra cara de la crisis humanitaria: la de un país que se va quedando fuera del foco internacional pese a que su emergencia no ha dejado de crecer.
Phoebe Naw trabaja desde hace 13 años en World Vision Myanmar. Antes de asumir la dirección de Comunicación e Incidencia de la organización, inició una carrera en cooperación que suma más de 25 años. Para ella, los trabajadores locales no son observadores externos: viven los mismos desastres que atienden.
"Ellos son también víctimas del conflicto. Viven en las zonas afectadas, sufren los terremotos y las inundaciones, y padecen las mismas dificultades económicas que el resto de la población. Tienen que sostener a sus propias familias mientras ayudan a otras personas", explica.
Desde el golpe de Estado de febrero de 2021, el conflicto armado ha multiplicado el desplazamiento, la pobreza y las necesidades de protección. La Unión Europea calcula que más de 100.000 ciudadanos han muerto desde entonces y que 16,2 millones necesitan asistencia.
El 13 de agosto anunció 10,5 millones de euros adicionales de ayuda, con los que su contribución humanitaria a Myanmar en 2026 alcanza los 49,1 millones. La cifra, sin embargo, no corrige por sí sola el desequilibrio entre necesidades y recursos. Naw habla de casi cuatro millones de desplazados y de aldeas destruidas a las que las familias no pueden regresar.
Naw Phoebe, directora de Incidencia y Comunicaciones de World Vision Myanmar.
A la guerra se añade una inflación que encarece los productos básicos y empuja a más hogares a la pobreza. Y ahora se suma el monzón. Las lluvias e inundaciones han golpeado regiones donde muchas familias ya estaban desplazadas por la violencia. En Sagaing, Rakhine, Ayeyarwady y Kachin, los daños a viviendas, cultivos e infraestructuras amplían las necesidades de alimentos, agua limpia, salud y medios de vida.
"Hay personas que ya habían sido desplazadas porque sus casas y aldeas fueron destruidas y que ahora vuelven a sufrir inundaciones", describe Naw. "Es una doble crisis". En los refugios temporales, añade, mujeres y niñas afrontan un riesgo mayor de violencia de género por la falta de privacidad y la convivencia forzada en espacios compartidos.
World Vision cuenta con unas 400 trabajadores en el país. Para llegar a algunas comunidades, deben atravesar controles y hacer frente a restricciones de acceso. El trabajo de los equipos locales permite que la ayuda llegue a lugares donde la presencia internacional es limitada, pero también los convierte en quienes asumen la mayor exposición.
"Ver que la gente recibe ayuda, reconstruye su vida y empieza a recuperarse da alegría y fuerzas para continuar", sostiene Naw, afirmación con la que sus compañeras de reportaje seguramente estarían de acuerdo. Pero para eso necesitan que la ayuda no se retire antes de tiempo. "Sólo pedimos que el mundo no nos olvide".