El acceso a una vivienda digna se ha convertido en una dificultad que va mucho más allá de los jóvenes. España arrastra desde hace años un problema estructural que afecta a personas de distintas edades y situaciones económicas.
Los alquileres no dejan de subir, los salarios pierden poder adquisitivo y cada vez hay menos viviendas disponibles a precios asequibles. Una combinación que complica encontrar un hogar estable, incluso para quienes ya han terminado su vida laboral.
Hace una década, la imagen más habitual de la precariedad residencial era la de jóvenes obligados a compartir piso. Ahora, el problema alcanza también a otros colectivos que durante años parecían estar al margen de esta situación.
Las personas mayores de 50 años, especialmente quienes viven de una pensión, se enfrentan a crecientes dificultades para mantener una vivienda. El caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desahuciada en Madrid tras vivir más de siete décadas en el mismo piso, ha puesto rostro a esta realidad y ha reabierto el debate sobre la protección de los inquilinos vulnerables.
Mientras tanto, las pensiones medias siguen lejos de los precios del alquiler en las grandes ciudades. Para muchas personas mayores, encontrar una vivienda que puedan pagar sin comprometer buena parte de sus ingresos se ha convertido en un desafío, especialmente cuando no cuentan con una propiedad en la que vivir.
Clases de inquilinos
Muchos propietarios, directamente, exigen condiciones añadidas a quienes superan cierta edad: contratos temporales, revisiones constantes o avales extra.
Y ahí aparece un fenómeno atípico: padres obligados a pedir respaldo financiero a sus hijos para poder firmar un alquiler. Es el caso de Encarni, una anciana de 83 años que, tras toda una vida trabajando, cotizando y pagando su vivienda, ha encontrado un muro inesperado.
"Tengo tres hijos y a todos tuve que ponerlos de avalistas", explica. Su pensión no sube al ritmo del alquiler. Las actualizaciones anuales convierten un contrato asumible en una amenaza para su cuenta corriente.
Le exigen garantías, pese a que lleva medio siglo sin un impago. Le exigen papeles, pese a que sus ingresos son fijos. Le exigen seguridad, pese a su historial impecable.
Encarni observa cómo el mercado trata a los mayores como inquilinos de riesgo, una etiqueta que antes se reservaba a jóvenes eventuales.
Duración de los contratos
Asociaciones del sector denuncian prácticas que hace años habrían parecido impensables. Propietarios que reducen la duración de los contratos; gestores que exigen certificaciones de autonomía personal y alquileres que se condicionan a la ausencia de enfermedades.
Todo mientras las ayudas públicas se mueven lentamente. El Plan Estatal de Vivienda contempla subvenciones para mayores de 65 años, pero con requisitos restrictivos como no haber sido propietario, acreditar ingresos bajos y demostrar que la vivienda será habitual.
El beneficio puede cubrir hasta la mitad del alquiler mensual, pero acceder a él requiere tramitar burocracias complejas.
Muchos han desistido, en cambio, otros, no cumplen los parámetros. Y algunos no pueden esperar meses para una resolución administrativa.
Últimatums
Encarni, cuando analiza las alternativas, choca con otro obstáculo: el coste residencial. "La única solución que te dan es que te vayas a una residencia", explica, que tampoco se puede pagar porque están por las nubes."
El coste medio ronda cifras inasumibles para una pensión contributiva corriente. Y la oferta pública es escasa, con listas de espera prolongadas.
Entre la escalada de precios y la falta de intervención pública, muchos mayores están atrapados en un limbo.
Ni pueden sostener el alquiler, ni pueden financiar una plaza sociosanitaria. Y vender patrimonio, para quienes lo tienen, no siempre es una opción viable.
La barrera económica se combina con la del miedo del arrendador. Para un jubilado, demostrar solvencia no pasa por mostrar una nómina, sino una pensión fija.