La tarifa de último recurso (TUR) es la tarifa regulada del gas natural a la que pueden acogerse los hogares y pequeños consumidores que cumplen los requisitos establecidos. A diferencia de las tarifas del mercado libre, su precio no lo fija cada compañía de manera independiente, sino que se revisa periódicamente siguiendo una metodología regulada.
En los últimos meses, el Gobierno ha limitado las subidas de esta tarifa para evitar que el aumento del precio del gas se trasladase de golpe a los recibos. Desde el 1 de octubre, los clientes de la TUR tienen de nuevo una protección que limita al 15% la subida que puede aplicarse en cada revisión, una medida pensada para contener el impacto de los precios energéticos durante los próximos meses.
El problema es que esa cantidad que los consumidores dejan de pagar ahora no desaparece, explica la economista Pilar García de la Granja. La diferencia queda pendiente y las comercializadoras tendrán que recuperarla más adelante. Por eso, desde enero, millones de hogares verán un nuevo concepto en su factura del gas.
La rebaja del gas que después se recuperará en la factura
La subida a la que se refiere García de la Granja está relacionada con el precio del gas natural utilizado para generar electricidad. Cuando este coste aumenta, la tarifa regulada del gas puede verse afectada en las revisiones correspondientes, pero el Gobierno ha establecido un límite para evitar que toda esa subida llegue de manera inmediata a los consumidores.
Desde el 1 de octubre se aplica una limitación del 15% a la subida que puede trasladarse a la tarifa de último recurso. La medida estará vigente durante dos revisiones trimestrales, hasta el 31 de marzo, de manera que los clientes acogidos a la TUR no soporten de golpe todo el incremento que correspondería aplicar según la evolución del mercado.
Sin embargo, explica la economista a Herrera en COPE, es que ese límite no significa que la cantidad que queda fuera de la factura desaparezca. La diferencia se convierte en una cantidad pendiente de recuperar por parte de las comercializadoras, una "especie de aplazamiento del coste".
"Las comercializadoras deberán empezar a recuperar la deuda que se ha generado", explicó la economista en la sección Economía de bolsillo. El presentador Jorge Bustos llegó a definirlo como "un préstamo en diferido del Gobierno" para los consumidores que tienen contratada la TUR, una descripción con la que coincidió la colaboradora.
La clave está, por tanto, en distinguir entre una rebaja definitiva y un coste aplazado. El consumidor paga menos durante el periodo en el que está vigente el límite, pero la parte que no se ha trasladado entonces se recuperará más adelante. El ajuste aparecerá directamente en el recibo del gas.
Según explicó García de la Granja, la devolución se realizará mediante un recargo de alrededor de 2 céntimos por kilovatio hora, más impuestos, que se mantendrá hasta que se haya recuperado la cantidad correspondiente.
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El importe final que pague cada hogar dependerá, por tanto, de su consumo y del tiempo necesario para compensar la cantidad acumulada.
Esto significa que el efecto no será necesariamente igual para todos los consumidores. Una vivienda con un consumo reducido tendrá un impacto menor que otra que utilice más gas, mientras que los hogares que concentren un mayor consumo durante los meses de invierno pueden notar más el incremento asociado a esta devolución.
3,1 millones de españoles tienen la tarifa TUR
El mecanismo afecta a un número considerable de consumidores porque la tarifa de último recurso sigue teniendo un peso importante dentro del mercado doméstico del gas.
De acuerdo con los últimos datos de supervisión minorista de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) citados por García de la Granja, alrededor de 3,1 millones de clientes tienen contratada esta modalidad.
La cifra representa aproximadamente el 39% de las familias con suministro de gas en España, dentro de un mercado que ronda los ocho millones de clientes.
La situación también afecta a consumidores que no viven en una vivienda individual. Existen comunidades de propietarios con calefacción central acogidas a una modalidad específica de la tarifa regulada, conocida como TUR vecinal o TUR 4.
Según los datos citados de Naturgy, alrededor de 6.000 comunidades de propietarios se encuentran dentro de este sistema. En estos casos, el impacto se produce sobre el suministro común utilizado para la calefacción, por lo que la evolución de la factura energética puede terminar repercutiéndose en los gastos que asumen los propietarios.
La existencia de estas comunidades amplía el alcance de la medida más allá de las facturas individuales. En un edificio con calefacción central, por ejemplo, el coste del gas forma parte de los gastos asociados al sistema comunitario y la cantidad que se recupere mediante el mecanismo establecido terminará teniendo efecto sobre las cuentas de la comunidad.