Pagar una habitación y aun así vivir con la incertidumbre de no saber si podrá seguir en ella dentro de unos meses. Esa es la situación de Begoña Revuelta, una jubilada de 63 años que vive en Madrid y destina 600 de los 800 euros de su pensión al alquiler.
Su economía apenas deja margen para otros gastos. Begoña comparte vivienda y baño con otras 11 personas, una realidad a la que llegó después de divorciarse y comprobar que alquilar un piso completo en la capital estaba completamente fuera de sus posibilidades.
"Tengo una pensión de 800 euros y pago 600 de alquiler por una habitación compartiendo un baño, esa es mi realidad", explica durante su intervención en el programa LaSexta Xplica, donde ha querido poner voz a una situación que afecta también a personas que han terminado su vida laboral.
No vive, además, únicamente con estudiantes o jóvenes que buscan independizarse. Entre sus compañeros de vivienda hay personas de diferentes edades y situaciones profesionales.
"Tengo una compañera abogada de aproximadamente unos 50 años, hay matrimonios de mi edad y personas de 40 años", relata, utilizando su propio caso para mostrar hasta qué punto compartir piso ha dejado de ser exclusivamente una solución temporal para los más jóvenes.
600 euros por una habitación
Cuando Begoña llegó a la vivienda comenzó pagando 500 euros mensuales por la habitación. Antes de firmar, una de sus principales preocupaciones era precisamente saber si el precio podía aumentar.
Según explica, preguntó expresamente por esta cuestión y entendió que la renta no cambiaría. Sin embargo, pocos meses después recibió una subida de 100 euros que elevó el alquiler hasta los actuales 600 euros.
"Mi casa la gestiona una agencia que administra además otras viviendas y a mí no me dan ninguna seguridad. Es cierto que no leí el contrato, pero me siento engañada", asegura.
La jubilada descubrió posteriormente que había firmado un contrato temporal de seis meses. Esta situación provoca que cada renovación se haya convertido para ella en una nueva fuente de preocupación.
"Lo primero que pregunté es si subían el precio y ahora tienen la libertad de decirme que me subirán el alquiler", lamenta.
Su contrato vencía nuevamente en marzo y, según contó, ya le habían advertido de la posibilidad de otro incremento. Si no aceptaba las nuevas condiciones, tendría que abandonar la habitación.
Red de apoyo
Ante sus dificultades económicas, Begoña asegura haber escuchado en varias ocasiones la recomendación de marcharse de Madrid y buscar una vivienda más barata en algún municipio pequeño.
Sin embargo, para ella trasladarse no consiste simplemente en encontrar un alquiler más económico. Su vida cotidiana, sus vínculos personales y la atención sanitaria que necesita están en Madrid.
"Me dicen: ‘'vete a un pueblo', pero yo debo estar cerca de mi hospital. Llevo 10 años con cáncer y mi red de apoyo se encuentra en Barajas: no está en un pueblo", recalca.
Es precisamente esa red de apoyo la que convierte la ubicación de su vivienda en una necesidad y no únicamente en una preferencia. Alejarse significaría también distanciarse de las personas y servicios en los que se apoya después de una década de enfermedad.
Su estado tampoco le permite recurrir al trabajo para complementar la pensión y afrontar con mayor holgura el coste de la vivienda.
Ayudas que no llegan
Begoña explica que ha tratado de buscar otras alternativas económicas. Ha solicitado diferentes ayudas y subvenciones con la esperanza de aliviar una situación en la que tres de cada cuatro euros que recibe mensualmente terminan destinados exclusivamente al alquiler.
Hasta el momento, asegura, no ha conseguido acceder a ellas porque sus ingresos superan los límites establecidos en determinadas convocatorias.
"He pedido ayudas y subvenciones, pero no me las dan porque consideran que mi pensión es alta; me dicen que no se trata de lo que gasto sino de lo que yo ingreso", afirma.
Su caso refleja así otra cara de la crisis de la vivienda, la de quienes, después de jubilarse, cuentan con unos ingresos demasiado bajos para acceder a una vivienda por su cuenta, pero que al mismo tiempo pueden quedar fuera de determinadas ayudas.