Encontrar una vivienda en alquiler se ha convertido en una carrera de obstáculos para muchas personas en España.
La falta de oferta y el aumento de los precios están dificultando el acceso a un piso, pero también existen otros perfiles que encuentran problemas a la hora de superar los requisitos que exigen propietarios y agencias.
Es el caso de Rafaela López, una jubilada de 67 años residente en Córdoba, que ha contado en el programa Y Ahora Sonsoles las dificultades que ha vivido durante casi dos años para encontrar una vivienda en la que poder vivir.
Su situación económica, explica, no encaja con las condiciones que le plantean algunos propietarios.
Rafaela recibe una pensión de 1.250 euros al mes, pero asegura que su condición de jubilada hace que algunos la consideren una persona vulnerable y le exijan garantías adicionales para poder alquilar.
Un margen ajustado
Rafaela ha explicado que actualmente paga alrededor de 450 euros por su alquiler, una cantidad que aumenta considerablemente cuando suma el resto de gastos asociados a la vivienda y sus necesidades personales.
"Cobro una pensión de 1.250 euros y pago unos 450 por el alquiler, que entre gastos y demás se queda en 700. Además, tengo que pagar un pellizquito por una operación", relató.
La jubilada asegura que, después de afrontar todos esos pagos, apenas dispone de dinero para cubrir el resto de sus necesidades. "Al final, me quedan unos 150 euros para vivir. Ese es otro problema: la comida, todo… son muchos gastos. No podemos. Ahorrar, imposible", explicó.
Su testimonio refleja una de las dificultades que afrontan algunos pensionistas cuando sus ingresos proceden exclusivamente de una prestación mensual y el coste de la vivienda representa una parte importante de sus recursos.
Una búsqueda difícil
El problema no se limita al precio. Rafaela asegura que encontrar un propietario dispuesto a alquilarle una vivienda tampoco ha sido sencillo.
"He estado casi dos años buscando y a mí no me alquilaban. ¿Por qué? Porque, por mi pensión, me consideran persona vulnerable", afirmó durante su intervención televisiva.
Según su relato, en algunas ocasiones le solicitaron garantías adicionales para aceptar el alquiler. "Me pedían un seguro, un aval, muchísimas cosas", señaló.
La jubilada considera que estos requisitos terminan dificultando todavía más el acceso a una vivienda para personas que, pese a disponer de ingresos mensuales, no cuentan con ahorros suficientes o con alguien que pueda actuar como avalista.
A esta situación se suma, según Rafaela, el incremento que ha experimentado el precio de los alquileres durante los últimos años. "El precio del alquiler se ha duplicado, más que el doble", aseguró.
La pensionista también relaciona el descenso de viviendas disponibles con el auge de los pisos turísticos y con el temor de algunos propietarios a problemas relacionados con la okupación.
"Los particulares ya no quieren alquilar por miedo a la okupación; ahora es todo por agencias", sostuvo.
Otras opciones imposibles
Ante las dificultades para acceder al mercado privado, Rafaela asegura que también ha solicitado una vivienda social. Sin embargo, considera que la escasez de este tipo de inmuebles hace que la solución no sea inmediata.
"He pedido una vivienda social, pero hay muy pocas. Posiblemente me toque esperar cinco años o más", afirmó.
Su caso se produce en un contexto de fuerte presión sobre el mercado residencial. Según los datos de Idealista correspondientes a junio de 2025 citados en el reportaje original, el alquiler alcanzaba entonces una media de 14,60 euros por metro cuadrado en España, un 9,7% más que un año antes.
Para Rafaela, el problema se resume en una situación difícil de resolver: tiene una pensión mensual con la que debe afrontar sus gastos, pero considera que sus ingresos no son suficientes para competir en un mercado del alquiler cada vez más exigente.