Vivir en un edificio implica compartir mucho más que el portal o el ascensor. Los ruidos también atraviesan paredes y techos y, cuando dejan de ser algo puntual, pueden convertirse en uno de los conflictos más incómodos dentro de una comunidad de propietarios.
De hecho, cerca de 4 de cada 10 españoles aseguran haber tenido algún tipo de problema o conflicto con sus vecinos, siendo el ruido una de las causas principales en edificios y comunidades. Esto puede incluir desde una lavadora funcionando de madrugada a música a un volumen excesivo, fiestas frecuentes o golpes constantes, entre otros.
El problema aparece cuando estas situaciones se repiten y terminan afectando al descanso y al uso normal de la vivienda. Y es que, aunque lo habitual es intentar solucionarlo primero hablando con el vecino, esto no siempre funciona.
De hecho, cuando las molestias persisten, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) contempla mecanismos para que la comunidad pueda intervenir.
Y existe una consecuencia que muchos propietarios desconocen: si el conflicto termina en los tribunales, la sentencia puede contemplar una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, siempre que estos puedan acreditarse.
Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal
La respuesta se encuentra en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. La norma impide que propietarios y ocupantes desarrollen determinadas actividades prohibidas por los estatutos o perjudiciales para la finca.
También alcanza a aquellas conductas que puedan encajar dentro de las actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Es en este marco donde determinados episodios de ruido excesivo y persistente pueden acabar generando un problema legal.
Esto no significa que cualquier ruido cotidiano permita iniciar automáticamente un procedimiento. Vivir en comunidad implica soportar determinados sonidos propios del uso normal de una vivienda y cada situación debe valorarse atendiendo a sus circunstancias.
La situación cambia cuando las molestias alcanzan una intensidad o frecuencia suficiente como para perjudicar de manera continuada al resto de residentes. En ese momento, la comunidad dispone de una vía para exigir que cesen.
El primer paso antes de acudir a los tribunales
Antes de llegar al juzgado existe un procedimiento que conviene respetar. El presidente de la comunidad, por iniciativa propia o a petición de cualquiera de los propietarios u ocupantes afectados, puede requerir al responsable para que termine con la actividad.
Realizar esta comunicación de manera que quede constancia resulta especialmente importante. Además de pedir el cese de las molestias, el requerimiento advierte de las posibles actuaciones posteriores si el comportamiento continúa.
Si el ruido desaparece, el conflicto puede terminar ahí. Sin embargo, cuando las molestias persisten después del requerimiento, la Ley de Propiedad Horizontal permite avanzar un paso más.
Con la autorización previa de la junta de propietarios, el presidente puede iniciar la denominada acción de cesación ante los tribunales para conseguir que la conducta molesta termine definitivamente.
Cuándo se puede reclamar indemnización
Si el procedimiento llega a los tribunales y la sentencia resulta favorable, las consecuencias pueden ir más allá de obligar al vecino a dejar de hacer ruido. El propio artículo 7.2 contempla que la resolución pueda establecer el cese definitivo de la actividad y "la indemnización de daños y perjuicios que proceda".
Ahora bien, esto no supone que soportar ruidos dé derecho automáticamente a recibir dinero. Para obtener una indemnización será necesario acreditar los daños y perjuicios concretos que esa conducta haya provocado.
Por eso, una cosa es que la legislación permita solicitar una compensación y otra que esta se conceda en todos los casos. Será necesario analizar las circunstancias y demostrar suficientemente el perjuicio ocasionado.
Las consecuencias pueden ir más allá
La Ley de Propiedad Horizontal contempla medidas especialmente importantes cuando la gravedad de la situación lo justifica. Una sentencia puede llegar a privar al propietario del derecho de uso de su vivienda o local durante un periodo máximo de tres años.
Si quien provoca las molestias no es el propietario sino un inquilino u otro ocupante, las consecuencias también pueden afectar a su permanencia en la vivienda. La norma permite declarar extinguidos sus derechos sobre el inmueble y acordar su lanzamiento.
Por tanto, ante un problema continuado de ruido, documentar correctamente lo ocurrido puede resultar importante. Comunicaciones a la comunidad y otras pruebas obtenidas legalmente pueden ayudar a acreditar que no se trata de una molestia aislada.
La vía judicial debería quedar como último recurso cuando el diálogo y los requerimientos previos no han funcionado. Pero cuando el ruido se convierte en un problema persistente, la Ley de Propiedad Horizontal ofrece a la comunidad herramientas para recuperar la convivencia y, cuando proceda, reclamar los daños ocasionados.