La pensión por incapacidad permanente es una prestación económica destinada a compensar la pérdida de ingresos que puede sufrir un trabajador cuando una enfermedad o un accidente reduce o anula su capacidad para continuar trabajando.
Actualmente, más de un millón de personas reciben cada mes una pensión de incapacidad permanente en España. Para acceder a ella es necesario cumplir una serie de requisitos que dependen, entre otras cuestiones, del grado de incapacidad reconocido y de la situación del trabajador.
La Seguridad Social diferencia cuatro grados. El primero es la incapacidad permanente parcial, que implica una disminución de al menos el 33 % del rendimiento normal para la profesión habitual, aunque permite continuar realizando sus tareas fundamentales.
Por encima se encuentra la incapacidad permanente total, que impide continuar ejerciendo la profesión habitual, pero permite trabajar en otra diferente.
La absoluta imposibilita desarrollar cualquier profesión u oficio y la gran incapacidad implica, además, necesitar la ayuda de otra persona para los actos esenciales de la vida.
Sin embargo, conseguir el reconocimiento de una incapacidad permanente no siempre resulta sencillo. A diferencia de otras pensiones, su concesión depende especialmente de la valoración de las limitaciones que presenta cada persona y de cómo afectan realmente a su capacidad para trabajar.
Precisamente sobre las dificultades que pueden aparecer durante este proceso ha hablado Marina Alaminos, abogada especializada en incapacidad permanente y negligencias médicas, quien pone el foco en las solicitudes que inicialmente reciben una respuesta negativa.
Una primera denegación
Según la letrada, "el INSS deniega el 80 % de las incapacidades". Una cifra que utiliza para advertir de que una primera resolución desfavorable no tiene por qué significar que el trabajador haya agotado todas sus posibilidades.
De hecho, Alaminos asegura que "son muchísimas las ocasiones en las que el INSS deniega las prestaciones de incapacidad", pero insiste en que esto "no significa necesariamente que no tengas derecho a ella".
La especialista señala que este tipo de resoluciones se producen "con muchísima frecuencia". Por eso, recomienda estudiar cada caso y, sobre todo, "no quedarse solo con la primera resolución".
Cuando el INSS rechaza una solicitud, existe la posibilidad de presentar una reclamación previa. Con carácter general, el interesado dispone de 30 días hábiles desde la notificación para dar este paso.
Y si la respuesta continúa siendo negativa, el procedimiento puede llegar posteriormente a los tribunales. "Muchas incapacidades se deniegan inicialmente, pero después pueden reconocerse en vía judicial", explica la abogada.
Los informes médicos, fundamentales
Uno de los elementos que adquiere mayor importancia durante todo el procedimiento es la documentación que permite acreditar el estado de salud del trabajador. Para Alaminos, el contenido de los informes médicos "es fundamental".
Sin embargo, acumular diagnósticos no es suficiente por sí solo. "No basta con tener diagnósticos, hay que acreditar cómo esas enfermedades te limitan en tu trabajo y si existen o no posibilidades reales de mejoría".
Por tanto, además de recoger las patologías, resulta especialmente relevante que la documentación permita conocer las limitaciones que provocan y cómo estas afectan a las tareas que exige la profesión habitual de esa persona.
Cuándo se puede iniciar
El procedimiento para reconocer una incapacidad permanente puede comenzar de diferentes maneras. Si el trabajador se encuentra de baja médica, es posible que el propio INSS inicie el expediente para determinar si corresponde reconocer algún grado de incapacidad.
Pero también puede ser el propio interesado quien valore iniciar el proceso. Según Alaminos, esta opción puede plantearse cuando considera que sus patologías son definitivas "y no quedan tratamientos eficaces".
Si la persona continúa trabajando y no está de baja, la situación requiere valorar qué camino resulta más adecuado. "Habrá que estudiar si conviene iniciar un proceso de incapacidad temporal o solicitar directamente la incapacidad permanente", concreta Alaminos.
Cada caso depende así de la situación médica, laboral y de las limitaciones concretas del trabajador.