La batería suele ser uno de los primeros componentes de un teléfono móvil que muestra síntomas de desgaste. El dispositivo continúa funcionando, pero pierde autonomía, se apaga antes de tiempo y obliga al usuario a tener siempre un cargador a mano.
Hasta ahora, cambiarla no ha sido sencillo. En numerosos modelos se encuentra pegada al interior del teléfono y su extracción exige herramientas específicas, calor, disolventes o la intervención de un servicio técnico.
La Unión Europea quiere acabar con esta barrera. Desde el 18 de febrero de 2027, los nuevos dispositivos con baterías portátiles que se introduzcan en el mercado comunitario deberán estar diseñados, como norma general, para que el usuario pueda retirarlas y sustituirlas.
La medida afectará también a los teléfonos comercializados en España y forma parte del Reglamento europeo sobre baterías y residuos de baterías. Su objetivo es prolongar la utilización de los productos electrónicos y evitar que una batería degradada provoque la retirada de un aparato que todavía funciona.
La batería podrá cambiarse
La norma no se limita a pedir que la batería pueda extraerse. También establece que debe ser posible colocar otra compatible sin perjudicar el funcionamiento, el rendimiento o la seguridad del dispositivo.
Para considerarla fácilmente extraíble, el proceso deberá realizarse con herramientas disponibles en el mercado. No podrá exigir utensilios exclusivos del fabricante, fuentes de calor o disolventes para abrir el terminal, salvo que la herramienta especializada necesaria se entregue gratuitamente con el producto.
Los fabricantes tendrán que proporcionar, además, instrucciones y advertencias de seguridad comprensibles. Esta información deberá permanecer disponible en internet para que el usuario pueda consultar cómo retirar e instalar correctamente la batería.
Otro cambio importante afecta a los repuestos. Las empresas deberán garantizar la disponibilidad de baterías compatibles durante un mínimo de cinco años después de introducir en el mercado la última unidad de cada modelo, a un precio razonable y no discriminatorio.
El reglamento también prohíbe emplear programas informáticos para impedir la instalación de una batería compatible. Así se pretende evitar que el teléfono pierda funciones únicamente porque el componente utilizado no procede del fabricante original.
No implica una tapa extraíble
La entrada en vigor de la norma no implica necesariamente que todos los teléfonos recuperen las tapas traseras desmontables que eran habituales hace años. La batería podrá permanecer dentro del dispositivo, siempre que su acceso y sustitución cumplan las condiciones establecidas.
El reglamento contempla algunas excepciones. Determinados productos diseñados para trabajar principalmente en ambientes húmedos, sometidos a chorros o inmersiones y destinados a ser lavados, podrán reservar el cambio de batería a profesionales independientes.
No obstante, contar con una certificación de resistencia al agua no basta por sí solo para acogerse a esta excepción. Las directrices de la Comisión explican que una clasificación IP únicamente mide la protección frente al polvo y los líquidos, pero no demuestra que el aparato haya sido concebido para funcionar principalmente en esas condiciones.
La obligación tampoco será retroactiva. Los móviles que hayan sido introducidos en el mercado europeo antes del 18 de febrero de 2027 no tendrán que adaptarse, aunque algunas unidades continúen disponibles posteriormente en establecimientos o plataformas de venta.
Desde 2025
El cambio de 2027 amplía una transformación que ya comenzó el 20 de junio de 2025. Desde esa fecha, los smartphones nuevos están sujetos a requisitos europeos de ecodiseño y deben mostrar una etiqueta con su eficiencia energética, autonomía, resistencia y nivel de reparabilidad.
Estas normas exigen que las baterías soporten al menos 800 ciclos completos de carga conservando un mínimo del 80% de su capacidad inicial. Los fabricantes también deben ofrecer determinadas piezas durante siete años y actualizaciones del sistema operativo durante al menos cinco años desde que deja de comercializarse el modelo.
Bruselas calcula que el conjunto de medidas permitirá reducir el consumo eléctrico, aprovechar mejor las materias primas críticas y disminuir el gasto de los consumidores. La Comisión estima que los europeos podrían ahorrar unos 20.000 millones de euros en 2030 gracias a dispositivos más duraderos y reparables.