El sistema de dependencia en España afronta uno de los mayores cambios de los últimos años. El Congreso de los Diputados aprobaba el pasado 14 de julio el texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para reformar las leyes de dependencia y discapacidad.
El objetivo es ampliar los servicios, reducir la burocracia y reforzar la atención que reciben las personas dependientes y sus familias. Entre las principales novedades destaca el aumento de la financiación que el Estado entregará a las comunidades autónomas por cada persona beneficiaria.
Durante años, gran parte de estos cuidados ha recaído en las familias y, especialmente, en las mujeres. Según los datos del Imserso, el 87,9 % de los cuidadores no profesionales registrados son mujeres. Esa sobrecarga es uno de los motivos que ha impulsado la reforma del sistema.
Dicha reforma establece que la Administración General del Estado deberá asumir, como mínimo, el 50 % del gasto total del sistema de dependencia. Algo a lo que se suma la convalidación del Real Decreto-ley 17/2026, que contempla una inversión adicional de 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027.
Una subida que también se reflejará en las cantidades que el Estado transferirá a las autonomías según el grado de dependencia reconocido.
Así, la financiación por persona beneficiaria pasa de 76 a 90 euros mensuales en el grado I, de 130 a 260 euros en el grado II y de 290 a 660 euros al mes en el grado III o gran dependencia.
Otro de los pilares de la reforma, es el blindaje de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Y es que, con la nueva ley el Estado pasará de asumir una media del 27 %, a asumir como mínimo el 50 % del coste total del sistema.
Más recursos y menos tiempo de espera
Con esta financiación adicional, el Gobierno prevé que las autonomías dispongan de más recursos para contratar profesionales, ampliar los servicios y continuar reduciendo las listas de espera que todavía afectan a miles de personas en España.
Otra de las novedades es que el plazo máximo para resolver una solicitud de dependencia se reducirá de seis a tres meses. El objetivo es agilizar los trámites para que las personas beneficiarias puedan acceder antes a las prestaciones y servicios que les correspondan.
Se podrán combinar varias prestaciones
La reforma también elimina buena parte de las incompatibilidades que existían hasta ahora entre las distintas ayudas a la dependencia.
Esto permitirá que una misma persona pueda beneficiarse de varios recursos de forma simultánea cuando así lo determine su Programa Individual de Atención (PIA). Por ejemplo, podrá acudir a un centro de día y, al mismo tiempo, disponer de teleasistencia o seguir recibiendo cuidados en el entorno familiar.
Además, la asistencia personal pasa a formar parte del catálogo de servicios y deja de limitarse al domicilio. De este modo, el asistente podrá acompañar a la persona dependiente en actividades cotidianas como acudir al médico, hacer la compra o realizar otras gestiones fuera de casa.
La teleasistencia también se refuerza y se convierte en un derecho para todas las personas con un grado de dependencia reconocido. El servicio podrá incorporar nuevas herramientas, como pulseras geolocalizables u otros dispositivos que permitan mejorar el seguimiento de los usuarios.
Menos burocracia y más derechos
La reforma introduce también cambios importantes en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad con el objetivo de simplificar los trámites administrativos.
A partir de ahora, quienes tengan reconocido un grado I de dependencia obtendrán automáticamente un 33 % de discapacidad. En el caso de las personas con grado II o III de dependencia, podrá reconocerse directamente un 65 % de discapacidad, evitando tener que iniciar un nuevo procedimiento administrativo.
La accesibilidad universal también pasa a reconocerse como un derecho. Esto permitirá reclamar la eliminación de barreras en edificios y servicios públicos y facilitará el acceso a ayudas para realizar obras como la instalación de rampas o ascensores en comunidades de vecinos.
Asimismo, las administraciones estarán obligadas a ofrecer apoyo económico para este tipo de actuaciones y las comunidades de propietarios deberán solicitar esas ayudas cuando lo pida alguna persona residente.
Se prohíbe la discriminación en los seguros
Entre las medidas incluidas en la reforma también figura la prohibición de que las compañías aseguradoras cobren más por un seguro de hogar o de salud únicamente por el hecho de que una persona tenga una discapacidad.
Además, la norma reconoce la atención temprana como un derecho para todos los niños de hasta seis años que presenten trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos, garantizando que las familias puedan exigir este servicio a su comunidad autónoma.
Tras su aprobación en el Congreso, la reforma continuará ahora su tramitación en el Senado, donde todavía podrán incorporarse nuevas enmiendas antes de su aprobación definitiva.
Mientras tanto, algunas medidas, como el aumento de la financiación estatal por persona beneficiaria, ya han entrado en vigor con efectos retroactivos desde el 1 de julio de 2026.