La abogada Eva González Pérez (47 años) no podía ni imaginar que su trabajo fuera a terminar con la dimisión en bloque del Gobierno de Holanda, donde ejerce desde hace 20 años. Nacida en Cáceres, sus padres se la llevaron con dos años a territorio holandés. Fue la misma historia de muchos emigrantes extremeños en los años 70: primero llegaba el padre y luego, se sumaba el resto de la familia. Ella y su madre.

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Eva sabe lo que es pasar temporadas en Cáceres con sus abuelos pero también los momentos duros que es criarse entre niñeras que no siempre ejercen su trabajo como los padres quisieran, un sentimiento que le ha ayudado mucho en este caso.

Y es que ella, con el carácter de quien no está dispuesta a tirar la toalla, ha destapado el mayor escándalo político y administrativo de la década de Gobierno de Mark Rutte que ha provocado la dimisión de todo el Ejecutivo por la aprobación irregular de ayudas a 26.000 padres, en su mayoría de origen extranjero, para los cuidados de sus hijos.

El problema surgió cuando decenas de miles de familias, en su mayoría de origen turco y marroquí, fueron víctimas de acusaciones infundadas de fraude en la asignación que usaban para financiar el cuidado de sus hijos y fueron obligados a devolver cantidades ingentes de dinero, a veces de hasta 100.000 euros, en el plazo de semanas, llevando a muchos a perder su casa y su trabajo.

Las deudas rompieron familias e hicieron a otras trabajar día y noche para reunir el dinero recibido durante años. Muchos siguen sufriendo problemas personales y psicológicos a causa del daño económico sufrido, algo que el gobierno neerlandés quiere compensar ahora con una indemnización de 30.000 euros que pretendía evitar la dimisión del Ejecutivo en bloque.

"Ese dinero lo ofrecen porque en realidad no saben por dónde empezar, esto es como un volcán que ha estallado de repente. Llevo veinte años ejerciendo esta profesión y nunca había visto algo así", admite, en conversación telefónica con Efe, desde su despacho en Eindhoven.

Cinco niñeras

Eva aún mantiene intacto su castellano, que a veces combina con terminología legal en neerlandés para explicar este caso. Sus padres tuvieron que echar más de 40 horas semanales para salir adelante, tenían diferentes turnos y horas extra de noche, y les fue difícil encontrar cuidadora para su pequeña.

"Cambié cinco veces de niñera. Una me dejaba sola en la cocina durante la cena, mientras ella comía con toda su familia en el salón. Un día, mi madre apareció sin avisar y me vio sentada ahí, sola, y me sacó de allí", rememora. Como hija de inmigrantes que hubieran querido recibir respaldo entonces, no le faltan razones para empatizar con sus clientes.

González terminó Derecho en la Universidad de Utrecht en el 2000. Ahora, tras poner en jaque la discriminación institucional de Países Bajos, tiene respuestas y disculpas de algunas autoridades neerlandesas: han cometido errores, ocultado datos, tratado de frustrar investigaciones y han elaborado un perfil étnico de sus victimas.

"Han llegado a convertir el tema en un asunto personal, han trabajado en mi contra, tenían mi nombre escrito en sus documentos alertando a sus compañeros de que tuvieran cuidado con lo que me cuentan", dice.

Todo esto le confirmó que "no veía fantasmas" y que había un caso real de injusticia.

La diputada neerlandesa Renske Leijten clamó que "esta mujer merece una estatua, nombres de calles y de plazas" porque, argumentó, "nunca debe olvidarse lo valiente que ha sido, modesta hasta el último suspiro" por haber arrojado luz sobre la discriminación administrativa de la agencia tributaria de Países Bajos.

Movilizó a todo el país

El caso llegó a sus manos en 2014 por obra del destino. Su marido, que dirigía en 2014 una agencia de niñeras en Eindhoven se vio directamente afectada por la retirada de subvenciones a esos padres, sus clientes, que pagan con las ayudas estatales. Como no sabía cómo ayudarlosy recurrió a ella.

Confiada en que el "sistema funciona", les dijo que mandaran la documentación que la agencia tributaria les reclama para demostrar que no hubo fraude y "segura de que todo se arreglaría, desbloquearían las ayudas y podrían seguir con su vida", pero algo empezó a "olerle mal" cuando Hacienda se mantenía firme y exigía rembolsar asignaciones recibidas.

"A mis clientes los bloquearon y no les daban ninguna explicación. Enviaron contratos de trabajo, pagos. Todo lo tenían bien, pero los funcionarios no desbloqueaban las ayudas, y les pedían esperar tres semanas más, después meses, hasta que les volvían a comunicar que no tenían derecho a recibir nada", rememora.

La opción que les daban era "apelar", pero "sin recibir un duro" mientras, por lo que no podían pagar las guarderías. "Entonces dejé de lado todo y me centré en este lío, fuimos a los tribunales y ganamos", añade.

Mientras, "llamaba a los defensores del Pueblo, del Menor, y la Agencia de Protección de Datos", que tildó el método de trabajo de Hacienda como "ilegal y discriminatorio" porque, junto a cada caso, los funcionarios apuntaron la nacionalidad de origen de las víctimas.

"Les habían arrancado sus derechos y encima se negaban a explicarles los motivos. El caso para mí se había convertido en un tema ético", lamenta.

Hace un mes, un comité parlamentario formado para investigar lo ocurrido concluyó en un informe que se había cometido una "injusticia sin precedentes" contra los padres, que recibieron un "trato institucionalmente sesgado", lo que "viola los principios del Estado de derecho", y acusó a ministros, funcionarios, diputados y jueces de haber "cometido errores".