Micaela García tenía 21 años cuando pasó a formar parte de las estadísticas más terribles de Argentina: el de mujeres asesinadas por crímenes machistas. La joven, una activista del movimiento feminista #Niunamenos, contra la violencia de género, estudiaba la carrera de Educación Física en la ciudad de Gualeguay, cuando fue asesinada.
Micaela desapareció el uno de abril de 2017, a la salida de una bolera. En el camino a casa fue interceptada por un coche y su cuerpo sin vida fue encontrado una semana después, desnudo y con signos de violación.
Las cámaras de seguridad de las casas y establecimientos comerciales a lo largo de su recorrido hasta casa llevaron a los investigadores hasta Sebastián Wagner, quien estaba en libertad condicional. Tan sólo unos días antes, el asesino había salido de la cárcel, donde cumplía condena por la violación de dos chicas.
Wagner fue condenado a cadena perpetua por la violación y el asesinato de Micaela aunque él siempre defendió que no la había matado. Wagner confesó la violación pero acusó del asesinato a Nestor Pavón, quien terminó condenado a cinco años de cárcel por encubrimiento.
El caso desató la indignación en Argentina, no solo por la violencia del crimen sino por la negligencia de las autoridades. Pese a la existencia de informes que desaconsejaban su liberación, el juez de Ejecución de Entre Ríos decidió ignorar las recomendaciones y concedió la libertad condicional a Sebastián Wagner. De no haber sido por ello, Wagner jamás se hubiese cruzado en el camino de Micaela.
Impulsado por el feminicidio, el senado Argentino aprobó, en 2018, la Ley Micaela, que obliga a la formación con perspectiva de género de todos los funcionarios de los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Según la ley, todos los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años la formación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior.
La norma, aprobada 19 de diciembre de 2018, con el respaldo de los 59 legisladores del Senado argentino, estipula desarrollar el "Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres". Su objetivo es capacitar y sensibilizar a los funcionarios del Estado con una formación obligatoria, a fin de combatir la violencia machista en el país.
La iniciativa se había presentado en 2017 por la Fundación Micaela García, con el apoyo de la familia de la víctima, después de haber intentado, sin éxito, que se sancionara el juez que había dado el orden de liberación de Wagner, en contra de las recomendaciones.
Tucumán, la última en adherirse
A lo largo de los años, la ley fue adoptada por todas las provincias argentinas, con excepción de la provincia de Tucumán, que acaba de adherirse a la norma este mes.
Mientras todas las demás provincias iniciaban la formación de sus funcionarios, en Tucumán, diputados como Ricardo Bussi, la rechazaban. "La Ley Micaela tiene orientación ideológica ultra feminista y abiertamente abortista", tuiteaba el diputado. Mientras, el vicegobernador, Oswaldo Jaldo decía que se estaba analizando "si la provincia se adhería a la norma tal cual o la adecuaba a la realidad tucumana".
Finalmente, la provincia se unió a la normativa pero con un cambio: los encargados de la aplicación y control de la ley serán los titulares de cada poder del Estado y no el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación.
La decisión fue criticada por asociaciones feministas que consideran que "es una forma de fragmentar la implementación y así vaciarla de contenido". "El problema es que quienes estarán a cargo de la aplicación de la Ley no son personas capacitadas como para definir el contenido", aseguró una representante de la organización Ni Una Menos en Tucumán. "Hay diputados que se presentan como representantes de las Iglesias en lugar de representar a la sociedad. Está claro que no acompañan la lucha del movimiento feminista”, detalló.
En lo que va de año, Argentina ha registrado más de 100 asesinatos machistas. Durante el confinamiento, menos de dos meses, el país sufrió más de 50 feminicidios, la cifra más alta registrada en el país en la última década.