El abismo legal que separa a un perro que vive en un piso de uno utilizado para la actividad cinegética vuelve a estar en el centro de la polémica.
La decisión del Gobierno de coalición de excluir a los perros de caza, de guarda, pastoreo y de los cuerpos de seguridad de la Ley 7/2023 de Bienestar Animal sigue generando graves consecuencias en el ámbito de la protección animal.
Un vacío normativo que, según denuncian entidades y colectivos animalistas, ha provocado un incremento descontrolado del abandono y del maltrato en fincas y rehalas de todo el país, saturando los recursos de las protectoras.
La chispa que ha vuelto a hacer saltar las alarmas ha sido la reciente detención de un hombre de 40 años en la comarca de Talavera de la Reina (Toledo).
Agentes de la Guardia Civil hallaron a mediados de septiembre los cuerpos de 14 perros muertos por inanición y deshidratación dentro de los habitáculos cerrados de una rehala.
En la misma parcela, los investigadores descubrieron además un túmulo de huesos calcinados donde el detenido se deshacía sistemáticamente de los cadáveres, comprobando que había dado de baja a cerca de 45 animales en poco más de un año.
Un patrón de abandono
Este dramático hallazgo en la provincia de Toledo no representa un hecho aislado, sino que responde a una preocupante dinámica repetida en los últimos años.
Las entidades de protección animal recuerdan precedentes trágicos como la localización en agosto de 2025 de 32 perros muertos por falta de alimento y agua en una finca de Azuaga (Badajoz), o el rescate en 2021 de 119 animales hacinados y rodeados de restos de cadáveres en una rehala de Torrelaguna (Madrid) por parte de las asociaciones ANAA y FAPAM.
Para el Partido Animalista (PACMA), la raíz de esta problemática es de carácter puramente legislativo.
La aprobación en 2023 del texto normativo consolidó una distinción jurídica entre animales de compañía según el uso al que sean destinados por sus propietarios, dejando fuera del régimen general de protección a los ejemplares dedicados a actividades profesionales o deportivas.
Los nuevos Decretos de Núcleos Zoológicos
La desprotección de estos animales amenazaba con subsanarse en el desarrollo reglamentario que tramitan actualmente los ministerios de Derechos Sociales y de Agricultura mediante sendos reales decretos sobre núcleos zoológicos.
Aunque el Ministerio de Derechos Sociales se comprometió en febrero ante entidades animalistas a incluir a los perros de caza dentro de su ámbito de aplicación, representantes del sector rehalero sostienen que finalmente continuarán excluidos de los requerimientos de bienestar general.
"Casos como este son consecuencia directa de haber dejado a los perros de caza fuera de la ley. Un perro es un perro, lo utilicen para cazar o no, y merece la misma protección. No puede haber perros de primera y de segunda", ha afirmado con rotundidad Javier Luna, presidente de PACMA, denunciando la incongruencia de la normativa actual.
Las concentraciones convocadas
Ante este escenario de desamparo legal, la formación animalista ha convocado una jornada de movilizaciones en todo el país bajo el lema "Perros de caza: incluidos en la ley YA".
Las concentraciones están programadas para el domingo 18 de octubre a las 12:00 horas, coincidiendo intencionadamente con el arranque oficial de la temporada de caza mayor en la península.
Las protestas se llevarán a cabo de forma simultánea en puntos neurálgicos de Madrid, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Valencia, A Coruña, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Donostia, León y Bilbao.
La iniciativa ciudadana busca presionar al Ejecutivo para que modifique de forma urgente la Ley de Bienestar Animal y el Real Decreto de Núcleos Zoológicos, equiparando los derechos y la protección de todos los perros en el territorio nacional.