Una bala del calibre utilizado para abatir jabalíes atravesó el cristal del salón de una vivienda familiar en 2023. No hubo que lamentar víctimas porque los residentes se encontraban fuera en ese preciso instante, pero el proyectil quedó incrustado en la pared.
Aquel suceso en Le Lherm, una pequeña localidad del Alto Garona cerca de Toulouse, fue la chispa que encendió una batalla legal sin precedentes. El alcalde del municipio impulsó de inmediato las acciones para frenar la actividad cinegética.
Tras ver cómo la justicia tumbaba un primer decreto municipal por motivos de seguridad pública, el consistorio cambió drásticamente de estrategia jurídica: ampararse en su estatus de propietario privado de las fincas públicas.
La grieta legal del derecho de propiedad
La legislación francesa exige que las fincas formen parte del mapa de las asociaciones de caza locales (ACCA). Sin embargo, el derecho a la retirada voluntaria de la propiedad permite a cualquier titular retirar sus terrenos del inventario cinegético.
Al posicionarse el Ayuntamiento como propietario que reniega del uso de sus tierras para cazar, la justicia no tuvo más remedio que darle la razón. Como resultado, 56 hectáreas de montes y bosques municipales han quedado limpias de escopetas de forma permanente.
Mitos y verdades sobre el equilibrio natural
El sector cinegético ha calificado la resolución como un acto ideológico, esgrimiendo sus dos argumentos habituales: que la caza es indispensable para el control poblacional y que sostiene la economía de las zonas rurales.
Frente a este discurso, expertos naturalistas señalan que son las propias sueltas y la alteración de hábitats las que distorsionan el medio natural.
En ecosistemas sanos, depredadores como el lobo ibérico actúan como reguladores naturales y cortan la transmisión de enfermedades al eliminar a los ejemplares enfermos, realizando un trabajo ambiental incalculable.
El espejo de Ginebra tras medio siglo
La duda sobre si es posible eliminar la actividad cinegética a largo plazo sin que colapse el entorno tiene respuesta desde 1974. En aquel año, el cantón suizo de Ginebra prohibió la caza de ocio en la totalidad de su territorio tras una iniciativa popular.
Cinco décadas después, la fauna silvestre no ha sufrido sobrepoblaciones descontroladas. La regulación puntual por daños agrícolas queda en manos de guardas forestales públicos, demostrando que es viable desmantelar el negocio privado de la caza manteniendo la sostenibilidad ambiental.